Agencias
Washinton, EU, 15 julio 2017.-La administración de Donald Trump considera dar poderes al Departamento de Seguridad Interna (DHS) para deportar de manera expedita a inmigrantes detenidos en cualquier lugar de Estados Unidos que no hayan estado presentes de manera continua por más de 90 días.
De acuerdo con un memorándum interno revelado este sábado por el diario The Washington Post, estas deportaciones permitirán “mejorar la seguridad nacional y la seguridad pública”, así como aliviar los cuellos de botella en las cortes de migratorias del país que han provocado retrasos de audiencias por más de dos años.
Desde 2004, las deportaciones expeditas se aplican sólo para aquellos inmigrantes indocumentados detenidos dentro de una franja de 160 kilómetros a lo largo de la frontera, y para quienes no puedan comprobar haber estado de manera continua en el país por 14 días.
El diario indicó que de implementarse, el cambio sopesado por el gobierno significaría una dramática expansión de los poderes del DHS para acelerar las deportaciones de algunos inmigrantes indocumentados, sin mediación de las cortes de migración.
Dos funcionarios del gobierno no identificados confirmaron al diario que la nueva política está siendo revisada y explicaron que por ahora el DHS está esperando recibir los comentarios de la Oficina de Presupuesto y Personal (OMB).
Joanne F. Talbot, vocera del DHS, dijo que el secretario John F. Kelly no ha tomado ninguna decisión final sobre lo que calificó como un borrador, y aseguró que el cambio resultará en un uso más óptimo de los recursos de la dependencia.
“Los cambios potenciales permitirían al DHS utilizar más eficientemente los recursos para eliminar a las personas que han estado presentes ilegalmente durante períodos de tiempo relativamente cortos, mientras siguen observando los requisitos del debido proceso”, explicó.
Talbot dijo que quienes se muestran sorprendidos de que el gobierno esté considerando ampliar el uso de la deportación expedita “no ha estado prestando atención. La expansión que se describe está explícitamente permitida” bajo la ley federal.
Organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes se pronunciaron contra la propuesta, y advirtieron que la política resultará en un mayor número de inmigrantes indocumentados que buscan asilo sin acceso al debido proceso u otras protecciones legales.
“Esta es un distanciamiento radical de la política y la práctica actuales, y es gigantesco paso hacia la implementación de la fuerza de deportación de Trump en todo el país”, dijo Marielena Hincapié, directora ejecutiva del Centro Legal Nacional de Inmigración (NILW).
Funcionarios del DHS disputaron tales caracterizaciones, indicando que la nueva política permitirá a la agencia aprovechar la discreción operativa con la que ha venido operando desde que el Congreso la confirió esa autoridad en 1996.
El diario citó cifras del Consejo Americano de Inmigración según las cuales el uso de las deportaciones expeditas aumentó sustancialmente una década después, pasando de unas 50 mil en 2004 a 193 mil en 2013, un incremento de casi 44 por ciento.
