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Tuxtla Gutiérrez. – Chiapas continúa comprometido con la impartición de justicia y el reconocimiento de los derechos de grupos vulnerables, a través de sentencias ejemplares con perspectiva de género.
Es el caso de la Sentencia Definitiva, emitida recientemente por el Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Tribunal Superior de Justicia con sede en San Cristóbal de las Casas, a través de la cual la víctima de identidad resguardada, vio restituidos sus derechos en ponderación a su condición de grupo vulnerable.
Esto atendiendo a que el órgano jurisdiccional encargado de la audiencia de juicio oral, en su calidad de órgano garante de los derechos humanos reconoció y privilegió los derechos humanos de igualdad y no discriminación por género, aplicando un estándar de valoración probatorio especial, derivado de la condición de síndrome de Down presentada por la víctima.
Esto tomando como fundamento los argumentos empleados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos durante la emisión de la resolución del caso Campo Algodonero Vs México en el que estableció que en nuestro país existe una cultura de discriminación y violencia fincadas en género, estereotipos, atendiendo a la discriminación de la víctima.
Durante el fallo en mención, el órgano jurisdiccional reconoció que la reparación del daño no solamente es económica, sino que engloba otros aspectos tales como los efectos que produce en la vida, en la salud o integridad física o psíquica, por ello, atendiendo al marco convencional de protección de los derechos humanos, se valoró la alteración genética de la víctima y se condenó a la reparación de daño integral.
En esta tesitura, se emitieron ajustes razonables para decretar la responsabilidad del Estado de proveer la recuperación física, cognitiva, psicológica, derivado del abuso sexual del que fue objeto, mediante la prestación de servicios de protección a través de las diferentes dependencias públicas del Estado.
Tales como Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Estatal y Municipal de Huixtán, para que se le proporcione de forma oportuna la atención médica y psicológica por el tiempo que sea necesaria.
A la Presidencia Municipal de Huixtán, Chiapas, para que proporcione apoyo para insumos de alimentos y manutención de la víctima por la situación de pobreza extrema en la que se encuentra.
También, como parte de la reparación de daño se conminó a la Presidencia Municipal de Huixtán, Chiapas, para que realice campañas de prevención de delito en comunidades de su municipio a fin de prevenir delitos en contra de mujeres, ya que han sido frecuentes en este Distrito Judicial, de acuerdo a lo establecido en la norma oficial mexicana NOM-046-SSA2-2005 respecto a violencia familiar, sexual y contra las mujeres.
Con esta sentencia se refrenda el compromiso del Tribunal Superior de Justicia que encabeza el magistrado presidente Juan Óscar Trinidad Palacios con este sector vulnerable quien procura la atención permanente de este tipo de acciones jurisdiccionales, las cuales se suman a la construcción de una sociedad plena donde la justicia y el desarrollo están garantizados, evidenciando que la ruta judicial garantiza el correcto funcionamiento del Estado de Derecho.
