Ciudad de México, 13 de marzo de 2015 (Círculo Digital).- En el dictamen de la nueva Ley General de Transparencia, que se encuentra todavía en discusión, no se especificó uno de los temas más sensibles que es el relativo al uso, gasto y destino de más del 70 por ciento de los recursos de los congresos.

La iniciativa impondrá obligaciones para hacer pública información a diversos sujetos, a todos menos al propio Poder Legislativo, donde los líderes de grupos parlamentarios usan el dinero público de forma discrecional.

Aunque senadores de las comisiones dictaminadoras lograron incluir más de 40 obligaciones de transparencia al Congreso federal y las legislaturas estatales, en el dictamen “no hay el detalle del ejercicio presupuestal y de gasto de los grupos parlamentarios. Los principales órganos de dirección del Congreso y los grupos parlamentarios no detallan sus erogaciones y no sólo eso: no hay la debida comprobación”, afirmó el senador Javier Corral Jurado, del Partido Acción Nacional (PAN).

Lo que es

La Ley General establece que los sujetos obligados del Poder Legislativo deberán informar sobre asuntos cotidianos del trabajo parlamentario como es la Agenda, la Gaceta Parlamentaria, el Orden del Día, las versiones estenográficas, etcétera.

Además deberán ser públicas actas, acuerdos, listas de asistencia y votación de las comisiones y comités, las sesiones del Pleno, detalles del sentido del voto de cada legislador incluso cuando se trate de votación por cédula, entre otras.

En el aspecto laboral se obliga a transparentar las contrataciones de servicios personales señalando el nombre del prestador del servicio, objeto, monto y vigencia del contrato de los órganos de gobierno, comisiones, comités, grupos parlamentarios y centros de estudio u órganos de investigación, así como los resultados de los estudios o investigaciones de naturaleza económica, política y social que realicen los centros de estudio o investigación legislativa.

Incluso se hace obligatorio a los congresos estatales hacer público el padrón de cabilderos, de acuerdo a la normatividad aplicable. Un asunto que sólo la Cámara de Diputados ha implementado.

Sin embargo, aunque se obliga a publicar la lista de cabilderos, no se exige hacer públicos los motivos del cabildeo, los acuerdos alcanzados y los beneficios ofrecidos para el legislador por aceptar introducir cambios en alguna ley. Mismo caso para el tema del manejo del dinero público por parte los legisladores.

Lo que debería ser

El senador panista Javier Corral pidió voluntad política para detallar de forma específica las obligaciones de transparencia, porque la generalidad o ambigüedad de la redacción del dictamen permite anidarse a la opacidad, por la resistencia de algunas áreas del Congreso a abrir sus documentos.

El legislador propuso incluir en el artículo 72, además de las obligaciones ya señaladas, que los legisladores en lo individual rindieran cuentas del ejercicio de los recursos públicos que se les entrega.

Esto es: el informe mensual de las percepciones de los legisladores en lo individual, en los que se incluyan dietas, bonos, apoyos extraordinarios, apoyos para informes legislativos, compensaciones y gastos de gestión, así como los gastos relacionados con los viajes viáticos y gastos de representación de los legisladores y sus acompañantes.

También la declaración de no conflicto de interés, así como la solicitud de exclusión en aquellas comisiones donde pueda existir dicho conflicto.

La Mesa Directiva debería hacer pública la lista actualizada de los legisladores con datos biográficos y fotografía; información sobre el método de elección, trayectoria política, trayectoria académica, trayectoria administrativa, actividades en el sector privado y participación en comisiones o comités parlamentarios.

Respecto al uso de recursos públicos, el senador Corral propuso que se incluyera un programa de austeridad, de modernización administrativa anual y reportes de cumplimiento.

En materia laboral, pidió transparentar el tabulador de sueldos anual, los cuadros de integración de plazas por área administrativa, parlamentaria y legislativa, clasificadas por tipo de relación laboral, así como la información relativa al servicio de carrera, incluyendo los datos específicos del padrón de servidores públicos, capacitación, evaluación del desempeño, ascensos, promociones, bajas y licencias.

Sobre el gasto, planteó la necesidad de publicitar los programas anuales de obras y adquisiciones, procesos de licitación, contrataciones de servicios profesionales señalando el nombre de la empresa o persona física contratada, objeto, monto y vigencia del contrato de los órganos de gobierno, comisiones, comités, grupos parlamentarios y centros de estudio u órganos de investigación.

También el informe mensual desagregado de los recursos financieros recibidos por concepto de las percepciones de los legisladores en lo individual, en los que se incluyan sus dietas, bonos, apoyos extraordinarios, apoyos para informes legislativos, compensaciones y gastos de gestión, así como los gastos relacionados con los viajes viáticos y gastos de representación de los legisladores y sus acompañantes.

Subvenciones como pagos

En agosto del año pasado la Diputada de Movimiento Ciudadano, Zuleyma Huidobro González, destapó el escándalo de los recursos extraordinarios entregados a los grupos parlamentarios mediante subvenciones, que en realidad serían un pago a los diputados que aprobaron las reformas estructurales de Peña Nieto.

Esos recursos son ejercidos por las bancadas de forma discrecional y ninguna ley obliga a los líderes parlamentarios a transparentar los montos que erogan.

La Diputada Huidobro calculó que la suma de subvenciones oficiales que había recibido cada bancada entre septiembre de 2012 y agosto de 2014 podría alcanzar la cifra de mil 843 millones 996 mil pesos (1, 843, 996,000.00).

Sujetos obligados

La senadora del PAN, Marcela Torres Peimbert, coincidió en que actualmente las finanzas de los grupos parlamentarios son “agujeros negros” y celebró que la Ley General de Transparencia coloque como sujetos obligados al Poder Legislativo, y en específico a las bancadas, para que los ciudadanos sepan cómo manejan los recursos públicos que les entregan.

“Es un gran logro que hayan quedado como sujetos obligados directos, además, y creo que eso es una gran ganancia para cualquier ciudadano que quiera solicitar información de cómo se está gastando los recursos el grupo parlamentario del PRI (Partido Revolucionario Institucional) o de cualquier partido”, afirmó la legisladora panista.

A decir de la Torres Peimbert, el dictamen aprobado en lo general por las comisiones de Gobernación, Anticorrupción y Participación Ciudadana y Estudios Legislativos, Segunda, contiene elementos suficientes para garantizar la transparencia a cualquier ciudadano interesado en conocer el trabajo legislativo.

Explicó que el senador Corral tiene derecho a opinar que hubo pendientes en materia de apertura de las finanzas parlamentarias.

“No queda especificado en la ley, con el detalle que él hubiera querido. Sin embargo tenemos otras voces dentro de la bancada pidiendo que se explique qué es lo se va a transparentar del grupo parlamentario”.

Dijo que aunque no queden expresamente declarados en la ley algunos puntos, como, por ejemplo, saber cuántos viajes hizo un legislador, cuánto costaron, si viajó en primera o en segunda clase “eso lo puede solicitar cualquier ciudadano, aun cuando no quede especificado en la Ley, porque ya son sujetos obligados”, detalló.

“Además quedó en la Ley que si no se responde, el sujeto obligado tiene que explicar por qué no se responde”, declaró. (Con información de sinembargo.mx)