(((Monitor Sur))) Viernes 10-octubre-2014

Tuxtla Gutiérrez.- Con la finalidad de garantizar a los usuarios de la justicia su derecho de acceso al debido proceso legal o a un juicio justo, el Poder Judicial de Chiapas establecerá un sistema de indicadores que permitirá conocer la percepción y evaluación de los servicios que brinda la institución.

El magistrado presidente Rutilio Escandón Cadenas ha indicado que las funciones que se realizan en cada dirección, juzgado o sala del tribunal se desarrollen con efectividad y pleno respeto y garantía de los derechos humanos, por lo que se profesionaliza aún más a todo el personal judicial para cumplir con esta encomienda de ofrecer justicia para todos.

Y como parte de esta garantía de impartir justicia con derechos humanos, por el cual fue reconocido a nivel nacional el Poder Judicial, el presidente Rutilio Escandón afirmó que se aplicarán estos indicadores para contribuir a la vigilancia y acceso a la transparencia en la actuación de todos los juzgadores, áreas administrativas y de control.

“El  derecho a un juicio justo es imprescindible  para el sistema de protección de derechos humanos, porque le permite al justiciable sentencias imparciales que fortalecen el estado democrático”, recalcó.

El sistema de indicadores será elaborado con metodología del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos México, que en conjunto con la Comisión Nacional de Tribunales de Justicia van a permitir evaluar la efectividad de las tareas que el Poder Judicial del Estado tiene encomendadas, mejorando sustancialmente el seguimiento de los trabajos realizados y metas propuestas.

Escandón Cadenas detalló que a través de la Dirección de Estadística se estará haciendo esta evaluación mediante instrumentos estadísticos confiables, cuantitativos y cualitativos que permitan mejorar el quehacer institucional en materia de juicio justo.

Los indicadores para el derecho a un juicio justo estarán vinculados con el marco jurídico internacional y nacional, e incluye las respectivas políticas públicas que existen en materia del derecho a un juicio justo en la etapa de impartición de justicia,  que deberán ser analizados permanentemente mediante un comité interno. (MS)