Eliza VelKott

Lo que se esperaba, es ya un hecho: la construcción del aeropuerto en Texcoco se suspende y como alternativa se edificará el de Santa Lucía, amén de fortalecerse el de Toluca.

Tal decisión representa, sin duda, el primer ejercicio de poder de Andrés Manuel López Obrador, aun cuando todavía no asume la presidencia de México, lo cual ocurrirá a partir del uno de diciembre. No sorprende la decisión; tiempo atrás ya había enviado el mensaje a los grupos de poder en el sentido de que en su gobierno las cosas se harían de manera “distinta”.

Para atemperar las advertencias que previamente hacían los empresarios, que descalificaron desde un inicio la consulta ciudadana, ayer mismo el presidente electo sostuvo que no habría ningún efecto negativo en los mercados, que el peso volvería a recuperarse porque el alza del dólar respondía a factores externos, que no habría denuncia alguna por parte de los empresarios y, en caso de suceder lo contrario, se cuenta con los recursos del fideicomiso constituido para la construcción de la fallida terminal aérea del ex lago de Texcoco, con el cual se podrá hacer frente a los compromisos financieros con los inversionistas.

Quizá el deseo de López Obrador sea el de llegar a un arreglo con los grupos empresariales y de poder, aunque de inmediato le respondió el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, que la cancelación del aeropuerto en Texcoco sí tendrá “implicaciones jurídicas y financieras en perjuicio” de México. Además de la advertencia, calificó como una mala señal para los inversionistas la decisión del presidente electo.

Los especialistas de la Barra Mexicana, colegio de Abogados, AC, ratificaron por su lado que sí podrían llover una serie de denuncias por parte de los empresarios afectados, e incluso que las denuncias podrían llega a tribunales internacionales.

Independientemente de la reacción de los grupos económicos y de poder, Andrés Manuel López Obrador ratificó lo que de una u otra manera ha expresado desde su campaña político electoral: “siempre va a prevalecer el interés general; les guste o no les guste”.

Más contundente no ha podido ser el próximo presidente de México, al señalar “que se acabó el predominio de una minoría”, “ la vinculación del poder económico y político”, y “que el gobierno esté secuestrado sólo al servicio de un grupo, porque representa a todos”.

Aquí la pregunta válida es si López Obrador ha medido el efecto económico, político y social de la decisión que ayer anunció y de sus declaraciones.

Por lo pronto, ayer trató de enviar un mensaje para “tranquilizar” a los ciudadanos, y sobre todo a los “mercados”; es decir, a los inversionistas nacionales y extranjeros que le apostaron a Texcoco y a quienes invitó también en invertir en diferentes proyectos que ha anunciado tanto en Santa Lucía, como el caso del aeropuerto de Toluca, incluyendo los proyectos en puerta en el sur del país, el caso del Tren Maya, cuya obra también se consultará, y en la zona del Itsmo de Tehuantepec. .

Ratificó también, como previamente lo expresó Alfonso Romo, próximo el jefe del gabinete de AMLO, que nada grave ocurrirá en los mercados, ni se afectará la situación financiera del país. Sí con tanta seguridad sostienen ambos que todo irá tomando su curso normal y que el país crecerá a tasas del cuatro por ciento, quiere decir que efectivamente han negociado diversas opciones y que tienen el sartén por el mango.

Por lo pronto, ya hay expresiones de apoyo nada menos que del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, que ayer mismo salió a la palestra para destacar la “oportunidad” que para esa entidad representa reactivar la terminal aérea de Toluca, que podría tener capacidad hasta para ocho millones de personas al año y a la fecha sólo da servicio a 600 mil pasajeros, así como las implicaciones positivas que implica la construcción de la terminal área en Santa Lucía, en Tecámac, donde se podría detonar el desarrollo económico por la inversión y generación de empleos.

Las declaraciones de Del Mazo sugieren una bienvenida a la decisión anunciada por el presidente electo que, seguramente, junto con su equipo de gobierno ya han calibrado que la correlación de fuerzas le es favorable desde el punto de vista político, por el apoyo que tienen de la ciudadanía y de uno de los gobernadores de las entidades más importantes del país.

En igual sentido se pronunció la presidenta municipal electa de Tecámac, Mariela Gutiérrez, quien festejó la determinación de trasladar el Nuevo Aeropuerto Internacional de México a la base aérea de Santa Lucía.

Por su lado, López Obrador parece que ya calculó incluso los montos que en algún momento tendría que liquidar a los grupos empresariales que lo han cuestionado y han advertido de las eventuales demandas por el traslado del NAIM de Texcoco a Santa Lucía. Ayer mismo el tabasqueño precisó que cuenta con los recursos del fideicomiso para cubrir a los inversionistas y vendedores de bonos lo relativo a su participación en Texcoco, y que estimó en alrededor de de 60 mil millones de pesos invertidos hasta el momento.

No está por demás que los ciudadanos permanezcamos atentos a los acontecimientos. Ya ha garantizado absoluta transparencia, eficiencia y honestidad en la inversión que se hará en los dos aeropuertos (Toluca y Santa Lucía), de aproximadamente 100 mil millones de pesos, así como en los proyectos en puerta en otras regiones, inclusive en la transformación del ex lago de Texcoco en una zona de reserva ecológica.

Por lo pronto, esperamos que efectivamente haya ganado la democracia y no sea el inicio de una confrontación que lleve al país a una situación de mayor deterioro que, por cierto los mexicanos no deseamos; si por alguna razón la mayoría favoreció con su voto a López Obrador no ha sido para confrontarnos más, sino para transitar hacia un proceso de desarrollo y pacificación nacional. ¿Será verdad que los inversionistas buscarán también lo mejor para el país y sus habitantes?