Agencias, Ciudad de México.- La expresidenta de Bolivia Jeanine Áñez está “débil” y “con dolores de cabeza” en su octavo día de huelga de hambre en la cárcel de Miraflores, en La Paz, donde está encarcelada de forma preventiva desde hace casi un año por su rol en la crisis política de 2019.

“Hoy cumplo mi octavo día de huelga de hambre, me siento débil, con dolores de cabeza, pero con fuerza en mi espíritu y con mucho compromiso con mi país”, ha indicado la mandataria a través de una carta que ha leído su hija, Carolina Ribera.

Más tarde, la propia hija de la exmandataria ha publicado en sus redes sociales que su madre tiene “un cuadro de parestesia en la boca, piernas y pies” relacionado, dice, con la falta de magnesio, potasio, cloro y la disminución del azúcar.

Además, ha alertado de que la “presión (arterial) está baja en 70/90”, por lo que ha pedido “atención inmediata” para Áñez a la par que ha denunciado que “el encierro y la injusticia la están matando”.

Por otro lado, en la carta leída previamente por Carolina Ribera, la exmandataria ha vuelto a definirse como “presa política” y ha indicado que los “presos políticos” como ella son víctimas de “una justicia que vergonzosamente responde a los abusos” del Movimiento Al Socialismo (MAS).

“Presos políticos, como yo, que no tenemos que probar inocencia por hechos que no ocurrieron, somos inocentes por Constitución y por conciencia, mi voz ya no me pertenece, es la voz de todos los bolivianos que gritamos justicia y paz para todos”, ha agregado.

“Mi voz es la voz de todos los presos políticos y nosotros daremos la vida por el país”, ha continuado, antes de remarcar que “esta causa es la causa de todos” y que su verdad es la verdad de “todos los bolivianos”. “Esa es nuestra única y verdadera lucha, nunca van a poder cambiar la historia”, ha aseverado. “Si quieren mi vida, se la daré, pero la verdad siempre prevalecerá”, ha remachado.

Ribera ha vuelto a pedir al relator especial de Naciones Unidas sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados, Diego García-Sayán –de visita en Bolivia para evaluar la independencia judicial– que visite a la exmandataria en la cárcel de Miraflores “por humanidad”.

“Mi madre sigue con la decisión de (continuar) con la huelga de hambre hasta tener una audiencia con él y la visite, así que le pido al relator que venga a ver a mi madre”, ha indicado, según ha recogido el diario boliviano ‘La Razón’.

Según la hija de Áñez, la expresidenta quiere ver a García-Sayán para denunciar personalmente “las violaciones a sus Derechos Humanos y todo lo que le ha hecho en Bolivia el Gobierno de turno, que ha sido tan abusivo con ella”.

En este sentido, en un mensaje publicado en su cuenta de la red social Twitter, que gestiona su círculo, Áñez ha dado a conocer que entregará al relator de la ONU “17 pruebas públicas de la injerencia del Ejecutivo en el Judicial y la Fiscalía, a través de los Ministerios de Justicia, de Gobierno y la Procuraduría”. Se trata de evidencias contenidas en un CD y un informe “sucinto”.

Por otro lado, Ribera ha denunciado que debía visitarla un médico particular, pero que las autoridades penitenciarias no le han permitido la entrada. “Sigue vigilada por médicos del Régimen Penitenciario, espero que no pase una consecuencia mayor que atente contra su vida”, ha dicho.

El Gobierno de Bolivia aseguró que Áñez estaba “estable” y afirmó que “no tiene nada que esconder” al relator de la ONU, que se reunirá con diversas autoridades bolivianas y, antes de abandonar la nación andina, se verá con el presidente, Luis Arce.

La llegada del relator de la ONU coincide con la suspensión del auto de apertura del juicio oral por el llamado caso ‘Golpe de Estado II’, por el que la expresidenta está acusada de haber actuado en contra de la Constitución y resoluciones contrarias a las leyes por haber asumido la Presidencia “sin cumplir los procedimientos”, según la Fiscalía de Bolivia.

Áñez, que inició su huelga de hambre, en vísperas de la apertura del juicio, tiene casos abiertos en su contra por el rol que desempeñó en la crisis política de 2019. También está acusada de terrorismo, conspiración y sedición en el marco del caso ‘Golpe de Estado I’.