Ciudad de México, México, 11 de marzo de 2015 (Círculo Digital).- El relator especial de Naciones Unidas, Juan E. Méndez, y expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), hicieron señalamientos por separado para atender tanto la tortura generalizada en el país, como el vacío legal en materia de desaparición forzada.

A pesar de que el gobierno de México asegure lo contrario, la tortura en México es “generalizada” y se práctica en un “contexto de impunidad”, reiteró el relator especial de Naciones Unidas sobre la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez.

“Mi afirmación de que la tortura es generalizada en México se basa en cientos de testimonios que yo mismo recogí en mis visitas a las cárceles y centros de detención en México, donde casi todos, incluidos niños y niñas, me dijeron que habían padecido actos de brutalidad durante su detención”, dijo Méndez en rueda de prensa.

De esta manera respondió al gobierno mexicano que negó la generalización de la tortura en el país.

“Recogimos muchos testimonios diferentes: de supervivientes, de personas que están ahora en libertad, pero también de reos en muchas cárceles distintas”.

Méndez realizó una visita a México entre el 21 de abril y el 2 de mayo de 2014 y redactó un informe que el lunes presentó ante el pleno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Sin sorpresas

En entrevista radiofónica, el relator de la ONU dijo que la respuesta del gobierno mexicano, que  negó la generalización de la tortura, no le sorprendió porque ya habían tenido dicha discusión cuando terminó su visita al país, en mayo del año pasado.

Refirió que su informe está basado en lo que vio y escuchó de un gran número de testimonios y entrevistas, especialmente en las cárceles.

“No solamente que la tortura ocurría en el momento de la detención, en las primeras 24, 48 horas, antes de ser llevado ante cualquier autoridad, sino también que esto se repite con cualquiera que sea la fuerza interviniente: La Marina, el Ejército, la Policía Federal, la Procuraduría General de la República, las policías estatales… por eso hablamos de generalizada”.

No es un estado fallido

Méndez descartó que México sea un estado fallido. “De ninguna manera. Hay impunidad para la tortura, pero no es una estado fallido”, expuso el relator.

“México tiene instituciones y capacidad técnica, jurídica y científica para lidiar con el problema de la tortura”, pero la impunidad es un factor importante, y tiene que ver con las investigaciones tardías y la desidia, explicó.

Tras la presentación del informe, el embajador de México ante la ONU en Ginebra, Jorge Lomónaco, aseguró que la tortura generalizada era una falacia, y refirió que el relator sólo incluía 14 casos en su informe.

“Hemos recogido cientos de testimonios, todos muy serios, pero no todos pueden incluirse en el informe, porque no todos quieren dar su consentimiento, porque es un proceso lento y minucioso para que se ajuste a los requerimientos”, respondió  Méndez.

“Pero si se tiene en cuenta que al año recogemos unos 200 casos de tortura en todo el mundo, 14 en México es una cifra significativa”, agregó.

Algunas de las prácticas de tortura más “muy serias” de las que informó el relator, fueron, entre otras: “el uso de electricidad, el presunto ahogamiento (waterboarding), y mucha intimidación física o moral”.

Méndez consideró que existe un “patrón muy similar” de tortura que se filtra a todas las fuerzas de seguridad tanto federales, estatales y locales, como en el Ejército. “Otro aspecto que me hace poder decir que la tortura es generaliza”, dijo.

“El carro delante de los bueyes”

Al respecto de la impunidad en los casos de tortura, Méndez dijo que “a pesar de que hay denuncias de cientos, miles de casos de tortura, muy pocos casos se investigan y casi ninguno llega a un proceso”.

El relator reiteró que los agentes de seguridad del Estado tienden a detener para investigar, y no a la inversa, lo que deja espacio a los malos tratos y a la extracción de confesiones de dudosa legalidad.

“Ponen el carro delante de los bueyes. Si llevaran a cabo el proceso como se debe, pedir autorización a un juez, obtener una orden de detención y después detener, se evitarían muchos casos de malos tratos y las evidencias obtenidas de la detención tendrían más validez”.

El relator dejó claro que entiende el contexto de lucha contra el crimen organizado “pero eso no quita que el gobierno tenga que aceptar que se enfrenta a un problema muy grave, y por eso debe combatirlo”, señaló.

La CIDH urgió aprobar ley sobre desaparición forzada   

Los expertos del Grupo de Trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgieron a los diputados federales que integran la Comisión Especial de Iguala para que se apruebe a la brevedad una ley para tipificar el delito de desaparición forzada en nuestro país, e hicieron cuatro recomendaciones al respecto.

La experta de la CIDH, Claudia Paz Paz, comentó que la nueva legislación debe contener una tipificación del delito de desaparición forzada de manera uniforme a nivel nacional debido a que provoca muchos problemas la variación en cuanto a los alcances de un estado al otro.

Paz comentó también que se deben tener bien definidos los protocolos de búsqueda y las acciones inmediatas a seguir luego de la desaparición, debido a que las 24 y 72 horas siguientes al evento son cruciales.

También se refirió a eficientar los procesos de investigación por parte de las autoridades, y la necesidad de planes para la reparación del daño para las víctimas o para sus familiares.

Los expertos buscan un mecanismo para que sus recomendaciones puedan ser incorporadas al dictamen que se debate en el Congreso de la Unión.

Intercambios

El presidente de la Comisión Especial de Iguala, el panista Guillermo Anaya, se dijo dispuesto a encontrar el mejor mecanismo para intercambiar información, incluso que los legisladores de este órgano podrían ser puente con los integrantes de las comisiones dictaminadoras para hacer un trabajo más efectivo.

La vicecoordinadora del PT Lilia Aguilar, pidió que todos los documentos que han recibido los integrantes de esta comisión por parte de autoridades y organizaciones de la sociedad civil le sean entregados a los expertos para sus recomendaciones.

Los expertos estarán en nuestro país aproximadamente seis meses y después emitirán sus recomendaciones, para que hechos como la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, Guerrero, no vuelvan a ocurrir. (Con información de El Universal, Milenio y Radio Fórmula)