Agencias / MonitorSur / LIMA, Perú .- Enojados pobladores de los Andes y la Amazonía en Perú atacaron o invadieron en la última semana a tres empresas del sector minero y petrolero, dos de las cuales frenaron sus operaciones tras enfrentamientos que dejaron muertos y heridos.

La razón: demanda de ayuda económica y atención sanitaria para soportar el rebrote del coronavirus en un país con una histórica ausencia del Estado en zonas remotas y pobres, el mayor caldo de cultivo para los conflictos sociales.

“Lo que ha hecho la pandemia es correr el velo de una realidad que muestra un Estado ineficiente, desarticulado y un tejido social que esta cubriendo ese vacío”, dijo el lunes el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, a la radio local RPP.

Según un informe de la Defensoría publicado el domingo en su página web, Perú registró en junio y julio 162 conflictos en el contexto de la epidemia del COVID-19, la mayoría relacionados con la salud pública y traslado humanitario, incluyendo 16 vinculados a la minería, motor de la economía del país.

Entre marzo, abril y finales de mayo la Defensoria del Pueblo había detectado 326 protestas sociales en dos reportes previos sobre demandas relacionadas al coronavirus.

El domingo, tres indígenas del Amazonas de Perú murieron y 17 personas entre residentes y policías resultaron heridas luego de un choque con las fuerzas de seguridad por un conflicto con la petrolera canadiense PetroTal Corp.

La organización local de derechos de los indígenas ORPIO dijo en un comunicado que en el enfrentamiento, la policía uso “armas de fuego”. Una comisión gubernamental buscaba el martes una reunión con los involucrados para solucionar el conflicto.

“La empresa petrolera está produciendo miles y miles de soles al día, sin embargo, las comunidades están sumergidas en la pobreza. En esta pandemia, que aun no cesa, se ha visto el abandono total”, afirmó el presidente de ORPIO, Jorge Pérez, en un video difundido en Twitter por la red de noticias Ojo Público.

PetroTal refirió en un comunicado que los actos de violencia en “el intento de toma” de sus instalaciones fueron realizados por el mismo grupo de pobladores que a inicios de agosto invadió una estación del oleoducto de la estatal Petroperu.

El informe de la Defensoría del Pueblo no incluyó datos de agosto, cuando las protestas por la pandemia van en aumento al igual que los contagios de coronavirus en Perú con un promedio diario de 7.000 nuevas infecciones desde inicios del mes.

Con información de la agencia ‘Reuters’.