Por MAITE AZUELA
@maiteazuela
Tras las amenazas contra la libertad de expresión que contiene la propuesta de ley de telecomunicaciones y después de la votación de la regulación secundaria de la reforma política, muchos buscamos formas pacíficas de protestar que no alteren el orden público, pero que le signifiquen una verdadera presión a los legisladores y gobernantes.
Sin embargo, México no es un país en el que las movilizaciones sociales sean escuchadas, no existen mecanismos de presión que le muevan el piso a los tomadores de decisiones.
En 2009, el voto nulo fue una opción a pesar de que quienes lo promovimos sabíamos que sus efectos sobre la cuenta de votos y el presupuesto de los partidos era tan nulo como su nombre. Sin embargo, el enorme número de ciudadanos que optó por anular su voto como protesta frente a la oferta electoral, si fue un tema que llamo la atención de medios, opinión pública y quizá de algunas autoridades. Se avanzó un poco, pero no gran cosa. Abstenerse tampoco tiene consecuencia alguna. Finalmente el poder se reparte entre los mismos y los recursos aumentan en la medida en que más mexicanos sacan su credencial de elector.
Otro mecanismo que queda tachado en las listas de posibles reacciones sociales es la idea de no pagar impuestos, pero de inmediato se desecha por el riesgo que corremos los contribuyentes de ser perseguidos por el Sistema de Administración Tributaria SAT, y hasta puestos en prisión por incumplimiento fiscal.
Salir a las calles y manifestarse pacíficamente no produce mayor consecuencia sobre los políticos. De antemano saben que la ciudad quedará desquiciada por unas horas y que los manifestantes serán descalificados por el resto de los ciudadanos. Así que les da lo mismo que Av. Reforma se cierre por 10 o 12 horas mientras sus choferes sepan tomar rutas alternas.
Las razones para exigir que sigan concentrando el poder entre las cúpulas partidistas y los mismos grupos de interés sobran, simultáneamente se extinguen los espacios y las libertades para manifestar el descontento. Basta ver el caso de Puebla en donde el gobernador Moreno Valle promovió una ley que permite el uso de armas para que las policías intimiden manifestantes. Su violenta propuesta fue aprobada por el Congreso local mediante una ley de nombre bipolar “Ley Para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza de los Elementos Policiales”.
Este no es un asunto menor, la legislación considera como legítima defensa el uso de armas de fuego o de fuerza letal. Aunque contempla la necesidad de que exista agresión real, actual o inminente que ponga en peligro la vida o a la integridad física; que implique lesión grave, además de racionalidad y proporcionalidad en los medios empleados, para la defensa de la vida y la integridad física. Sabemos todos que el simple hecho de que las armas que porten los policías sean letales, no sólo inhibe y vulnera el derecho a manifestarse, sino que una simple bala perdida pone en riesgo la integridad de cualquier ciudadano que pretenda protestar en la vía pública. Muchos poblanos podrían salir hoy mismo a las calles para pedir que esa ley que viola sus derechos sea revocada, pero seguramente será mayor su miedo que su osadía, ya que pondrían en riesgo su salud o su vida.
Hay una posibilidad que no está explorada a fondo pero que varios ciudadanos están contemplando con mira a las elecciones del 2015 y 2018: salirse de la lista nominal y del padrón de electores. Esto tendría como consecuencia reducir lo más posible la inmensa bolsa de dinero que se reparten los partidos políticos por cada ciudadano que cuenta con credencial de elector.
Por cada ciudadano que se da de baja en la lista y el padrón electoral, los partidos perderían lo casi lo equivalente a un salario mínimo. Es una locura pero así está la fórmula estipulada en la constitución: El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento del salario mínimo diario vigente para el Distrito Federal.
La primera pregunta es ¿y qué otra tarjeta de identidad oficial pueden utilizar?, a esta le sigue ¿hay algún proceso en el nuevo Instituto Nacional Electoral INE para darse de baja? Si respondemos de prisa, la posibilidad de salir del padrón como una protesta útil y legítima quedaría eliminada. Pero aunque desafortunadamente muchos mexicanos no tienen opciones, otros sí cuentan con ellas: pasaporte vigente expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, cédula profesional expedida por la Secretaría de Educación Pública, Cartilla del Servicio Militar Nacional, expedida por la Secretaria de Defensa Nacional, Identificación oficial vigente con fotografía y firma, expedida por el gobierno federal, estatal, municipal o del Distrito Federal, como la credencial de los adultos mayores, por ejemplo.
Así que hay una posibilidad compleja, pero real de mermar su financiamiento. En caso de que algún ciudadano decidiera salirse del padrón electoral y de la lista nominal, tendría primero que asegurarse de contar con una identificación alternativa. Después viene el complicado asunto de enfrentar la imposibilidad de darse de baja, ya que la regulación electoral no contempla una sola opción para que por voluntad propia un ciudadano se dé de baja. Si a caso, quedan fuera del padrón aquellos que soliciten cambio de domicilio o reposición y que nunca pasen por el plástico. De modo que si para el 31 de marzo dos años después de haberla solicitado no pasan por ella, se dan de baja tanto de la lista como del padrón y con ello se evitará que los partidos sigan recibiendo recursos de su registro sin mayor esfuerzo ni trabajo de representatividad.
En este contexto poco se puede hacer para las elecciones del 2015 si no es interponiendo un juicio ciudadano para que cualquiera pueda ejercer su derecho de ser dado de baja sin tener que realizar cambio de domicilio o reporte de robo, para después dejarla abandonada ahí. Sin embargo, es una de las pocas opciones que tienen consecuencias sobre los bolsillos de los políticos. Puede ser una acción compleja, de mediano o largo plazo, pero que vale la pena considerar y que puede hacer una gran diferencia.
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