Redacción
La Paz, Bolivia, 8 marzo 2017.-El presidente de Bolivia, Evo Morales, firmó este miércoles la Ley General de la Coca y destacó que la hoja de esta planta representa la cultura milenaria de ese país.
Destacó que se necesita mucha paciencia para escuchar a la oposición en ese país cuando se refieren al cultivo de coca, que no quiere la eliminación de la Ley 1008.
De acuerdo con el mandatario, la Ley 1008 promulgada en 1988 buscaba anular la producción de la hoja de coca en el país, por medio de la prohibición de la planta y sus semillas.
Asimismo, Morales aseguró que intentan crear polémica con la nueva Ley General de Coca “para dividirnos”, para “continuar saqueándonos y robando nuestros recursos naturales”.
Morales recordó que algunos sectores querían acabar con el consumo tradicional de coca, lo que concluyó con el veto de las Naciones Unidas del rito de masticar la hoja.
“A los verdaderos defensores de la hoja de coca nos llaman traidores, pero los verdaderos traidores son ellos que no quieren modificar la 1008”, enfatizó.
El presidente de Bolivia afirmó que se trata además de una lucha ideológica y programática y todo depende de cómo las fuerzas sociales se orienten sobre cualquier rubro y norma. “Llegó la hora de enterrar la ley 1008 en Bolivia”, aseveró.
Aseguró que la coca en su estado natural tiene múltiples usos para la salud y añadió que el Estado debe controlar que la industrialización sea para fines benéficos de la humanidad.
Aseguró que su modelo de lucha contra el narcotráfico es reconocido por la ONU, a diferencia de Colombia, que pese a tener bases militares de Estados Unidos, no ha logrado tener avances en esta área.
“Ni Estados Unidos ni la derecha tiene moral para hablar de la hoja de coca boliviana”, dijo.
El 23 de febrero, el pleno de la Cámara de Diputados de Bolivia aprobó el proyecto de la Ley General de la Coca, que establece 13.000 hectáreas de cultivos de coca en los Yungas de La Paz y 7.000 hectáreas para el Chaparé de Cochabamba.
Sustituye a la Ley 1008 del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, que estaba vigente desde 1988, la cual disponía únicamente de 12.000 hectáreas legales en el país.
