Ery Acuña/ EN LA RAYA
(((Monitor Sur))) Jueves 3 de marzo de 2016
Chiapas pasó de ser un estado “de paso” de droga, y se convirtió en una entidad consumidora. Y cuidado, en las entidades del país donde hoy se registran los mayores niveles de violencia e inseguridad, comenzaron con escenarios muy parecidos.
A mayor corrupción, mayor pobreza. A mayor corrupción, crecimiento y expansión de las redes dedicadas a la delincuencia organizada.
Está demostrado que el aumento en el consumo de drogas está estrechamente relacionado con el incremento de los índices de violencia, inseguridad y delincuencia.
Con acuerdo en una investigación publicada por Carla Santaella, de la Universidad Nacional Experimental “Simón Rodríguez”, de Venezuela, en el 2012: “un estudio concluyó que (en ese país) 73% de los individuos que ha estado o está detenido por un delito de alta connotación social consumió algún tipo de droga”.
Dice la investigadora: “De este total, 87% registró la ingesta de pasta base o cocaína, mientras que en 55% se detectó el empleo de marihuana. La investigación también expuso que quienes han empleado estas drogas han sido detenidos en promedio 2,3 veces al año”.
Los 5 homicidios de Ocosingo, municipio que ha registrado un incremento desmedido en los índices de drogadicción, ha provocado ya problemas sociales. Se creó, de hecho, una red de Vecinos Vigilantes para inhibir y detener bandas delincuenciales. Esto debe ser coyuntural y no un obstáculo para crear escenarios de participación ciudadana en el combate a la delincuencia organizada.
En Tuxtla Gutiérrez, Tapachula y Comitán, la operación de las bandas delincuenciales va en aumento. En las comunidades indígenas preocupa el avance del consumo de drogas.
Según estudios realizados por los aparatos de inteligencia policiaca, se calcula que solo en Tuxtla Gutiérrez existen 500 pandillas, varias de ellas ligadas al crimen organizado.
Es cierto que en Chiapas las instancias de Seguridad y Justicia hacen esfuerzos por estimular a los organismos civiles para inhibir el consumo de drogas, y concientizar desde las escuelas y familias la prevención del delito.
Pero son insuficientes ante la voracidad en el avance de este fenómeno que se presenta a nivel global, y que en México se dispara a niveles preocupantes.
Se necesitan verdaderos movimientos sociales que frenen a este monstruo, y es el Gobierno el principal responsable para empujar acciones ciudadanas, y contener de forma urgente el avance de este binomio drogas-inseguridad, antes que sea demasiado tarde. (MS)
