Recién concluyó satisfactoriamente el desafío organizativo electoral mas importante de nuestra historia, y en Chiapas ya hemos iniciado un proceso electoral extraordinario para renovar diez gobiernos municipales. En efecto, derivado de que se registraron actos de violencia relacionados a diversas elecciones municipales en la entidad, tanto el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, la Sala Xalapa y de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), al resolver diversos juicios de revisión constitucional, de defensa de derechos político electorales del ciudadano, así como recursos de reconsideración,[1]determinaron la invalidez de las elecciones municipales ordinarias en Bejucal de Ocampo, Catazajá, Chicoasén, El Porvenir, Montecristo de Guerrero, Rincón Chamula San Pedro, San Andrés Duraznal, Santiago el Pinar, Solosuchiapa y Tapilula, Chiapas.
Si bien para estas elecciones extraordinarias, las autoridades electorales ya no enfrentarán los dilemas de la casilla única, su organización conlleva una serie de retos iguales o mayores a las presentadas en las elecciones ordinarias, que deberán sortearse a efecto de poder garantizar a la ciudadanía de estos municipios el derecho al sufragio pasivo y activo.
En primer lugar, cabe señalar que las razones que motivaron la nulidad fueron primordialmente aquellos derivados de hechos en donde se registró algún supuesto de presión o violencia sobre el electorado, los integrantes de las mesas directivas de casilla, así como a los funcionarios de los Consejos Municipales de éstos, previo, durante y posterior a la jornada electoral del 01 de julio, por parte de algunos simpatizantes de actores políticos de los municipios correspondientes. Por lo mismo, el principal reto de estos comicios es evitar que esos hechos de violencia vuelvan a presentarse en estos diez municipios. Desde el momento mismo de inicio del proceso electoral extraordinario hemos exigido a los gobiernos federal, del estado y municipales brindar condiciones de seguridad a la ciudadanía, a fin de no afectar estos comicios. No hay manera de organizarlos ejemplarmente a menos que las instituciones responsables de la seguridad logren contener los riesgos de violencia en estos municipios. Ello pasa por mejorar los diagnósticos previos y la calidad de los servicios de inteligencia, la coordinación entre los distintos ordenes de gobierno con énfasis en un mayor apoyo de las instancias federales de seguridad, así como contar con el suficiente personal para salvaguardar los trabajos preparatorios, la jornada electoral y las sesiones de cómputo. En ese tenor resulta fundamental que la fiscalía electoral acelere sus investigaciones e indagatorias y a la brevedad posible se aplique la ley donde hayan evidencias de responsabilidad por los hechos de violencia ocurridos en los comicios ordinarios. Mandar un mensaje de impunidad no es una buena manera de iniciar los trabajos preparatorios de este proceso.
Generar mejores condiciones de seguridad en estos comicios, también pasa por un mayor compromiso de los participantes con el juego limpio. Como sabemos, las elecciones son el momento que las democracias nos damos para procesar y encauzar las diferencias políticas en paz y sin violencia; por lo que partidos políticos, aspirantes de candidaturas y simpatizantes deben comprometerse a que haya un respeto pleno de las reglas que nos hemos dado, y a contribuir en el ámbito que les corresponde para que los hechos de violencia que motivaron la invalides de las elecciones ordinarias en estos municipios no vuelva a presentarse y generemos condiciones de paz y respeto a la voluntad popular.
Desde la autoridad electoral local también asumiremos nuestra responsabilidad tomando decisiones apegadas a la legalidad que transmitan la suficiente confianza a los contendientes. Asimismo, hemos decidido adelantar las sesiones de computo de actas del miércoles siguiente a la jornada electoral al día siguiente de la misma, con el afán de que la documentación electoral esté menos tiempo en la sede de los consejos, y con ello agilicemos los resultados electorales y desincentivemos la tentación de violentarlos.
El segundo reto será la realización de diversas actividades de preparación y logística en plazos sumamente ajustados respecto al tiempo con el que se contó en las elecciones ordinarias. El H. Congreso del Estado con base a lo establecido en los artículos 29, 179, 180 y 267, del Código de Elecciones, determinó en sus decretos, 310 y 003 del 30 de septiembre y 01 de octubre, respectivamente, que la jornada electoral extraordinaria sería el domingo 25 de noviembre, con lo cual las instituciones electorales contaremos únicamente con siete semanas para instalar los respectivos consejos electorales distritales (INE) y municipales (IEPC), llevar a cabo la capacitación electoral, la recepción y revisión de convenios de coalición y candidaturas, el seguimiento a precampañas y campañas, la fiscalización de los gastos y de las firmas de apoyo ciudadano de los aspirantes a candidaturas independientes, la instalación y supervisión de los sistemas informáticos electorales entre otras actividades.
