Agencias / MonitorSur, CIUDAD DE MÉXICO .- El gobierno de Andrés Manuel López Obrador no ha terminado por saldar graves adeudos en materia de violaciones a Derechos Humanos, al contrario, como representante del Estado mexicano contribuyó en descalificar movimientos feministas, vulneró la libertad de expresión y agentes federales a su mando quebrantaron garantías de migrantes, señaló Amnistía Internacional (AI) en su informe 2020-2021.

Si bien, el reporte abarca algunos avances e indica casos que son competencia del poder judicial y las entidades, también señala las agravantes cometidas por la actual administración, así como los casos pendientes en el país.

De acuerdo con el documento, algunas violaciones a las libertades siguen siendo arrastradas sin obtener reparación ni justicia plena. Además, los sospechosos de desapariciones forzadas se encuentran en una impunidad casi absoluta.

Concentrado en 11 apartados, las referencias sobre México incluyen eventos de tortura, ejecuciones extrajudiciales, homicidios ilegítimos, ataques contra los defensores de derechos humanos y periodistas, además de protocolos y programas que no han dado resultados o faltan por implementarse.

“El presidente de la República seguía minimizando el problema de la violencia contra las mujeres, cuestionando la validez de las llamadas telefónicas realizadas a los servicios de emergencia para denunciar la violencia de género en el ámbito familiar y criticando las protestas de las mujeres contra los feminicidios”, aseveró el reporte.

Hasta diciembre de 2020, las llamadas al 911 para denunciar actos de violencia contra las mujeres aumentaron hasta 260 mil 067, cifra alarmante si se toma en cuenta que en el mismo periodo de 2019 fueron 197 mil 693. En mayo de 2015, AMLO indicó de forma errónea que el 90% de esas marcaciones eran falsas.

“Un total de 21 ‘alertas de violencia de género contra las mujeres’ seguían vigentes en 18 entidades federativas. Al terminar el año no había ninguna señal de que estos mecanismos hubieran reducido la violencia de género”, reveló Amnistía Internacional.

En su informe por 100 días del 2021, López Obrador reconoció que los feminicidios aumentaron durante su administración, cuando menos en un 8.5 por ciento. Con la imprecisa justificación de que antes, este delito se clasificaba como homicidio doloso hasta su arribo al poder; no obstante que el Código Penal Federal contempla la agravante desde 2012.

En 2020 se denunciaron 3,752 asesinatos de mujeres, de los cuales 969 fueron investigados como feminicidios. El estado de México encabezó la lista con la mayor cifra absoluta, seguido de Veracruz. Mientras que Colima y Morelos presentaron las tasas más elevadas de este delito por cada 100 mil mujeres.

En el rubro dedicado a la libertad de expresión en el país siguieron las amenazas y ataques contra la prensa. Al menos 19 periodistas fueron asesinados en 2020, la mayor cifra de la década. Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, informó en noviembre pasado que, hasta esa fecha y desde 2010, 138 comunicadores fueron ejecutados. Las autoridades mantienen protección a 887 defensores de DDHH y 426 trabajadores del periodismo, pese a que en octubre fue disuelto el fideicomiso que apoyaba el mecanismo y sus fondos se integraron al presupuesto público general.

“En septiembre, una carta firmada por 650 periodistas e intelectuales acusó al presidente de actuaciones que afectaban a la libertad de expresión, incluidas una serie de declaraciones públicas que debilitaban a la prensa al favorecer un entorno propicio a la censura, sanciones administrativas y el uso indebido de la ley para intimidar a la prensa”, señaló AI.

Al respecto, Amnistía Internacional retomó el caso Notimex, la agencia de noticias del Estado mexicano que está en huelga. A mediados de año, la dependencia dirigida por Sanjuana Martínez estaba involucrada en una campaña intimidatoria contra periodistas y medios de comunicación, cuyos contenidos eran críticos al gobierno de López Obrador. La estrategia, apuntó AI, Incluía una red de programas robot y cuentas falsas en las redes sociales que, supuestamente, fueron financiados con recursos públicos.

El año pasado, 24 personas defensores y defensoras de derechos humanos fueron asesinadas. Algunos activistas manifestaron sus preocupaciones en cuánto a los impactos del Tren Maya, pero López Obrador los acusó públicamente de “falsos ambientalistas”. Al menos seis relatores de Naciones Unidas enviaron una misiva al gobierno de México por inquietudes sobre el derecho a la consulta de comunidades indígenas.

