Redacción

Ciudad de México, 18 marzo 2017.-La aprobación de la Ley de Sociedades de Convivencia (LSC) ocurrida hace una década, fue el punto de partida para modificar la percepción ciudadana en torno a los derechos del colectivo lésbico, gay, bisexual, travesti, transgénero, transexual, intersexual (LGBTTTI) en la capital del país.

En México la lucha del colectivo LGBTTTI por lograr la creación de una figura jurídica que protegiera a parejas del mismo sexo se remonta a 1999, cuando organizaciones civiles propusieron al entonces Jefe de Gobierno, Cuauhtémoc Cárdenas, reformar el Código Civil del DF para crear la “Unión de Hecho”, la cual no prosperó, pero facilitó el proceso para que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) reformara el Código Penal para sancionar todas las formas de discriminación.

Fue hasta 2001 cuando la iniciativa de LSC llegó por vez primera a la ALDF, respaldada por una Red de Apoyo Ciudadana conformada por 630 organizaciones civiles de todo el país, mismas que mantuvieron la discusión y defensa de la propuesta legislativa desde los ámbitos académico, feminista, de derechos humanos, de lucha contra el VIH/sida y de la diversidad sexual, al pronunciarse a favor de legalizar las uniones afectivas entre personas del mismo sexo.

El proceso legislativo de la iniciativa no fue sencillo, pues una vez que este esfuerzo de la sociedad civil fue plenamente respaldado por la bancada del PRD en la ALDF en 2003, el entonces Jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, dio un duro golpe a la LSC al proponer llevarla a una consulta ciudadana o referéndum, idea que de inmediato fue rechazada por sus impulsores, quienes acusaron al Ejecutivo local de intentar poner a votación los derechos de las minorías.

El reconocimiento de derechos civiles básicos para el colectivo LGBTTTI no fue posible por la insistencia del Ejecutivo local de someter a consulta la iniciativa de ley, entonces ya respaldada plenamente por el PRD.

No fue sino hasta una vez concluida la administración capitalina 2000-2005, que se reactivaron los esfuerzos políticos para dar luz verde a la LSC. La llegada de Alejandro Encinas y de Marcelo Ebrard al Gobierno del Distrito Federal permitió destrabar las negociaciones. Finalmente, el 9 de noviembre de 2006, con 43 votos a favor, 17 en contra y cinco abstenciones, la bancada del PRD le dio el triunfo a la iniciativa ciudadana. Meses más tarde, el 16 de marzo de 2007, la LSC entró en vigor y en las 16 delegaciones de la Ciudad de México se llevaron a cabo uniones con un impacto mediático notable.

El PRD y esta secretaría celebran el avance que significó en su momento la aprobación de la LSC. Asimismo, reconocen el extraordinario trabajo de las organizaciones civiles que en su momento logró revertir prejuicios sociales y culturales sobre la diversidad sexual, al tiempo de proveer información objetiva sobre la necesidad de que quienes no son heterosexuales deben tener los mismos derechos que el resto de la población.

“Esta ley fue un parteaguas en la lucha por la igualdad y un triunfo de la razón sobre la irracionalidad de quienes consideran que las mayorías pueden decidir los derechos de las minorías”, ha dicho sobre el tema Antonio Medina, secretario nacional de Diversidad Sexual del PRD.

En diversos foros el dirigente perredista ha externado que el aporte liberal y progresista de la LSC en la CDMX abrió paso a un cambio cultural que años más tarde se reflejaría en la aprobación del Matrimonio Civil Igualitario, no sólo en la capital del país, sino en Coahuila, Quintana Roo, Nayarit, Campeche, Michoacán, Colima y Morelos.

Además, en cinco entidades se reconocen los siguientes tipos de uniones civiles: Ciudad de México (Sociedad en Convivencia), Campeche (Sociedad en Convivencia), Coahuila (Pacto de Solidaridad), y Jalisco (Libre Convivencia), sin olvidar los cambios hechos al Código Civil de la CDMX en 2008 para reconocer la identidad de género de las personas, y al Código Penal en 2009 para tipificar los crímenes de odio cometidos por homofobia.