Ciudad de México, 17 de marzo 2015 (Círculo Digital).- El acervo de la llamada “Guerra Sucia”, fue catalogado como confidencial por el Archivo General de la Nación, con esta medida, no se permitirá su consulta directa, lo que contraviene el artículo 6 constitucional sobre el derecho de acceso a la información.

Luego de que fuera aprobada la Ley Federal de Archivos, en 2012, uno de  sus artículos permite que ahora exista un nuevo tipo de archivos, los “históricos confidenciales”, es decir, los que contienen datos personales.

El 27 de noviembre 2001, Vicente Fox Quesada dispuso un Acuerdo para la Procuración de Justicia por Delitos Cometidos Contra Personas Vinculadas con Movimientos Sociales y Políticos del Pasado. Éste contemplaba tres medidas principalmente para la atención integral de víctimas y familiares.

A la Procuraduría General de la República (PGR), solicitó la creación de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp); a la Secretaría de Gobernación (Segob) le encargó la integración de un comité interdisciplinario para la reparación del daño, y a todas las secretarías de Estado de la Administración Pública Federal la apertura de sus archivos.

En total trasladaron 4 mil 223 cajas al Archivo General de la Nación (AGN). La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aportó mil 653 legajos y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) entregó 15 expedientes pertenecientes al archivo de la Coordinación de Control y Verificación Migratoria y dos expedientes —en cuatro paquetes y 10 sobres cerrados— de la Dirección General de Derechos Humanos.

La Femospp, a cargo de Ignacio Carrillo Prieto, atendería la Recomendación 26/2001 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en contra del Ejecutivo federal, en la que se pedía abriera información sobre 532 casos de personas desaparecidas por motivos políticos, en su mayoría integrantes de grupos guerrilleros en los años 60 y principios de los 80.

Durante el sexenio del ex presidente Vicente Fox también se abrieron las indagatorias sobre los hechos ocurridos el 2 de octubre de 1968 y del 10 de junio de 1971; el caso de Aguas Blancas, el homicidio de 170 maestros disidentes y los 665 homicidios de militantes del PRD durante la administración de Carlos Salinas.

A través de la fiscalía, las víctimas y sus familiares tendrían la posibilidad de demandar justicia, hacer valer su derecho a la verdad mediante la reconstrucción histórica, y buscarían los mecanismos para la reparación del daño.

Los lineamientos para consultar los acervos fueron aprobados y publicados en el Diario Oficial de la Federación. Se estableció como requisito presentar una solicitud, acreditarse e ingresar a la sala de consulta. El archivo de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS) se ubicó en la Galería Uno; el resto de los documentos fueron depositados en otros espacios del recinto. Galería Uno quedó en resguardo del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

Sin embargo, la Ley Federal de Archivos (LFA), etiquetó el archivo de la extinta DFS en una nueva modalidad, en donde todos los documentos entran en la categoría de “archivo históricos confidencial”, esto de acuerdo a el Art. 27 de la 17/3/2015 de la LFA que establece un lapso de 30 años a partir de la fecha de creación del documento para hacer públicos los documentos con valor histórico y si estos contienen datos personales sensibles, el lapso se extiende a 70 años.

Por lo que, expertos señalan que la aplicación de esta medida no debe ser efectiva puesto que ese acervo contiene información sobre violaciones graves a los derechos humanos y registra datos que son pruebas de delitos de lesa humanidad. (Con información de El Universal)