En noviembre, las autoridades federales ratificaron el Acuerdo de Escazú, sobre el accesos a la justicia e información en asuntos ambientales de América Latina y el Caribe que incluye protección para quienes defienden derechos ambientales y pertenecen a pueblos originarios.

Luego de varias movilizaciones, el gobierno desistió de quitar presupuesto a las Casas de Mujeres Indígenas y Afromexicanas y para la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Pero el Instituto Nacional de las Mujeres sufrió un recorte del 75% en julio de 2020, lo equivalente a 151 millones de pesos del gasto operativo.

La organización internacional también repara en la militarización del país, el uso excesivo de la fuerza por parte de soldados, así como de agentes de la Guardia Nacional. El presidente ha reiterado que en su administración los castrenses ya no violan las garantías individuales pese a que, registra Amnistía Internacional, mantiene un despliegue de más efectivos de las Fuerzas Armadas en Seguridad Pública que aquellos dispuestos con los dos ex presidentes anteriores, Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón. Los integrantes del Ejército apoyarán en esa tarea hasta marzo de 2024.

Sobre los riesgos de emplear a personal de las Fuerzas Armadas, el reporte reparó en tres casos. El primero de ellos fue la ejecución extrajudicial a manos de soldados, el 3 julio de 2020, de Arturo Garza de 19 años, quien estaba desarmado y había sobrevivido al tiroteo entre militares y presuntos integrantes del crimen organizado en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

La segunda acción fue cuando integrantes de la Guardia Nacional asesinaron a Jéssica Silva y dejaron gravemente herido a su esposo, luego de que los uniformados abrieran fuego en contra de los agricultores que previamente se habían manifestado por problemas de agua en Delicias, Chihuahua. La dependencia alegó que había repelido un ataque y luego reconoció que se había tratado de un accidente. Por el caso, seis elementos están procesados.

Mientras tanto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación seguía sin analizar la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, que fue impugnada en 2019 por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mediante una acción de inconstitucionalidad.

Finalmente, el tercer caso fue la detención de migrantes en enero del año pasado por parte de la Guardia Nacional, corporación que empleó gases lacrimógenos en la frontera sur. Par marzo, los agentes arrastraron y golpearon a extranjeros que protestaron en un centro de detención en Tapachula, Chiapas. Ese mismo mes, un guatemalteco solicitante de asilo perdió la vida después de que se incendiara el centro de reclusión donde estaba y del cual había exigido ser liberado junto con más migrantes.

“La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados recibió 41,227 solicitudes de asilo en 2020, frente a las 70,427 de 2019. El número más elevado de personas solicitantes de asilo procedía de Honduras, seguido de Haití, Cuba y El Salvador. Las autoridades migratorias detuvieron a 87 mil 260 personas migrantes irregulares, entre ellas más de 11 mil menores de edad, y deportaron a 53 mil 891 personas, lo que representaba una disminución respecto a 2019”.

Un juez de la ciudad de México resolvió que todas las personas detenidas por migración debían ser liberadas por el peligro de la pandemia de COVID-19, pero las autoridades no cumplieron con tal sentencia y privaron a los extranjeros de su derecho a la libertad como de la salud.

Por último, la organización contabilizó al menosa 2 mil 397 profesionales de la Salud que fallecieron por COVID-19 en el país. Varios médicos y enfermeras se manifestaron por la falta de equipo y protección, pues hubo varias agresiones derivadas del estigma por su propagación del contagio al operar en hospitales. Algunos como Jorge Pérez de 70 años, empleado de limpieza de un hospital público, fueron despedidos por exigir mejoras laborales.

A su vez, el informe reconoce el nuevo abordaje sobre el caso Ayotzinapa, acerca de la desaparición de 43 estudiantes normalistas de la escuela rural Raúl Isidro Burgos en Iguala, Guerrero, durante la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014. En ese sentido, celebra que se hayan girado órdenes de arresto contra militares, se cuestione la llamada “verdad histórica” y se persiga al arquitecto de esa versión construida con irregularidades, Tomás Zerón. Un soldado y un marino están presos.

Con información de la agencia ‘Infobae’.