Agencias / MonitorSur, Ciudad de México.- Pese al compromiso del actual gobierno federal de detener el fracking en México, se siguen dando permisos y se destina presupuesto público a este tipo de actividades en campos no convencionales, aseguró la Alianza Mexicana contra el Fracking.
En video conferencia, la integrante del organismo civil, Aroa de la Fuente, señaló que en esta administración la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) ha otorgado permisos a empresas para realizar la fractura hidráulica de yacimientos no convencionales (fracking), principalmente en fase exploratoria, cuya mayoría son para Petróleos Mexicanos (Pemex).
"Hoy vi una nota de que se autorizó en el 2019 permisos para fracking. No es cierto y lo voy a investigar. Dijimos no al fracking, no a la explotación minera a diestra y siniestra", comentó @lopezobrador_. pic.twitter.com/be8GHGfThF
— El Financiero TV (@ElFinancieroTv) May 19, 2020
Y es que de acuerdo con una investigación realizada por la Alianza, cinco de estos planes le fueron aprobados a Pemex Exploración y Producción (PEP) y uno más a Operadora de Campos DWF entre febrero y noviembre de 2019 en la región de Tampico-Misantla en los estados de Veracruz y Puebla.
“Aunque a noviembre de 2019, la CNH informó que ninguno de estos pozos había sido autorizado, seguramente debido a algunos ajustes por parte de las empresas en sus cronogramas, su autorización y perforación son inminentes teniendo en cuenta la información de los planes”, señala en un documento.
De acuerdo con la Alianza Mexicana contra el Fracking, se le autorizó a PEP un séptimo plan de exploración, el cual si bien es en yacimientos convencionales, permite actividad no convencional.
“Pese a que el presidente anunció el 26 de junio de 2019 que el plan correspondiente a la asignación de PEP AE-0387-2M Humapa quedaría cancelado, como una muestra del compromiso de su gobierno de no avanzar con esta práctica, a noviembre de 2019 este plan seguía vigente, lo que supone que Pemex cuenta con los requisitos pertinentes para seguir avanzando”.
En este sentido, la Alianza argumentó que en total, en estos planes, se considera la perforación y fracturación de entre seis y 10 pozos, en el escenario base y en el escenario incremental, respectivamente, entre 2019 y 2021.
“Estos pozos se suman a los tres pozos que, si bien fueron autorizados durante el sexenio anterior, han sido operados durante el gobierno actual. En concreto, uno de ellos fue perforado y terminado en 2019 y dos más fueron terminados ese mismo año (Chaxán-EXP1, Pankiwi-EXP1 y Semillal EXP1), lo que indica que la actividad de fracturación hidráulica ha sido realizada durante la 4T, a través de PEP, empresa productiva del Estado”.
La Asociación consideró por ello que es imprescindible, urgente e ineludible implementar medidas administrativas y legislativas que detengan de una vez por todas el uso de la fracturación hidráulica en el país.
“Se insta al Ejecutivo que establezca un veto a dicha actividad a través de un decreto de aplicación inmediata. Adicionalmente y de forma paralela, se exige al Legislativo que apruebe una legislación que prohíba la fracturación hidráulica de manera que esta medida trascienda al presente gobierno y proteja los territorios, los ecosistemas y la población del país, así como el clima global, en el presente y el futuro”.
