Rogelio Hernández López
Pues sí. Como era previsible el esquema de aplicación del gasto público para publicidad en medios de difusión masiva comerciales seguirá igual, pero ahora con un mínimo, muy mínimo, de institucionalidad.
Así quedará establecido si Enrique Peña Nieto, aún en funciones de presidente de la República, promulga la ley que aprobó la mayoría del Senado la madrugada del jueves 26 de abril, lo que concitó reproches de representantes de algunas organizaciones no gubernamentales.
Se los dijimos
Es más triste que chocante afirmar ¡Se los dijimos! como cuando desde marzo nos enteramos que el bloque camaral del PRI-PVEM-Panal, y uno que otro legislador desvalagado, se habían apropiado de ese proceso legislativo en la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.
Los mandones de ese bloque decidieron presentar como dictamen un corta y pega de los lineamientos que ha aplicado por décadas la Secretaría de Gobernación sin tomar en cuenta las 22 iniciativas que habían recibido ambas cámaras del Congreso, ni las recomendaciones de un conglomerado de organizaciones no gubernamentales, ni de la CNDH, el Inai, el INE y hasta la ONU.
Y los lineamientos de la Segob se fueron al oceano de leyes, como se previó, como cuchillo caliente en mantequilla, avasallando las pocas voces críticas en el Congreso que no supieron como detener el desconton inicial.
Una de las mejores relatorías periodísticas de la última fase de la transformación en ley de los viejos lineamientos de la Segob fue del veterano reportero Víctor Mayén de la empresa Capital Media. Lo sintetizó así:
“En una sesión maratónica que concluyó en las primeras horas de este jueves, el pleno del Senado aprobó con 60 votos en pro, 46 en contra y 1 abstención la Ley General de Comunicación Social que regula la propaganda gubernamental y otorga a la Secretaría de Gobernación la administración de los Tiempos de Estado y Fiscales”.
La Segob se amplía
El subrayado es del reportero, autor de esta columna, quien agrega que también se autoriza a la Segob para elaborar los padrones de los prestadores de servicios o sea de los clientes de medios de comunicación; impondrá sus criterios para evaluar rating de medios electrónicos, y de circulación en impresos para asignar la publicidad.
Esto hace previsible que una vez institucionalizada la rectoría de la Segob en la materia tendrá mayor margen legal para la arbitrariedad y, por tanto seguir beneficiando a sus clientes tradicionales y/o continuar discriminando a un vasto número de medios que tienen otras opciones informativas.
Otra función que se adicionó a la Segob fue la de fijar tárifas a todos y cada uno de los casi un mil cien proveedores empadronados actualmente, función que hasta el momento realiza la Secretaría de Hacienda con disciplina y rigor y, al parecer sin prejuicios políticos.
Sin contrapeso ni transparencia
El portal de noticias Sin embargo y la agencia Cisa reprodujeron ese mismo jueves las reacciones de quienes querían un ley distinta, que abriera posibilidades de vigilar, ampliar y transparentar ese gasto a a sociedad civil, a medios discriminados y a periodistas.
El Colectivo #MediosLibres calificó que “el proceso seguido en el Congreso no respetó los lineamientos legislativos (en el senado no hubo dictamen propio porque se usó el aprobado en la Cámara de Diputados; en planearia no se hizo primera ni segunda lectura como manda el reglamento) ni tampoco se tomaron en cuenta las propuestas de un breve diálogo con la sociedad civil…. es una ley sin consenso.”
Segob regirá a 32 segob y más
Esta ley, que probablemente será promulgada de inmediato por Enrique Peña Nieto, aumentó e institucionalizó, no sólo la discrecionalidad operativa de la Segob sino que la hizo nacional al convertirla en el factor de lineamientos para las 32 secretarías de gobierno de las entidades y áreas afines de municipios que compran espacios para publicidad.
Es decir el bloque del PRI-Verde-Panal le dió marco legal a los funcionarios de la Segob del Poder Ejecutivo federal para que sean los auténticos mandones.
Además, los gobernadores y presidentes municipales, por medio de sus secretarías de gobierno, tendrán las mismas facultades de hoy para asignar publicidad, sin contrapeso social ni obligación mayor de informar sus planes y ejecución de ellos que los que ya tienen.
El único contrapeso, según esta ley, serán las contralorías propias de cada nivel de gobierno, que en los hechos operan sin participaciones de civiles u organizaciones ciudadanas.
Todos los diccionarios explican que mandón es la persona que tiene una tendencia exagerada a mandar… o bien quien ejerce como capataz en una mina y hasta el que da la orden de salida a las carreras de caballos. Mandones son las secretarías de gobiernoi y con la nueva ley continuarán usufructuando los resultados del gasto en publicidad gubernamental. Los mandones mexicanos ya tienen otro reino legalizado.
