De cara a la reunión plenaria que el Grupo Parlamentario del PAN celebrará esta semana, en la que se definirán los temas prioritarios a impulsar por esta bancada en el siguiente periodo ordinario de sesiones, la senadora Laura Angélica Rojas Hernández anunció se incorpore a la agenda legislativa reforma en materia de conflicto de interés y de evolución patrimonial.
Rojas Hernández, integrante de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, explicó que la urgencia de legislar en materia de conflicto de interés es obvia, a fin de evitar que vuelvan a suceder casos como el de la “Casa Blanca”, la de Ixtapan de la Sal y Malinalco, cuya adquisición y financiamiento por parte del presidente de la Republica, su familia y colaboradores se hizo a contratistas de sus gobiernos.
Asimismo, Rojas Hernández dijo que es fundamental modificar la ley para establecer la obligación de publicitar en versiones públicas las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos, empezando por el presidente de la República, gobernadores, alcaldes, legisladores federales y locales, así como jueces, magistrados y ministros.
Dichas declaraciones deberán de estar concentradas en una plataforma nacional de tal forma que, sin importar los poderes o los órdenes de gobierno por los que los servidores públicos hayan pasado, la información sobre su evolución patrimonial pueda ser sujeta de un claro seguimiento y escrutinio, explicó.
Por otro lado, resaltó la importancia de incluir en la agenda legislativa del GPPAN la aprobación de la reforma secundaria en materia de transparencia, que deberá ser aprobada por mandato constitucional el 7 de febrero próximo. La reforma en materia de transparencia y la de anticorrupción son reformas hermanas que se complementan, por lo que no se debe olvidar que anticorrupción y transparencia son un binomio necesario.
La aprobación de estos instrumentos jurídicos, explicó Rojas Hernández, constituirán el marco jurídico que permitirá a todo ciudadano mexicano, independientemente del lugar en donde radique, tener garantizado su derecho de acceso a la información pública.
