Agencia / MonitorSur / Ciudad de México.- Tres de los principales proyectos de la Secretaría de Gobernación (SG) vinculados al tema de seguridad y justicia verán reducido significativamente su presupuesto para el año entrante, según el proyecto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El Registro Nacional de Población (Renapo), responsable de la generación de la clave de identidad ciudadana, tendría 16 por ciento menos, aun cuando la clave es considerada elemento de ‘‘seguridad nacional’’ y es parte del decálogo en la materia presentado por el presidente Enrique Peña Nieto en noviembre pasado.

Según la previsión hacendaria, ahora en análisis de los diputados, el Renapo pasaría de 649 a 546 millones de pesos, aun cuando la SG se planteó hace un año avanzar sustancialmente en la homogeneización de las actas de nacimiento, la generación de la clave única e incluso pretendía generar las bases para la producción de cédulas o micas de identidad (La Jornada, 22/12/14).

El Renapo tendrá 16% menos

Con ese propósito dejó en 2015 la austeridad presupuestal impuesta al Renapo, el cual en el bienio anterior –el arranque del actual sexenio– tuvo partidas anuales de sólo 200 millones de pesos, aproximadamente; en el año que transcurre tuvo autorizada una bolsa de 706 millones.

El relumbrón duró sólo un año; para el entrante vuelve a la baja. De los 546 millones de pesos propuestos, una quinta parte va para el pago de nómina y el resto a la operación de este registro, actualmente a cargo de más de 123 millones de expedientes.

El Registro Nacional de Población va de la mano con la creación del formato único nacional para la emisión de actas de nacimiento, a cuyo gasto para modernización también se aplicaría una baja.

El segundo rubro con afectación es el subsidio para la implementación del nuevo sistema de justicia penal, al pasar de mil 9 a 713 millones de pesos, según los proyectos presupuestales diseñados por Hacienda para 2015 y 2016. Los recursos para este gran proyecto, identificado como el sistema de los juicios orales, ponen en un aprieto a los responsables de su aplicación, porque el plazo constitucional para implementarlo en todo el país vence en nueve meses, esto es, en junio de 2016.

Los funcionarios del sector han señalado que recurrirán a alternativas para cumplir con los objetivos que marca la Constitución; en ese contexto, no descartan la renta de inmuebles para la realización de juicios y buscar otras vías de ingresos para compensar la austeridad presupuestal.

En tanto, el plan antidelito, operado por Gobernación, bajaría 20 por ciento, al pasar de 2 mil 600 a 2 mil millones de pesos. El plan de Hacienda fue diseñado de esa manera pese a que las propias autoridades federales relacionan la aplicación del programa de prevención social de la violencia y la delincuencia (en las mil colonias más violentas del país) con la baja de incidencia delictiva.

Hacienda plantea una reducción de los planes y operaciones de prevención del delito (tanto el operado por Gobernación como el aplicado en la Comisión Nacional de Seguridad), pero preserva –e incluso eleva un poco– el dinero para la operación en campo de la Policía Federal.

Gobernación no ha detallado el proyecto hacia la generación del 911 mexicano –teléfono nacional de emergencias–, incluido en el referido decálogo. En términos generales, la secretaría tendrá una baja (si así lo confirman los diputados) de 13 por ciento, al pasar de 77 mil a 67 mil millones de pesos. Hay recortes en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, sistema penitenciario, Instituto Nacional de Migración y el mecanismo de diálogo con los pueblos indígenas, entre otros.

Con información de “LA JORNADA”