Agencias / MonitorSur / Ciudad de México .- En México, los trabajadores que sean despedidos de manera ilegal durante la pandemia de coronavirus tendrán que esperar al menos cuatro años hasta que sus reclamos se resuelvan, advierten abogados, lo que potencialmente dejará a decenas de miles de personas sin ingresos ni beneficios del estado.

En todo el mundo, millones de personas están sobreviviendo con ingresos más bajos o con sus ahorros. Las empresas han cerrado y las familias se quedan en el hogar para detener la propagación del nuevo coronavirus, que ha infectado al menos a 1,4 millones de personas y matado a más de 83.000.

En México, se perdieron más de 346.000 empleos formales entre el 13 de marzo y el 6 de abril, informaron desde la Secretaría del  Trabajo y Previsión Social. Para este año, las predicciones indican una contracción de la economía, y se esperan más despidos en el país, que no tiene beneficios federales por desempleo.

En México, donde hay más de 3.000 casos confirmados del virus, la semana pasada se declaró emergencia sanitaria y se les pidió a las personas que permanecieran en sus hogares y que los comercios no esenciales cierren.

El gobierno ha recomendado a los trabajadores que reaccionen ante los despidos o suspensiones, pero quienes no tienen la capacidad de negociar una indemnización justa o un salario parcial con sus empleadores tendrán que presentar demandas ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje.

Pero las juntas están cerradas durante la epidemia y los casos, en general, duran al menos cuatro años para llegar a un resultado, mientras que ya hay 1 millón de casos pendientes, aseveran los abogados.

“Son cámaras de tortura, es un infierno ahí litigando esperando horas”, le relató Manuel Fuentes, un abogado laboral que representa a los trabajadores, a la Fundación Thomson Reuters.

“Cuando haya posibilidades de que puedan abrir (…) habrá filas y filas de demandas y unos pocos trabajadores que podrán atender esos casos”.

En los últimos cinco años, el presupuesto federal de las juntas laborales se redujo en un 30 % a 746 millones de pesos (31,7 millones de dólares).

Con información de la agencia  ‘Reuters’.