En México subsisten más de mil distintos modelos y esquemas de retiro, por lo que el sistema de pensiones es insostenible y desigual, concluye el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
En una amplia investigación contenida en el documento “Pensiones en México: 100 años de desigualdad”, el organismo recuerda que actualmente el gasto público en pensiones equivale a 15.5 por ciento del Presupuesto de 2017 y a 3.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
Dichos recursos son para pagar las pensiones anteriores a las reformas en cuentas individuales y seguirá creciendo hasta el 2035, para finalmente agotarse en el 2120.
Pero además, los pensionados en México viven una situación de preocupante desigualdad.
Además del IMSS, que tiene 75 por ciento de la población jubilada, y del ISSSTE, con 10.3 por ciento, también están los sistemas de pensiones de empresas del Estado, universidades, bancos, municipios y sistema judicial.
Uno de los ejemplos de mayor desigualdad se encuentra en los pensionados las empresas productivas del Estado y el resto de los trabajadores.
Los pensionados de Comisión Federal de Electricidad (CFE), Pemex y la extinta Luz y Fuerza del Centro (LFC) hoy reciben 8.8, 6.7 y 11.3 veces más que un pensionado del IMSS.
Los trabajadores de estas empresas no aportaron para su pensión, siempre fue un derecho laboral que era asumido como costo por las empresas, recuerda el CIEP.
Aunque CFE transitó a las cuentas individuales en 2008, todavía 77.3 por ciento de sus trabajadores tienen opción al esquema anterior de reparto. En tanto Pemex apenas inició en 2016 la reforma.
Al interior de los cotizantes al IMSS también hay desigualdad: los que cotizaron antes de 1997 podrán alcanzar al menos una pensión equivalente a 40 por ciento de su salario, los de cuentas individuales (Afores) están por debajo de 26 por ciento.
En los gobiernos estatales hay una caos.
Detalla que 30 estados mantienen el antiguo sistema de reparto y sólo Nuevo León y Sinaloa han transitado a un esquema de cuentas individuales, por lo que el pago de pensiones es un riesgo latente para el Gobierno federal, ya que en algún momento deberá cubrirlo.
El sistema de pensiones de las universidades públicas estatales tiene un déficit equivalente a 2 por ciento del PIB y 14 sistemas quebraron en 2017, es decir, no tienen con qué fondear las pensiones.
En estas instituciones la falta de reglas ha ocasionado una total iniquidad en las jubilación, ya que existen pensionados de 78 años de edad que hoy reciben 12 mil 769 pesos, y otros con 62 años, que reciben el doble.
En las conclusiones del estudio, Héctor Villarreal, director del CIEP, expone que si el grueso del gasto público es para cubrir pensiones del sistema de beneficio definido (el anterior a las cuentas individuales), es momento de revisarlo.
“Quizás sea la implicación más polémica, pero es inevitable”, dice Villarreal.
Entre las propuestas está reducir el tramo exento de impuestos a pensiones (por ejemplo, a un par de salarios mínimos), topar el monto máximo de pensión e incluso ampliar las aportaciones actuales y la edad de jubilación.
Tales propuestas implican modificar los actuales derechos de muchos cotizantes que hoy tienen previsto retirarse bajo el anterior régimen a las cuentas individuales.
En cuanto al funcionamiento de las Afores, Villarreal propone aumentar la aportación a las cuentas y revisar las condiciones de competencia entre administradoras.
Con información de Reforma
