• Enfatizó el trabajo de la Mesa de Reconciliación que analiza los casos no sólo ante la pandemia, sino para cumplir con la reinserción de personas privadas de la libertad
• En lo que va de esta administración, se ha liberado a 198 personas
• Pidió a los beneficiados aprovechar esta oportunidad y no involucrarse en situaciones que pongan en peligro otra vez su libertad

Como un acto humanitario y de justicia, ante la emergencia sanitaria por el COVID-19, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas encabezó la preliberación humanitaria de 34 reclusos que se dio por sentencia suspendida o cambio de medida cautelar, donde resaltó que en Chiapas se respetan los derechos humanos y se está atento a los beneficios que la ley permite a las personas privadas de su libertad.

En ese marco, Escandón Cadenas pidió a los liberados aprovechar para bien esta oportunidad, que es una acción apegada a la Constitución Mexicana; tomar en consideración el derecho de los demás y no involucrarse en situaciones que pongan en peligro otra vez su libertad: “Sirvan de ejemplo y hagan el llamado a sus seres queridos y a la sociedad a evitar conflictos que tengan como resultado la pérdida del derecho a vivir libre”.

Junto al titular del Poder Judicial del Estado, Juan Óscar Trinidad Palacios, el mandatario manifestó que hablar de reinserción social es cumplir con requisitos que prevé la ley en materia de capacitación laboral, educación y salud, entre otros, por lo que reconoció el trabajo de la Mesa de Reconciliación que analiza los casos y, en lo que va de esta administración, ha liberado a 198 personas.

“La libertad es el tesoro más grande que tenemos. Es la mejor forma de desarrollar las aptitudes y talentos. Los seres humanos cometemos errores y algunos transgreden la ley, pero eso no quiere decir que no tengan otra oportunidad de rehacer su vida, y qué mejor que durante la pandemia se lleven estos actos para evitar que corran peligro de contraer la enfermedad, así como el hacinamiento”, apuntó.

Luego de enfatizar la unidad y búsqueda del bien común que persiste en los tres Poderes del Estado, convocó a las y los integrantes de la Mesa de Reconciliación a continuar la revisión respetuosa, seria y consciente de los casos, ya que este trabajo es necesario no sólo ante la difícil situación que se atraviesa en materia sanitaria, sino también para cumplir con la reinserción de quienes están en dicha condición.

Asimismo, subrayó los cuidados y medidas que se han establecido en los centros penitenciarios de la entidad, ya que no ha habido contagios de coronavirus; principalmente, agradeció a las y los internos que de común acuerdo tomaron la decisión de mantener sana distancia, evitar las visitas y desinfectar los alimentos y la ropa que utilizan.

Por su parte, Trinidad Palacios explicó que mediante este acto humanitario, que enmarca los principios de respeto a la ley, los derechos humanos y la justicia, ocho personas recibieron su libertad por sentencia suspendida; y 26 por cambio de medida cautelar, es decir, seguirán vinculados a proceso desde sus domicilios.

En voz de las personas preliberadas, quienes se encontraban en distintos centros de reinserción social del estado, Mauricio “N” externó su agradecimiento al gesto humanitario del gobernador Rutilio Escandón, porque, a pesar de la contingencia sanitaria, les concedieron el acta de libertad que les permitirá reintegrarse a la sociedad y conducirse con rectitud y honradez, en beneficio propio y de sus seres queridos.

“A partir de hoy comenzaré de nuevo en un Chiapas donde la humanidad y la justicia no son polos separados, sino ejemplo de un gobierno sensible a las necesidades de las y los chiapanecos”, expresó al tiempo de llamar a la juventud a que se encaminen con principios y valores, convencidos de que todo acto en la vida tiene una consecuencia.Estuvieron presentes: la diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo; la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Gabriela Zepeda Soto; el secretario general de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos; el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca y el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Juan José Zepeda Bermúdez.