Agencias / MonitorSur, Xalapa, Veracruz .- Alfonso Ramírez Cuellar es un político mexicano de larga data que fue electo como diputado y que funge como presidente del partido Morena, por el que fue electo el actual mandatario de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Esta semana, Ramírez Cuellar encendió la polémica en los medios de comunicación y ámbitos políticos de México al hacer público un documento en el que propuso que, por mandato Constitucional, se otorgue al Instituto de Estadística y Geografía (INEGI) la facultad para medir “la concentración de la riqueza y las grandes fortunas” de México, como una herramienta para elaborar políticas de progresividad fiscal que reviertan la profunda desigualdad que se vive en el país.

Sin embargo, según apuntó el economista David Lozano, integrante del Centro de análisis multidisciplinario de la Universidad Nacional (UNAM) consultado por Sputnik, la propuesta de Ramírez Cuellar es un “parche” para no meterse con el verdadero problema de la desigualdad en México: la estructura tributaria del Estado.

Una política fiscal para la desigualdad

“El sistema tributario mexicano históricamente ha deducido a las clases privilegiadas todos los impuestos por su consumo”, dijo Lozano para señalar el punto neurálgico que favorece a los sectores de mayores ingresos del país. Ahondó su respuesta con un ejemplo: si ganas tres millones de dólares, el Estado mexicano primero grava ese ingreso con impuestos, pero, a la vez, te permite que los deduzcas (los devuelve) de todo el consumo que se haga de manera formal, facturación mediante.

“La ley fiscal mexicana tiene muchos problemas que no se resuelven con una propuesta como la de Ramírez Cuellar, sino directamente en el Sistema de Administración Tributaria (SAT)”, sostuvo el economista de la UNAM en diálogo con este medio.

Asimismo, la fuente señaló que el mecanismo propuesto por Rodríguez Cuellar existe en países como Islandia, Finlandia y Bélgica,que tiene altos ingresos y un aceitado sistemático económico formal, que dista geográfica y materialmente de la realidad mexicana (y latinoamericana), donde los ingresos son bajos y la informalidad es la norma.

“Se supone que en México, como en muchos otros países, tus compras tienen que corresponder con tus ingresos, pero aquí nunca se dio un proceso de certificación constante y global de los ingresos. La propuesta de Ramírez Cuellar no tiene sentido en un país como México con ingresos bajos y compras informales, porque el Estado tampoco garantiza una retribución acorde al pago de impuestos, por eso, hay una gran desconfianza de la población a este tipo de aspectos”, dijo Lozano a Sputnik.

El economista señaló que solo una vez en la historia mexicana durante los mandatos del militar Antonio López de Santa Anna —quien es tristemente célebre por haberle vendido a Estados Unidos más de 100.000 kilómetros cuadrados de territorio mexicano con el Tratado de la Mesilla, firmado el 30 de diciembre de 1853— se estableció un sistema de fiscalización de las pertenencias (el consumo) de los hogares para, a partir de eso, establecer el pago de impuestos correspondiente.

“Pero si entras a fiscalizar a mi casa y mis niveles de ingreso no me dan para vivir de manera adecuada al trabajo que realizó, el Estado estaría obligado a brindarme esos recursos. Eso voltea la propuesta de Ramírez Cuellar, al exigirle al Estado lo mismo”, explicó el economista.

¿Quién paga la crisis económica que se viene?

Ahora bien, si la transformación del sistema tributario es una herramienta clave para la redistribución de las riquezas en un país como México, que está entre los cuatro más desiguales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), ¿por qué no se ha establecido aún un régimen de progresividad fiscal sobre los ingresos que haga que los que ganen más, paguen más impuestos?

“Esa es una respuesta más política que económica y es debido a que la política fiscal siempre ha respondido a las clases privilegiadas. México ha sido un gran ejemplo en América Latina de lo que no hay que hacer, porque ante un cambio de Gobierno las clases privilegiadas se incorporan a él, para ser parte del uso del poder y, en consecuencia, generar mecanismos para que no se los toque a ellos”, respondió el economista.

Sobre este punto, ha sido sintomático el acercamiento que el segundo hombre más rico de México, Ricardo Salinas Pliego, dueño de un sinnúmero de empresas, entre ellas la televisora TV Azteca, ha cosechado con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Salinas Pliego ha hecho su fortuna a partir de la explotación de los más pobres y más recientemente a partir de concesiones mineras y proyectos de electricidad que han aumentado su fortuna a un punto tal que, en pocos años, pasó del cuarto al segundo lugar de los hombres más ricos de México”, explicó a Sputnik el periodista, escritor y analista Luis Hernández Navarro.

Por otra parte, este empresario ha jugado recientemente un papel controversial durante la pandemia, al mantener sus tiendas de electrodomésticos Elektra y sucursales del Banco Azteca abiertas durante todo el tiempo que ha durado la jornada nacional de Sana Distancia para prevenir la transmisión del nuevo coronavirus, a contrapelo de las recomendaciones que el Gabinete de Salud ha hecho. Se exigió cerrar las actividades no esenciales, primero de manera voluntaria desde el 23 de marzo y, luego, de manera obligatoria desde el día 30 de ese mes.

Lozano explícitamente mencionó que las televisoras han sacado tajada de esta estructura fiscal para la desigualdad, ya que históricamente “han cargado al fisco mexicano un sinnúmero de gastos de operación que tienen y el fisco se los regresa, lo facturan todo, hasta la ropa interior”, apuntó.

Sin embargo, esto no ha sido óbice para que siga siendo favorecido por el Gobierno actual, quien discursivamente se ha plantado como contrario a estas estructuras históricas de beneficio de los mismos de siempre, a los que López Obrador se refiere públicamente como “la mafia del poder”.

“No obstante, López Obrador nunca se ha referido a Salinas Pliego como parte de la mafia del poder y, en cambio, ha beneficiado a sus empresas, entregándole la distribución de las ayudas económicas para los sectores pobres, también aseguró con él los edificios de la Secretaría de Educación Pública y le entregó esa Secretaría a Esteban Moctezuma Barragán, quien durante 17 años fue presidente de la Fundación Azteca, de Salinas Pliego”, comentó Hernández Navarro.

Mientras tanto, la desigualdad del país, según datos de la OCDE, creció entre 2014 y 2020, pasando de 0,47 del llamado índice Gini, que se usa para medir esta compleja variable social —en la que 0 corresponde a los sistemas más igualitarios en su reparto económico de la riqueza y 1 a los menos—, a 0,48 en la actualidad.

El problema, ahora, es quién va a cargar con el peso de la crisis y la contracción económica que enfrentarán todos los Estados, no solo el mexicano. Según el análisis hecho por Lozano y los otros integrantes del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, su estimación indica que en 2020 el producto interno bruto mexicano sufrirá una caída entre 10% y 12%, muy por encima del 8,5% que estiman hoy los organismos internacionales como el Bank of America o Goldman Sachs.

Eso, claro, si no es peor.

“El descenso de Estados Unidos va a agudizar la situación en México y en muchos países de Latinoamérica, sobre todo Brasil. Es posible que el PIB norteamericano llegue a caer hasta 10% y si esa expectativa se cumple, el PIB mexicano sufrirá entonces una caída de entre 17% y 22% en 2020”, concluyó el economista de la UNAM.

Con información de la agencia rusa ‘Sputnik’.