Agencias / MonitorSur, Xalapa, Veracruz .- Mientras el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirma que las empresas mineras de Canadá se niegan a pagar adeudos fiscales, las compañías canadienses tiene previsto acudir a tribunales internacionales para resolver una disputa por cuestiones tributarias.

Ante la polémica, México solicitó apoyo al Gobierno de Canadá para intermediar en el conflicto, enmarcado en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que sigue vigente hasta la entrada en vigor del nuevo acuerdo comercial del T-MEC.

La situación ha puesto a discusión los beneficios que deja la inversión extranjera en la minería, frente a los daños ocasionados en países como México.

La acusación de López Obrador

Esta semana, López Obrador acusó a empresas mineras canadienses de no pagar impuestos, por lo cual solicitó la intervención del embajador de Canadá en México para resolver el conflicto.

“Hay unas empresas canadienses mineras que no están al corriente, quieren ir a tribunales internacionales. Entonces, aprovecho para mandarle un mensaje respetuoso al embajador de Canadá, que nos ayude a convencerlos de que para qué vamos a tribunales, que es muy claro que tienen esas deudas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT)”, declaró el mandatario.

Hasta el momento el Gobierno de Canadá no ha emitido postura frente a las declaraciones del presidente mexicano.

Tampoco se ha revelado el monto que adeudan al fisco las mineras canadienses, ni qué empresas son las que deben dinero. Sin embargo, una serie de antecedentes en los meses previos permiten identificar a algunos de los actores de la disputa.

¿En qué consiste el conflicto?

En octubre de 2019, la Cámara Minera de México (Camimex) informó que un total de 244 empresas canadienses estaban peleando por la deducción de 100% de los gastos de exploración, y que mientras tanto habían frenado las inversiones en esa área.

Para diciembre de 2019, Camimex solicitó al Gobierno un pacto fiscal a 15 o 20 años para eliminar el pago de las regalías por exploración, establecidas en la Ley Minera.

En mayo de 2020, justo en medio de la pandemia de covid-19, la minera canadiense First Majestic anunció que acudiría a tribunales internacionales para resolver una disputa fiscal con el Gobierno de México.

Según la minera canadiense, las autoridades fiscales mexicanas no han acatado los mecanismos establecidos en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, para resolver una disputa por el pago de impuestos.

De acuerdo con la compañía canadiense, el Servicio de Administración Tributaria en México “ha mostrado un total desprecio por las disposiciones aplicables de tres tratados separados de doble tributación que ha celebrado con Canadá, Barbados y Luxemburgo, que son relevantes para First Majestic y sus subsidiarias”.

La compañía canadiense, que cuenta con seis minas en territorio mexicano, es una de las mayores productoras de plata a nivel mundial, siendo México el país con mayor producción de ese mineral a escala global.

En 2020, First Majestic esperaba producir entre 11,8 y 13,2 millones de onzas de plata, que les dejaría ganancias cercanas a los 223 millones de dólares.

La empresa asegura que el Gobierno mexicano también ha ignorado un Acuerdo de precios anticipados, firmado en 2012 con empresas subsidiarias de First Majestic, en el cual se establecían tarifas ante un posible aumento de impuestos.

En 2013, México realizó una reforma hacendaria en la que estableció el cobro de nuevos derechos a la industria minera.

Posteriormente, en 2015, se realizó una reforma a la Ley Minera que estableció que, además de los derechos mencionados, se debía pagar también una prima por descubrimiento de yacimientos al Servicio Geológico Mexicano (SGM) durante la vigencia de la concesión minera.

El pago de esta regalía, destinada a estados y municipios, ha sido la causa principal de la disputa entre las mineras canadienses y el Gobierno mexicano.

Mineras privilegiadas

En las últimas décadas, las mineras canadienses han estado en el centro de la discusión pública, debido a los conflictos ambientales y sociales que han provocado en territorio mexicano, al mismo tempo que las escasos beneficios económicos que genera para el país en materia fiscal.

De acuerdo con el Anuario Estadístico de las actividades extractivas en México 2018, elaborado por Fundar, la aportación de la minería a las finanzas públicas mexicanas, a través de la recaudación fiscal, fue de apenas el 0,52 % en 2018.

Al mismo tiempo, las mineras canadienses han estado involucradas en una serie de conflictos sociales con las comunidades asentadas en el territorio mexicano, lo cual ha dejado un saldo de al menos ocho personas muertas, según un informe de la organización ‘Justice and Corporate Accountability Project’.

El 67% de la inversión extranjera en el sector minero en México es acaparado por empresas canadienses, de acuerdo con un reporte de la Secretaría de Economía. Esas firmas concentran 5,7% de la extracción anual, de acuerdo con datos de la Cámara Minera de México (Camimex).

En 2019, México se ubicó en el lugar 38 de 76 países entre las naciones más atractivas para la inversión minera, de acuerdo con la Encuesta de 2019 realizada por el Instituto Fraser.

Sin embargo, un estudio del Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados señala que, de 2007 a 2017, se otorgaron “incrementos repentinos en el monto correspondiente a los estímulos fiscales“. Una situación que se mantuvo después de la reforma hacendaria.

Datos oficiales revelan que el SAT perdonó casi 173.000 millones de pesos (7.687 millones de dólares) en impuestos a empresas mineras mexicanas y extranjeras, durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, entre 2007 y 2015.

De ahí que un informe de 2014, publicado por la Secretaría de Gobernación, señalara que la proliferación de mineras canadienses en territorio mexicano se debe a que “México es el paraíso fiscal de Canadá” en esa materia.

Este escenario ha generado mayores tensiones entre las empresas canadienses y el Gobierno, tras la llegada al poder de López Obrador, a lo que se suman las presiones financieras que enfrenta el país por la pandemia de coronavirus.

Con información de la agencia ‘RT’.