La sesión fue encabezada por la secretaria general de Gobierno y Mediación, Dulce Rodríguez Ovando, en su calidad de vicepresidenta del Consejo Estatal, y coordinada por el secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, José Domingo Bezares Vázquez, quien presentó los informes ejecutivos correspondientes al seguimiento de acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública, así como las acciones desarrolladas por los Consejos Municipales e Intermunicipales durante el ejercicio 2025.

Durante el orden del día se rindió también el informe relativo a la participación en la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, y se sometió a consideración un acuerdo mediante el cual se exhorta a los ayuntamientos al cumplimiento de las disposiciones previstas en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

En el marco de la sesión, la secretaria general tomó protesta a las y los presidentes municipales que integrarán los Consejos Intermunicipales de Seguridad Pública de los municipios de Tapachula, Villaflores, Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Tapilula, Venustiano Carranza, Pichucalco, Osumacinta, Tzimol, Pijijiapan, Ocosingo y Frontera Comalapa, fortaleciendo con ello la articulación territorial en materia de prevención y seguridad.

Cabe destacar que, el Consejo Estatal de Seguridad Pública está integrado por 28 miembros, entre autoridades estatales, federales y municipales, representantes de las Fuerzas Armadas, Guardia Nacional (GN), Fiscalía General del Estado (FGE), Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), Secretaría de Finanzas (SF), Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y representantes de la sociedad civil, consolidando un espacio de coordinación estratégica para la toma de decisiones en la materia.

Con esta sesión, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso de fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, consolidar la legalidad en el funcionamiento de los consejos municipales y avanzar en una política de seguridad pública basada en la corresponsabilidad institucional y el trabajo
territorial.