Agencias, Ciudad de México.- Pakistán se prepara para lanzar una campaña contra la inmigración ilegal, que según el gobierno tiene un impacto negativo en la seguridad, la economía y la sociedad del país. El ministro interino del Interior, Sarfraz Bugti, anunció el martes que a partir de noviembre se iniciará una operación a nivel nacional para identificar y deportar a los extranjeros que viven sin permiso en el país, entre los que se encuentran más de un millón de afganos.

Bugti dijo que la campaña no está dirigida específicamente contra los afganos, sino que se aplicará a todas las nacionalidades, incluidos los ciudadanos de Bangladesh, Irán, Uzbekistán y China. Sin embargo, reconoció que los afganos son el mayor grupo de migrantes irregulares en Pakistán, y que muchos de ellos llevan décadas en el país sin haber obtenido la nacionalidad paquistaní o un estatus legal.

El ministro instó a los extranjeros que se encuentran en situación irregular a que regularicen su situación o abandonen el país antes de finales de octubre, de lo contrario se enfrentarán a la detención y la expulsión. Además, anunció que el gobierno confiscará las propiedades y los bienes de los migrantes ilegales, y que ofrecerá recompensas a los ciudadanos que informen a las autoridades sobre su presencia. Asimismo, dijo que se reforzarán los controles fronterizos y se aumentará la cooperación con los países de origen de los migrantes para facilitar su retorno.

La campaña contra la inmigración ilegal se produce en un contexto de tensión entre Pakistán y Afganistán, tras la toma del poder por parte de los talibanes en el país vecino. Pakistán acusa a Afganistán de albergar a grupos insurgentes que realizan ataques transfronterizos contra su territorio, y ha cerrado varios pasos fronterizos para evitar el flujo de refugiados. Por su parte, Afganistán acusa a Pakistán de apoyar a los talibanes y de interferir en sus asuntos internos.

La medida anunciada por Pakistán ha generado preocupación entre los migrantes y las organizaciones humanitarias, que advierten de las dificultades y los riesgos que implica el retorno forzoso de los extranjeros, especialmente de los afganos. Según la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), Pakistán alberga a unos 1,4 millones de refugiados afganos registrados y a unos 840,000 afganos que no tienen ningún documento. Muchos de ellos huyeron de la guerra y la violencia en su país, y no tienen garantías de seguridad ni de acceso a servicios básicos si regresan.

Además, muchos de los afganos que viven en Pakistán han nacido y crecido en el país, y tienen vínculos familiares, sociales y económicos con la sociedad paquistaní. Algunos de ellos han obtenido la educación y la formación que no hubieran podido conseguir en Afganistán, y han contribuido al desarrollo de Pakistán con su trabajo y su talento. La deportación masiva de los afganos supondría una ruptura de estos lazos y una pérdida de capital humano para ambos países.

ACNUR ha pedido a Pakistán que respete el principio de no devolución, que prohíbe expulsar a una persona a un lugar donde su vida o su libertad estén en peligro. También ha solicitado que se facilite la integración local o la reasentación en terceros países de los afganos que no puedan o no quieran regresar a su país de origen. Asimismo, ha instado a la comunidad internacional a aumentar el apoyo a Pakistán y a Afganistán para hacer frente a la crisis humanitaria y a buscar soluciones duraderas para los refugiados y los desplazados.

La campaña contra la inmigración ilegal anunciada por Pakistán plantea un desafío para la protección de los derechos humanos y el respeto al derecho internacional. También supone una oportunidad para abordar las causas y las consecuencias de la migración forzada, y para promover la cooperación y la solidaridad entre los países afectados. La solución al problema de la inmigración ilegal no puede basarse en la represión y la expulsión, sino en el diálogo y la integración.

Con información de: APnews