- La titular de la SSyPC reconoció los trabajos operativos y preventivos al interior de los Centros Estatales de Reinserción Social para Sentenciados de Chiapas
- El Centro Estatal Preventivo de Chiapa de Corzo y el Centro Villa Crisol de Berriozábal cuentan con la certificación otorgada por la Asociación de Correccionales de América, dijo
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Gabriela Zepeda Soto, informó que como parte de los avances en el Sistema Penitenciario de Chiapas, el Centro Estatal Preventivo número Uno, “El Canelo”, en Chiapa de Corzo, y Centro para el Tratamiento de Menores Infractores “Villa Crisol” en el municipio de Berriozábal, cuentan con la certificación otorgada por la Asociación de Correccionales de América (ACA).
La encargada de brindar la seguridad en el estado de Chiapas dio a conocer que continúan con las investigaciones en el caso del video que circuló en redes sociales de una supuesta fiesta al interior del Cerss Numero 14 “El Amate” del municipio de Cintalapa.
“Hemos hecho todas las acciones necesarias para que el sistema penitenciario del estado cumpla realmente con las funciones de reinserción social y velar por la seguridad de las personas privadas de su libertad”, manifestó al resaltar las actividades culturales y educativas que se realizan al interior de los Centros Estatales de Reinserción Social para Sentenciados (Cerss), así como los trabajos operativos y preventivos.
En conferencia de prensa, la funcionaria dio a conocer que de enero a julio se han realizado 594 inspecciones corporales y de espacio, donde se han decomisado mil 173 artículos prohibidos de acuerdo al Reglamento del Sistema Penitenciario de Chiapas, superando los 293 que se hicieron en el mismo periodo del año anterior.
Resaltó que los directores de dichos centros llevan a cabo diversas inspecciones, mínimo dos veces por semana, aunado a las revisiones extraordinarias que se hacen con un grupo especial de la Policía Procesal o Grupo Lobo, apoyados por la Policía Estatal Preventiva.
Estas acciones preventivas y operativas, dijo, han permitido a las autoridades penitenciarias realizar una clasificación de las Personas Privadas de su Libertad (PPL). “Hicimos una revisión total del Centro Estatal de Reinserción Social de Tapachula, donde pudimos separar a los sentenciados de los procesados, como marca la ley, y pudimos segregar a integrantes de pandillas que podían vulnerar la seguridad de los internos”.
A través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que dirige Gabriela Zepeda Soto, el Gobierno del Estado trabaja por la seguridad de las personas privadas de su libertad y elimina todo aquello que afecte su integral reinserción social.
