(((Monitor Sur))) Lunes 17-agosto-2015

Nicolás Ruiz, Chiapas.- El lunes 3 de agosto la víctima salió de su domicilio con dirección a la casa de Liliana. Una vez ahí, esta última le invitó un vaso con jugo de manzana, al cual le agregó químicos que provocaron el desvanecimiento de Guadalupe.

Posteriormente, aún inconsciente fue ingresada a un automóvil Chevrolet tipo Optra con placas de circulación DSC7533 del estado de Chiapas.

Minutos después fue llevada a un inmueble ubicado en el municipio de Chiapa de Corzo, lugar donde la privaron de la vida luego de reconocer a uno de sus victimarios.

Tras cortar la cabeza y una pierna del cuerpo de la víctima, los delincuentes decidieron arrojar sus restos en diversos puntos de la carretera que conduce al municipio de Acala.

Cabe destacar que, la mañana del 11 de agosto el cuerpo sin vida fue localizado en esa zona, por lo que el Ministerio Público investigador ordenó la extracción de muestra biológica del cadáver para que fuera estudiada por los laboratorios de la Dirección de Servicios Periciales y obtener el perfil  genético.

Además, ambos imputados confesaron su participación en el homicidio de Jorge Adalberto Pérez, quien fue ubicado el pasado 4 de agosto sobre la carretera Club Campestre-Colonia Raymundo Enríquez en Tuxtla Gutiérrez.

El cuerpo se encontraba cubierto con una sábana y presentaba una mordaza con cinta industrial a la altura de la cabeza.

Derivado del avance de las investigaciones y a los resultados de las pruebas genéticas, se determinó que ambos cuerpos corresponden a Jorge Adalberto Pérez y Guadalupe Pérez Díaz, padre e hija.

En su declaración ministerial, Liliana Lara Díaz confesó que el móvil de los crímenes fue la venganza, toda vez que según su relato sufrió de abuso sexual durante su infancia y adolescencia por parte de Jorge Adalberto Pérez.

Derivado de los trabajos de inteligencia, investigación de campo, informático, testimoniales y pruebas periciales, realizados por la Fiscalía Especializada en Secuestro se logró recabar los medios de prueba suficientes para acreditar la probable responsabilidad penal de los inculpados, quienes serán puestos a disposición del Juez de “El Amate”.

Es de señalar que, en atención al Código Penal vigente en la entidad, de encontrarse responsables de estos hechos delictivos los detenidos pudieran alcanzar una pena de hasta 90 años de prisión, sin goce de ningún beneficio legal.