Monitor Sur/Redacción
Guatemala, Guatemala, 5septiembre2015.-Las autoridades guatemaltecas respondieron rápidamente ante las denuncias de corrupción contra Pérez Molina, sin embargo, cuando en reiteradas ocasiones se le acusó de cometer crímenes de lesa humanidad, hicieron caso omiso.
El expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, está siendo juzgado por crímenes de corrupción cometidos durante su período de mandato (2012-2015), a través de la red “La Línea”, que se dedicaba al contrabando, la defraudación presupuestaria y el lavado de dinero en las principales aduanas del país.
El pasado 6 de abril, el caso se dio a conocer por la Fiscalía de la nación centroamericana y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), y desde entonces se ha determinado la vinculación de unas 158 personas más, entre ellas, la ex vicepresidenta Roxana Baldetti y su ex secretario privado, Juan Carlos Monzón.
Hasta ahora varias personas han sido detenidas por el caso “La Línea” y la justicia guatemalteca sigue el curso de las investigaciones, a través de las cuales se han obtenido resultados tan contundentes, que conllevaron a que el Congreso retirara la inmunidad a Pérez Molina y a su posterior renuncia, para ser juzgado, ante el Ministerio Público (MP).
A pesar de que el exmandatario ha reiterado en diferentes oportunidades que no tiene ningún tipo de relación con la red de contrabando, las autoridades han continuado con el proceso legal, lo que muestra el correcto funcionamiento de los poderes en ese país. No obstante, cabe preguntarse ¿Por qué el MP y la Cicig han dado tanta celeridad a esta investigación, mientras que a las denuncias de crímenes de lesa humanidad contra Pérez Molina, le hicieron caso omiso?
ACUSACIONES DE GENOCIDIO
Durante la candidatura de Pérez Molina a la presidencia en 2011 y luego de haber ganado el cargo, se presentaron diferentes denuncias en su contra, por el uso sistemático de la tortura y el genocidio en Guatemala durante la dictadura de Efraín Ríos Montt (1982-1983).
Para el momento en el que Pérez Molina ganó la primera vuelta de las elecciones en 2011, la abogada en derechos humanos, Jennifer Harbury, manifestó su preocupación por los antecedentes del entonces candidato, quien en diferentes oportunidades aseguró que no había participado en la campaña genocida en las montañas de Quiché (noroccidente) durante el año 1982 cuando ocupaba el cargo de Mayor General, sin embargo, en un video que circuló por todo el país, aparecía parado ante varias personas que habían sido torturadas.
En ese momento, entre el 70 y el 90 por ciento de las aldeas del Triángulo Ixil (tres municipios de Quinché) fueron arrasadas.
En 2013, en el marco del juicio contra Ríos Montt, el exmiembro de la Fuerza Armada guatemalteca, Hugo Reyes, destacó que fue testigo de las matanzas perpetradas durante la dictadura, por parte de las tropas comandadas por Pérez Molina en Quinché.
Relató que bajo órdenes del Mayor General, los militares coordinaban la quema y el saqueo de la gente para luego ejecutarlos, y añadió, que estas personas llegaban al campamento militar “golpeadas, torturadas, con la lengua quitada, con las uñas quitadas, entre otras lesiones”.
Por su parte, Julio Velasco, quien fue recluido en el campamento militar cuando tenía ocho años, reforzó esta versión, al detallar que los uniformados cortaban la lengua a los indígenas que no hablaban castellano, maltrataban a los bebés que lloraban y enterraban en fosas comunes a sus víctimas.
Antes de iniciar el juicio a Ríos Montt, Pérez Molina negó a la prensa que en Guatemala se haya cometido un genocidio contra las comunidades indígenas durante el conflicto armado.
ABOGADO DE PÉREZ MOLINA FUE ABOGADO DE RÍOS MONTT
En un contexto de mucha tensión en Guatemala por el juicio que enfrenta el exmandatario, el diputado y líder indígena Amilcar Pop citó en su perfil de Facebook, una información publicada por el candidato a diputado, Rolando Robles, donde muestra a los abogados que defendieron a Efraín Ríos Montt y a su jefe de inteligencia, Mauricio Rodríguez Sánchez.
“Los mismos abogados que defendieron a Efraín Ríos Montt y a Rodríguez Sánchez por el caso de GENOCIDIO, y a otros señalados de violaciones a los derechos humanos, son los mismos a los que recurrió Otto Pérez Molina para que lo defendieran. Todo queda muy claro”, se puede leer en la red social.
César Saúl Calderón es el representante de Pérez Molina ante el proceso judicial en su contra, y según el Centro de Medios Independientes de Guatemala, este abogado tiene amplia experiencia en casos de litigio.
Según se conoció, Calderón viene de una escuela de litigio en la que “los abogados que se especializan en obstruir la justicia presentando recursos legales (…) no tienen otra finalidad más que entorpecer y alargar el caso. Y por hacer eso cobran millones”.