Agencias / MonitorSur, CIUDAD DE MÉXICO .- Hace más de veinte meses, Emilio Lozoya Austin, exdirector General de Petróleos Mexicanos (Pemex) fue detenido en España en La Zagaleta, cerca de Marbella y donde las propiedades cuestan decenas de millones de dólares.

Luis Meneses Weyll, exdirector de Odebrecht en México, había declarado ante las autoridades brasileñas que entregó sobornos por 10,5 millones de dólares a Lozoya a cambio de contratos. En el periodo que Lozoya fue director, Odebrecht y sus filiales recibieron contratos por alrededor de 1.000 millones de dólares, muchos con sobrecostos de hasta el 300 %.

Lozoya fue extraditado a México en julio de 2020, pero no piso la cárcel ni un segundo porque había negociado un acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), acogiéndose al criterio de oportunidad, una variante de lo que conocemos como testigo protegido. El trato era a cambio de dar información sobre la red de corrupción que había entre Odebrecht y funcionarios del gobierno mexicano. En sus declaraciones mencionó al expresidente Enrique Peña Nieto y a su secretario de Hacienda Luis Videgaray, así como de otros personajes de la oposición, como el excandidato presidencial conservador Ricardo Anaya.

Más de un año y la investigación no avanzó ni un ápice. Nada. Lozoya no había cumplido con su parte del trato en absoluto, pero la siempre deficiente FGR parecía no darse cuenta de lo evidente. Lozoya no cooperaba, pero seguía gozando de las ventajas de un arraigo domiciliario bastante generoso. Después de tanto tiempo que pasó y a pesar de no aportar evidencias para las investigaciones, Lozoya nunca dejó de gozar de los beneficios del criterio de oportunidad.

No solo eso, su arrogancia natural lo llevó a ser descuidado. Hace un mes decidió ir a cenar a un restaurante de lujo, donde fue reconocido y expuesto en las redes sociales. Emilio Lozoya, el mayor símbolo de la corrupción del gobierno anterior, departía con sus amigos empresarios en una mesa llena de platos caros y botellas de vino. No le importó que estuviera metido en el problema más grave de toda su vida; la arrogancia y soberbia de toda una vida le decían que podía salirse con la suya. Una vez más.

Emilio Lozoya es el arquetipo de una clase política y financiera privilegiada que por décadas estuvo presente en los gobiernos de México. Hijo del secretario de Energía del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, Lozoya se educó en Harvard para después trabajar en el Banco de México, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Foro Económico Mundial y en fondos de inversión privados. Lozoya es el ejemplo de toda una clase política y económica que creció sintiendo que México les pertenecía y que su dinero y conexiones alcanzaban para todo. Incluso para nunca ir a prisión.

Lozoya exprimió al máximo y abuso del criterio de oportunidad y dejó en ridículo a la Fiscalía. Su actitud hizo sentir a millones de mexicanos que la impunidad para los poderosos seguía siendo la moneda corriente en el Poder Judicial. Afortunadamente la indignación y la presión social fueron suficientes para que la justicia mexicana por fin hiciera hace unas horas lo que debió de hacer desde que Lozoya fue extraditado: ponerlo en prisión preventiva para enfrentar su juicio. Hoy, desde la cárcel, Lozoya tendrá que demostrar todos sus dichos, de no ser así, podría enfrentar una sentencia de 12 a 35 años de prisión.

A la trama que Emilio Lozoya tejió alrededor de los sobornos y contratos entre Odebrecht y Pemex todavía le faltan varios capítulos. ¿Cuánta información en realidad tiene o puede probar? ¿Alcanzará para llevar a juicio a un expresidente o terminará con algunos legisladores y funcionarios de menor rango? ¿La arrogancia y soberbia de Lozoya habrán sido un error de mayor peso que ser culpable de corrupción en caso de tener una sentencia condenatoria? ¿Esa sentencia tendrá el verdadero peso de la ley o solo una versión suavizada para que en un par de años pueda seguir disfrutando de comidas exóticas y vinos caros con el dinero robado?

Hay más interrogantes que respuestas, pero hay dos cosas evidentes que se desprenden de este episodio. Una, la vieja clase política sigue pensando que puede hacer lo que quiera y salirse con la suya porque sigue habiendo una gran impunidad, facilitada por un Poder Judicial en extremo corrupto e indolente. La otra, es que se hace cada vez más evidente la ineficiencia de la Fiscalía General de la República para acabar con esa impunidad, ya sea por incapacidad o por desinterés. Y esto ya es un lastre importante para el gobierno de López Obrador. Si persiste la impunidad, permanecerá también la corrupción y eso es algo que México no puede permitir o nunca saldremos del círculo vicioso en el que estamos metidos.

Con información de la agencia ‘RIA Novosti’.