El grupo parlamentario del PRD informó que los principales cuestionamientos que plantearán a los funcionarios cuyas comparecencias iniciarán esta semana ante comisiones de la Comisión Permanente, están relacionados con los problemas económicos y de inseguridad.
También abordarán “la red de complicidad gubernamental que permitió el fraude perpetrado por Ficrea”, indicó la bancada en un comunicado de prensa.
Señaló que en la sesión del miércoles pasado, el PRD propuso la comparecencia del secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, para que explicara el paquete de medidas instrumentadas en materia fiscal y para revertir “el mediocre desempeño” de la economía nacional, especialmente la baja del precio del petróleo y la depreciación del peso.
Sin embargo, agregó, el Pleno de la Comisión Permanente sólo autorizó las comparecencias de los subsecretarios Fernando Aportela y Miguel Messmacher.
Para el coordinador del PRD, Miguel Alonso Raya, quien presentó la proposición, “en materia económica se percibe más de lo mismo, no hay ningún viso de acciones que se encaminen a detonar la reactivación económica interna, todo indica que el Ejecutivo Federal está apostando a la inercia del desempeño de la economía norteamericana”.
El legislador argumentó que de no haber sido por medidas como las que apoyó su fracción en la reforma hacendaria y fiscal, que incrementaron de manera sustancial los ingresos no petroleros, ya hubiese sido necesario recortar el gasto y provocado aún más despidos de personal.
Entre estas medidas, mencionó la progresividad en los impuestos, el inicio del proceso para eliminar los regímenes especiales y el impuesto de 10 por ciento sobre las ganancias de personas físicas por la venta de acciones en la Bolsa de Valores.
Asimismo, la reducción de las deducciones y devoluciones por el Impuesto Sobre la Renta (ISR), así como la aplicación de una tasa de 7.5 por ciento a las ganancias de las empresas mineras, entre otras;
“En el caso de Pemex, por ejemplo, a partir del 1 de enero de este año ya no renovó la relación laboral que tenía con 10 mil empleados subcontratados y pretende reducir a cero la plantilla tanto de este tipo de personal como de asistencia técnica”, puntualizó.
Precisó que “los ingresos petroleros acumulan un retroceso a octubre de 8.4 por ciento, resultado de la disminución de la plataforma de producción y de la baja del precio del petróleo”.
Alonso Raya también se refirió a las medidas anunciadas por el presidente Enrique Peña Nieto con motivo del inicio de 2015, para el beneficio de la economía familiar.
“No son nuevas, salvo los programas del impulso a emprendedores jóvenes y al desarrollo de la vivienda, aunque todavía se desconoce su contenido y alcance; en tanto que las otras medidas anunciadas ya se habían anticipado tiempo atrás”, puntualizó.
Como parte de la ronda de comparecencia, Alfredo Castillo Cervantes, comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral en el estado de Michoacán, se reunirá el próximo martes con integrantes de la Primera Comisión Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.
Rendirá un informe de las acciones que ha implementado en Michoacán para combatir y reducir los niveles de violencia y la actuación del crimen organizado, así como las estrategias para salvaguardar los derechos humanos durante el ejercicio de sus funciones y sobre los enfrentamientos que han arrojado varios muertos recientemente en la entidad.
Para el mismo tema, el comisionado de Seguridad Nacional, Monte Alejandro Rubido García, y la subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR, Mariana Benítez Tiburcio, comparecerán el lunes 19 de enero.
Respecto al fraude del que fueron víctimas cerca de seis mil 800 ahorradores por parte de Ficrea, el coordinador perredista dijo que “es un ejemplo más de que el grave problema de la impunidad y la corrupción que padece el país son posibles gracias a las redes de complicidad que se existen en todos los niveles de gobierno”.
Argumentó que Jaime González Aguadé, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV); Alberto Bazbaz Sacal, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, y Alberto Di Constanzo Armenta, responsable de la CONDUSEF, también tendrán reuniones de trabajo con legisladores.
Estos funcionarios expondrán el avance de las investigaciones sobre lavado de dinero que originaron el proceso de disolución y liquidación de Ficrea y “tendrán que explicar la red de complicidad que desde las altas esferas del gobierno benefició a Olvera Amezcua, principal accionista de esta sociedad de ahorro popular”.
“Quienes se supone que desde su función como servidores públicos deben proteger los intereses ciudadanos, aprovechan su cargo para obtener beneficios personales, como ha sido el caso de Oceanografía, Grupo Higa y ahora Ficrea, sólo para mencionar los últimos escándalos”, enfatizó el perredista.
Subrayó que el fraude de Ficrea plantea de nueva cuenta la urgencia de construir un Sistema Nacional Anticorrupción.
Dijo que el presidente Enrique Peña Nieto ha dicho públicamente que apoyará este sistema, “pero que está frenado en la Cámara de Diputados porque su partido no está dispuesto a respaldar un organismo con la autonomía suficiente para combatir eficazmente el flagelo de la impunidad y la corrupción que sufre el país”, concluyó Alonso Raya .
