El nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, propuso establecer políticas para vigilar la actuación del personal del Poder Judicial, a fin de evitar influencias nocivas a su tarea proveniente de amenazas o de recompensas ilegales.
Esto es necesario ante la “innegable existencia de una delincuencia cada vez más organizada y peligrosa para la sociedad”, sostuvo el también presidente del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
En las Líneas Generales bajo las cuales desarrollará su función como titular de la Corte y de la Judicatura Federal, Aguilar Morales indicó que el objetivo es que no se deforme el actuar del CJF, “haciendo perder a los juzgadores el valor más alto de su presencia como es el de la independencia”.
Advirtió que esta tarea puede llevar “al inicio de procedimientos de responsabilidad que establezcan con toda claridad la existencia de conductas contrarias a la ética y al debido comportamiento legal y personal de los juzgadores”.
Se deben imponer sanciones conforme a las normas establecidas con rigor analítico y casual, “de tal manera que con la sanción ni se minimice el comportamiento indebido, propiciando la impunidad, ni tampoco se impongan sanciones exorbitantes y por ello y injustas e ilegales”, agregó.
El ministro precisó que la función esencial del CJF no se enfoca en la sanción de jueces y magistrados, por lo que se debe “partir de un principio de presunción de inocencia que, como derecho humano, es aplicable a cualquier persona”.
De igual manera, propondrá al CJF revisar las normas aplicables a los procedimientos de responsabilidad, con base a los principios de presunción de inocencia, debido proceso legal, garantía de audiencia y perfil satisfecho.
También “el reconocimiento de antecedentes y experiencia, revisión objetiva, procedimientos de investigación breves, medidas cautelares razonables, valoración objetiva de las conductas y la imposición de sanciones ajustadas”, detalló Aguilar Morales.
Puntualizó que el objetivo es procurar el respeto a los juzgadores en sus derechos humanos, y sancionar o expulsar a quienes falten los principios de todo juzgador mediante una revisión exhaustiva de cada caso, y así propiciar un ambiente de confianza en la justicia y afianzar su actuación legítima.