En menos de siete semanas el IEPC y el INE llevarán a cabo una secuencia de eventos y decisiones para llevar a acabo estas elecciones extraordinarias, las cuales constituyen el más importante asidero de confianza para todos: partidos, candidatos, autoridades y ciudadanos, porque representa el mapa a través del cual se construirá la certeza necesaria para que estas elecciones inyecten paz social y legitimidad a los gobiernos municipales que serán elegidos. Para lograr el propósito de realizarlas en fechas acortadas, las autoridades electorales acordamos instalar los consejos distritales y municipales lo mas pronto posible (17 de octubre), y evitar una nueva convocatoria, así como aprobar acuerdos para reutilizar lineamientos aplicados en las elecciones ordinarias como los de paridad de género, candidaturas independientes, registro de candidatos, elección consecutiva (reelección), acreditación de representantes de partidos políticos ante los consejos municipales, entre otros.
El tercer reto pasa por confirmar una gran coordinación entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y la autoridad electoral local, en las tareas de ubicación de casillas, distribución y recolección de paquetes electorales, observadores electorales, capacitación electoral para integrantes de mesas directivas de casillas, seguimiento a la jornada electoral, así como a los respectivos cómputos municipales.
Otro de los retos para el IEPC será la capacidad para garantizar la debida equidad en las contiendas. Para tal efecto, los partidos políticos contaran con una bolsa de financiamiento publico para gastos de campaña de $738,908.75 la cual se distribuirá de manera proporcional entre los 11 partidos políticos con acreditación y registro local, tomando como base los 15 días de campaña en cada uno de esos municipios y que puede ser consultado en nuestra pagina oficial de internet, de igual manera se determinaron topes de gasto de campaña, conforme a las disposiciones legales vigentes[2], a razón de lo siguiente:
MUNICIPIO | TOPE DE GTS. CAMPAÑA |
Bejucal de Ocampo | $50,645.89, |
Catazajá | $145,960.29 |
Chicoasen | $41,062.61 |
El Porvenir | $86,821.52 |
Solosuchiapa | $50,164.22 |
Tapilula | $81,583.33 |
Montecristo de Guerrero | $55,530.33 |
San Andrés Duraznal | $26,863.29 |
Santiago El Pinar | $22,478.06 |
Rincón Chamula San Pedro | $43,340.52 |
El INE fiscalizara el cumplimiento de esos montos, sumándose a lo anterior, todos los partidos y candidatos contaran diariamente en radio y TV durante las precampañas con 30 minutos, periodo intercampaña 24 minutos y para las campañas 41 minutos, los cuales serán distribuidos un 30% de forma igualitaria y el 70% restante conforme a los resultados de votación de la elección de diputados del proceso anterior, según la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.[3]
Con ese mismo propósito, tal y como demostramos en las elecciones ordinarias, el IEPC no permitirá trampas que busquen ventajas indebidas que trastoquen las reglas y vulneren con ello el principio de equidad que debe regir toda elección democrática. Los servidores públicos y demás interesados en participar en la próxima contienda extraordinaria deberán conducirse en un marco de legalidad y civilidad partiendo de las premisas señaladas por los artículos 134, del la Constitución Federal y 5, del Código de Elecciones.
A los funcionarios de estos 10 municipios les hemos exhortado a conducirse con mesura y a evitar el juego sucio que pudiera afectar la equidad de las elecciones y potencialmente generar un clima de confrontación y desconfianza que poco abona a la celebración de una contienda electoral pacífica el próximo 25 de noviembre.
El quinto reto es dotar de la suficiente confiabilidad a los consejos electorales municipales a través de disposiciones emanadas desde el máximo órgano de dirección del Instituto de Elecciones.Tenemos el reto de persuadir a casi 62 mil chiapanecas y chiapanecos de estos diez municipios para que salgan a votar el 25 de noviembre. En los lineamientos aprobados se acordó que el procedimiento de integración será inicialmente conformando una lista de ciudadanos que integraban la totalidad de los consejos distritales y municipales electorales de la demarcación geográfica correspondiente, mismos que ya fueron sujetos de examinación con base en las disposiciones legales aplicables y a través del tamiz de los criterios orientadores del INE, donde el Consejo General no valorará a aquellos que en el desempeño de sus funciones hayan renunciado, hayan sido objeto de remoción del cargo, o bien que su conducta durante el proceso electoral ordinario se hayan alejado de los principios rectores de la función electoral, con base en ello, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral el pasado 10 de octubre presentó una propuesta de integración de cada uno de los consejos a integrar, misma que se remitió a los integrantes del Consejo General, así como a las representaciones partidistas para que presenten sus observaciones u objeciones respecto de dichos ciudadanos, una vez hechas las valoraciones correspondientes el Consejo General del IEPC, sesionará a más tardar el 16 del presente mes, para aprobar la integración de los Consejos Municipales Electorales encargados de llevar a buen puerto los comicios extraordinarios.
