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Guatemala, Guatemala, 19 abril 2017.-Con la imputación de 53 hechos establecidos en la solicitud de detención provisional con fines de extradición enviada por el Gobierno de México, se realiza esta tarde en el Tribunal Quinto de Sentencia Penal la audiencia con el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por lo que ya es oficial su captura del sábado 15 en un hotel de Panajachel, Sololá, pero él se resiste a ser extraditado ya a su país.

El Estado mexicano lo sindica de ser el responsable de la comisión de los delitos de Delincuencia Organizada y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita durante su gubernatura concluida abruptamente en el 2016, por lo que el sábado 15 de abril la Cancillería del vecino país envió a la de Guatemala la solicitud de detención provisional del exfuncionario.

El Ministerio Público (MP) con su Unidad Especializada de Asuntos Internacionales ha leído ante los jueces del Tribunal Quinto presidido por César García, la acusación de la Procuraduría General de la República (PGR) de México. Lo señala de haber establecido un complejo esquema de operación para introducir recursos al sistema financiero de ese país y otorgarles apariencia de licitud.

Para alcanzar sus objetivos, dijo, fingió que el dinero había sido obtenido por la venta de terrenos pertenecientes al núcleo ejidal de “Lerma” situado en el municipio de Campeche y, además, le sindica de adquirir a través de cinco “prestanombres” una serie de inmuebles con fondos que provenían del erario del Gobierno del Estado de Veracruz que en ese entonces dirigía.

Por ejemplo, citó el fiscal encargado del expediente –y que empleó no menos de 45 minutos para exponer los señalamientos formulados por el Gobierno de México– mediante esos artilugios –terceras personas– adquirió en el año 2010 dos apartamentos valuados en US$1.5 millones cada uno, lo cual se encuentra documentado en la investigación de la PGR que ordenó su captura desde el 14 de octubre pasado.

“En este momento no puedo allanarme…”

El presidente García ha explicado al ex Gobernador que permanecería en la cárcel hasta que el Organismo Judicial reciba el expediente de extradición, y que el plazo para eso es de sesenta días. Por lo tanto, indicó, a partir del momento de tener ya a disposición la documentación el procedimiento a seguir incluso podría extenderse hasta tres o cuatro meses, ante lo que le preguntó si aceptaba ser extraditado.

Luego de lo anterior, el Tribunal ordenó un corto receso en cuyo transcurso los defensores de Duarte de Ochoa explicaron a su cliente sobre lo relacionado con este proceso. Reiniciada la diligencia, el exfuncionario manifestó: “En este momento no puedo allanarme, sino hasta que llegue de México la solicitud formal de extradición y pueda ser analizada por mi abogado para decidir al respecto. Ahora, no”.

En la sala se encuentra el penalista mexicano Pablo Camposano, abogado de Duarte en el país del norte. La defensa solicitó al Tribunal que se le permitiera integrarse como asesor al equipo jurídico, pero la fiscalía se opuso e incluso requirió que sólo permaneciera como parte del público, pero sin comunicarse con los abogados guatemaltecos que representan al extitular de la Gobernación de Veracruz. (Con información de agencias y Prensa Libre).