Fernando Ravsberg

La apertura económica promovida por el Presidente Raúl Castro abrió la posibilidad a los cubanos –residentes en la isla y emigrados- de invertir en Cuba. El resultado es que se han abierto muchísimos negocios, gran parte de ellos con dinero de la emigración.

Miles de cubanos se repatrían buscando recuperar sus derechos ciudadanos, entre otros el de invertir en la isla, comprar una casa y fundar un negocio que les permita ayudar a sus familiares de Cuba y, en no poco casos, ganar lo suficiente para vivir ellos mismos aquí y allá.

En general estamos hablando de pequeñas y medianas inversiones porque los cubanos residentes en la isla no han acumulado grandes fortunas y la mayoría de los emigrados no cuentan con millones de dólares, conocimientos ni mercados para realizar negocios mayores.

Muy pocos podrían competir de igual a igual con las empresas extranjeras que invierten hoy y es difícil que estos cubanos estén dispuestos a negociar con un gobierno que les expropió sus ingenios azucareros, sus refinerías de ron, sus fábricas de habanos o sus latifundios.

En algunos negocios claves para la vida cotidiana de los cubanos, la importación de piezas de repuesto y accesorios llega por contrabando, cuando podría hacerse de forma legal y ordenada

En algunos negocios claves para la vida cotidiana de los cubanos, la importación de piezas de repuesto y accesorios llega por contrabando, cuando podría hacerse de forma legal y ordenada

La inversión de los emigrados está ya en marcha pero se realiza sin la menor regulación, sin haber creado los mecanismos que les permitan desarrollar la actividad dentro de la ley y, como consecuencia, sin posibilidades de seguirle el rastro a la procedencia del dinero.

Por esta razón se mezcla el capital limpio, producto del trabajo o de los negocios, con el de los que acumularon riquezas robándoselas al Estado cubano, con el lavado de dinero de emigrados delincuentes o con extranjeros que utilizan Cuba para el blanqueo de su dinero negro.

El problema no radica en congelar determinadas licencias, lo que se necesita es mirar al país con realismo para establecer normas en beneficio de la nación en su conjunto, deliñar claramente el terreno de juego, estableciendo deberes y derechos de los inversores y del Estado.

Es correcto que se exija a los inversores que identifiquen el origen del dinero. Parece lógico que se castigue la compra de insumos robados. Incluso se puede entender que se limite las grandes concentraciones de riquezas para evitar la inequidad que prima en la región.

Sin embargo, las preguntas más importantes se quedan sin respuesta: ¿Qué canales deben utilizarse para entrar el dinero a Cuba? ¿Cuándo habrá vías legales para abastecerse de los insumos imprescindibles? ¿Cuánta riqueza se puede acumular sin que el árbitro saque la tarjeta roja?

Mucha de la mercancía que se vende en Cuba viene en los equipajes de los emigrados. ¿Por qué no se puede hacer de forma legal?

Mucha de la mercancía que se vende en Cuba viene en los equipajes de los emigrados. ¿Por qué no se puede hacer de forma legal?

Un marco claro de leyes, normas y reglas facilitaría las inversiones de los cubanos de dentro y fuera de la isla. Una “cartera de oportunidades” para los residentes y los emigrados podría incluso dirigir los esfuerzos hacia aquellos sectores que más interesan al país.

No se trata de decidir si se va a permitir o no las inversiones de los emigrados porque esas ya se están produciendo a través de familiares y amigos. El país se está llenando de “presta-nombres” sin que las autoridades conozcan quienes son los verdaderos propietarios.

La actividad económica tiene vida propia y pretender negarla solo lleva a que se desarrolle al margen de la ley. No hay mejor ejemplo que la prohibición de abrir bares, los propietarios les llamaron “restaurantes” y estos crecieron y se multiplicaron.

El gobierno no acaba de crear el espacio jurídico para la inversión en la mediana y pequeña empresa, tal y como aprobó el congreso del PCC. Estas ya existen en el formato de un propietario que se hace llamar cuentapropista y sus empleados que también son cuentapropistas.

Cuando patrones y obreros son miembros del mismo sindicato se podría concluir en que llegó el final de la lucha de clases, base de la teoría marxista. Sin embargo, el filósofo alemán puede dormir tranquilo, esta unidad de intereses entre la patronal y los trabajadores es solo simulación.

Las leyes no deberían existir para amarrar a las fuerzas productivas sino para regular la actividad económica. Un estado fuerte no se mide por la cantidad de medios de producción que tenga en sus manos sino por su capacidad de administrar las riquezas de la nación de forma eficiente y socialmente justa.