El sexto reto es abaratar los costos de la elección sujetándonos a los principios de racionalidad y eficiencia en el uso de los recursos públicos que se otorguen para tal efecto. La elección extraordinaria tendrá un costo aproximado de 19 millones de pesos para cubrir los gastos de instalación y operación de los diez consejos electorales municipales, de logística, de coadyuvancia a la capacitación electoral del INE e impresión de documentación electoral, así como elaboración de los materiales electorales. Con ese objetivo el IEPC implementara su propio Programa de Resultados Preliminares (PREP), cuyo sistema operativo consistirá en una herramienta informática que se encargará de difundir los resultados de esos municipios a partir de las 18:00 horas del día 25 de noviembre, la cual tendrá las etapas de digitalización y captura a cargo de los CATD’s que se instalaran en cada uno de los Consejos Municipales, validación y publicación en la pagina oficial de internet, tarea que corresponderá al CCV instalado en las oficinas centrales de este Instituto.
En resumen, el buen éxito de estas elecciones depende de que todos cumplamos nuestras responsabilidades. A las autoridades electorales nos toca un estricto apego a los principios constitucionales, a los partidos y a los candidatos el respeto de las reglas y proponer y discutir de cara a los electores sus propuestas.
A los gobiernos federal y locales garantizar la debida gobernabilidad y estado de derecho para que las elecciones municipales puedan desarrollarse sin los problemas de violencia que dieron crédito las sentencias del tribunal electoral, y abstenerse de incidir indebidamente en la política y de usar los recursos, que son de todos, con fines electorales.
Y a la ciudadanía apropiarse de la elección, que es suya, para hacer de la misma una auténtica fiesta democrática.
[1]El 29 de agosto de 2018, el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, en el expediente TEECH/JDC/247/2018, TEECH/JDC/251/2018, TEECH/JDC/252/2018 y Acumulados, declara la nulidad de la elección de miembros de Ayuntamiento de Catazajá, Chiapas.
El 06 de septiembre del mismo año, la Sala Xalapa, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente SX-JRC-229/2018, SX-JRC-230/2018 y SX-JDC-689/2018 ACUMULADOS, declara la invalidez de la elección del Ayuntamiento de San Andrés Duraznal, Chiapas.
El 12 de septiembre de 2018, la Sala Xalapa, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente SX-JDC-819/2018, confirmó la sentencia TEECH/JNE-M/011/2018 y sus acumulados TEECH/JNE-M/012/2018 y Acumulados, del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, donde se decreta la nulidad de la elección para integrar el Ayuntamiento de Solosuchiapa, Chiapas.
El 14 de septiembre de 2018, la Sala Xalapa, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en las sentencias SX-JRC-308/2018 y Acumulado, confirma el resolutivo TEECH/JNE-M/091/2018, mediante el cual el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, anuló las elecciones en el municipio de El Porvenir, Chiapas; así como en el expediente SX-JDC-848/2018 y Acumulado, declara la nulidad de la elección de integrantes del ayuntamiento de Rincón Chamula San Pedro, Chiapas.
El 12 de septiembre de ese mismo año, la Sala Xalapa, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente SX-JRC-304/2018, confirma el resolutivo TEECH/JNE-M/064/2018 y acumulados, mediante el cual el Tribunal Local, anuló las elecciones en el municipio de Chicoasén, Chiapas.
El 21 de septiembre, la Sala Regional Xalapa, en el expediente SX-JRC-320/2018, declara la invalidez de la elección de integrantes del ayuntamiento de Montecristo de Guerrero, Chiapas.
El 30 de septiembre, la Sala Superior, del TEPJF, en el expediente SUP-REC-1356/2018 y Acumulados, confirma la sentencia dictada por la Sala Regional Xalapa en el expediente SX-JDC-837/2018 y Acumulados, donde se declara la invalidez de la elección de integrantes del ayuntamiento de Bejucal de Ocampo, Chiapas; asimismo la Sala Superior en el expediente SUP-REC-1282/2018 y sus acumulados, confirmó la resolución emitida por el Tribunal local, en el expediente TEECH/JI/135/2018 y sus acumulados TEECH/JNE-M/043/2018, TEECH/JNE-M/044/2018 y Acumulados, que decreta la nulidad de la elección para integrar el Ayuntamiento de Tapilula, Chiapas; al igual que en el expediente SUP-REC-1271/2018 y acumulados, confirmó la resolución emitida por el TEECH en el expediente TEECH/JNE-M/001/2018 y sus acumulados que decreta la nulidad de la elección para integrar el Ayuntamiento de Santiago El Pinar, Chiapas.
[2]Los montos de financiamiento público para gastos de campaña correspondiente al acuerdo IEPC/CG-A/200/2018, los topes de gastos de precampaña del acuerdo IEPC/CG-A/201/2018, así como los topes de gastos de campaña del acuerdo IEPC/CG-A/202/2018, se encuentran disponibles en el siguiente vínculo: https://www.iepc-chiapas.org.mx/sesiones/440-acuerdos
[3]La distribución de espacios de radio y televisión señalados parten del acuerdo emitido por el Instituto Nacional Electoral para tal efecto, mismo que se identifica con número de acuerdo INE/CG1339/2018
*Oswaldo Chacón Rojas/ Presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana
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