México, D. F., 17 de febrero de 2015 (Círculo Digital).- El Senado de la República aprobó el proyecto de decreto de reforma constitucional en disciplina financiera para estados y municipios, que pone nuevos “candados” a la contratación de deuda pública.

Por mayoría de 89 votos en favor y siete en contra, el Senado envió el proyecto de decreto a los congresos locales para su eventual discusión y aprobación.

De esta manera se creará una Comisión Bicameral, integrada por diputados y senadores, que se encargará de vigilar los convenios que celebren los estados y municipios con el gobierno federal para contratación de deuda.

El proyecto de dictamen señala que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) podrá fiscalizar directamente a los estados, municipios, al Distrito Federal y a los órganos políticos‐ administrativos de sus demarcaciones territoriales, cuando accedan a dichas garantías federales.

Se mantiene la prohibición para contraer obligaciones o empréstitos con gobiernos de otras naciones, personas físicas o morales, extranjeras.

Además, las legislaturas locales tendrán que aprobar los empréstitos y obligaciones por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, previo análisis de su destino y su capacidad de pago.

La nueva medida sólo aplicará para obras y no para gasto corriente.

En el caso de las entidades federativas que tengan niveles elevados de deuda, cuando haya casos graves, el Congreso de la Unión emitirá una “observación” que no será vinculatoria “en un plazo máximo de 15 días, que estime pertinentes, incluso dentro de los periodos de receso del Congreso de la Unión”.

Las bancadas del PRI, PAN y PRD concordaron en los avances que esta medida representa, luego de casos como el de Coahuila, cuyo ex gobernador, Humberto Moreira, aumentó la deuda de esa entidad en 19 mil 270% durante su gestión.

Los casos de deuda más representativos son Chihuahua, cuya deuda asciende al 9.2% de su PIB; Quintana Roo, con el 8.6% y Chiapas, con el 6.8%

El presidente de la Comisión de Hacienda, el priísta José Yunes, hizo notar que la deuda agregada en los niveles de gobierno estatal y municipal tiene un equivalente al 3.1 por ciento del Producto Interno Bruto Nacional, que en 2014 llegó a los 500 mil millones de pesos.

Dijo que cuando el endeudamiento se usa adecuadamente, se convierte en un instrumento que genera desarrollo “pero deudas que no se manejan con estos criterios de responsabilidad, que rompen con la magnitud y que no responden a principios de solvencia, pueden generar un esquema de complicación para el presente y para el futuro. Es por ello de la mayor importancia establecer dentro del orden constitucional los alcances que el Estado debe mantener”.

A su vez, el panista Fernando Torres Graciano respaldó la reforma en nombre de su bancada,  mientras  el ex secretario de Finanzas capitalino, Mario Delgado, criticó la medida al señalar que la deuda se ha convertido en un mecanismo de control político.

De esta manera, se fortalece la fiscalización sobre el endeudamiento público, particularmente cuando se otorgue la garantía federal a los estados y a los municipios.

El 117 constitucional obliga a los gobernantes a contar con la aprobación de una mayoría calificada, prohíbe la contratación de empréstitos para gasto corriente y se abre la posibilidad de que también puedan contratar empréstitos para reestructurar o refinanciar deudas anteriormente contraídas. (Con información de Milenio y El Universal)