Agencias / MonitorSur, Xalapa, Veracruz .- Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), y Carlos Romero Aranda, procurador fiscal, fueron los encargados de presentar los detalles de un esquema de evasión fiscal mediante facturas falsas con el cual dejaron de ingresar a las arcas del Estado millones de pesos en impuestos; los involucrados, advirtieron los funcionarios del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, podrían pasar hasta 16 años en la cárcel de no regularizar su situación.
En días pasados, el presidente López Obrador ya había mencionado que se presentarían denuncias por este esquema, en el cual había funcionarios de anteriores gobiernos involucrados, y se invitaba a no pagar impuestos.
Este martes, en la conferencia matutina del presidente, la titular del SAT informó que se presentará un primer paquete de denuncias contra 43 empresas factureras, relacionadas con 8,212 empresas y personas morales, entre las cuales presentaron operaciones simuladas por 93,000 millones de pesos, las cuales causaron 24,583 millones de pesos de Impuesto Sobre la Renta (ISR) y 11,396 millones de pesos de Impuesto Al Valor Agregado (IVA).
En su presentación, la funcionaria agregó que las empresas factureras pagaron nómina, pero no pagaron al SAT la retención de ISR por 19,146 millones de pesos.
En total, estas empresas provocaron que se dejaran de pagar 55,125 millones de pesos en contribuciones del ejercicio fiscal 2017.
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El procurador fiscal Carlos Romero anunció que hoy se presentarán siete querellas por defraudación fiscal y lavado de dinero, para tratar de equiparar a delincuencia organizada, en contra de estas factureras.
Conscientes de que empresarios involucrados pudieron haber participado en este esquema sin saber que se trataba de un acto ilegal y de delincuencia organizada, el SAT les invitará, mediante el buzón tributario, a regularizar su situación.
Sin embargo, si después de tres meses los involucrados no regularizan su situación, la ley actuará también contra ellos mediante la Procuraduría Fiscal.
En la presentación del procurador fiscal se advirtió que el delito de defraudación fiscal o equiparada puede alcanzar una pena de hasta nueve años de prisión; el de delincuencia organizada una de hasta 16 años de cárcel y el decomiso de bienes; y los delitos contra la seguridad nacional incluyen prisión preventiva oficiosa y una pena de hasta 13.5 años de cárcel.
Carlos Romero señaló que mediante reformas estructurales en materia fiscal realizadas en 2019 y 2020, se deja claro que no se permite la condonación de impuestos y que la evasión fiscal se equipara con delincuencia organizada.
“Se acabó la fiesta, las factureras no pueden seguir adelante”, declaró el funcionario, quien agregó que “todos tenemos que pagar impuestos y cumplir debidamente con nuestras obligaciones fiscales” y que las investigaciones permitirán llegar a las cabezas de estos grupos delincuenciales.
Durante este informe, se reveló que la proliferación de las factureras se dio a partir de 2010, y que aunque éstas suelen inventar transacciones mediante la compra-venta de productos y servicios que no existen, también suelen utilizarse para pagarse actividades ilegales, entre las que pueden contarse el narotráfico y la trata de personas.
Estas factureras suelen utilizar a prestanombres (muchas veces personas de escasos recursos) para constituirse, así como domicilios inexistentes.
Con información de la agencia ‘Notimex’.
