Mientras comparecían funcionarios de Hacienda, CNBV y Condusef por caso fraude de Ficrea, un grupo de defraudados por la financiera protestaron afuera de la Cámara de Diputados para pedir que les sean devueltos sus ahorros.
Desde las 10:00 de la mañana un grupo de aproximadamente 150 personas se instaló en la calle Emiliano Zapara para protestar.
El presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Jaime González Aguadé, junto con un grupo de diputados salió a contestar cuestionamientos de los inconformes.
Ante diputados, Aguadé, afirmó que la intervención de esta institución en el fraude de la Sociedad Financiera Popular Ficrea permitió la confiscación de contratos de arrendamiento de la empresa subsidiaria Leadman, por tres mil 200 millones de pesos.
Todos estos activos permitirán, una vez monetizados, pagar parte de los recursos a los ahorradores afectados, agregó ante legisladores de la Tercera Comisión, de la Comisión Permanente (Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas).
“Entre los activos cedidos se encuentran: contratos de arrendamiento de Leadman por tres mil 200 millones de pesos, más o menos, a valor contable; 28 inmuebles, 234 vehículos; mobiliario y equipo sujeto a valuación; derechos litigiosos por 58 juicios, por un valor manifestado de 200 millones de pesos” dijo.
Al encuentro con los legisladores también asistieron los titulares de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), Mario Di Costanzo Armenta, y de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Alberto Bazbaz Sacal.
El funcionario de la CNBV refirió que en julio de 2014 se detectaron actividades fraudulentas relativas a lavado de dinero, cuando Ficrea, a través de las empresas financieras Leadman Trade & Baus, transfirieron los recursos de los ahorradores al extranjero, con el fin de realizar operaciones inmobiliarias.
Derivado de esta situación financiera, dijo, el Comité de Protección al Ahorro determinó el 17 de diciembre, la implementación del mecanismo de disolución y liquidación toda vez que la sociedad ya no contaba con viabilidad financiera y operativa en forma alguna para cumplir con su objeto social.
Precisó que a partir de la intervención de la Comisión, fue posible identificar la forma y el monto del desvío de recursos hacia las empresas relacionadas que no eran supervisadas por aproximadamente cinco mil 900 millones de pesos.
