Rita Balboa*

En los últimos cuatro años se han aprobado diversas leyes en materia de igualdad de género, la última se realizó a fines del año pasado, lo cual  ha logrado visibilizar la violencia que ha imperado hacia el sector femenino.

El Senado realizó reformas a varios artículos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de órdenes de protección. En el dictamen se expone que a pesar de que el Reglamento de la Ley contempla el procedimiento de la aplicación de las órdenes de protección, la realidad denota su poca eficacia, pues quienes las otorgan tienen discrecionalidad para ello, lo que puede llevar a valoraciones sesgadas si no se cuenta con perspectiva de género.

El Senado propuso elevar el nivel de prioridad para la atención de casos de violencia contra las mujeres materializada en las órdenes de protección, a partir de la Ley, como una de las obligaciones más urgentes en el actuar de la autoridad.

Planteo que la emisión de la orden de protección debe producirse de manera expedita, gratuita, con seguimiento por parte de la autoridad del presunto agresor o agresora, estableciendo medidas suficientes y acumulables y sin obstáculos materiales, para garantizar de la manera más amplia la seguridad de la víctima y su familia, de lo contrario se coloca en mayor situación de vulnerabilidad a la víctima o se crea una falsa sensación de seguridad.

Estableció que el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia consiste en el reconocimiento, goce, ejercicio y protección de los derechos humanos y libertades fundamentales, libres de comportamientos y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación, de conformidad con la Constitución.

Incluye como principio rector para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, que deberán ser observados en la elaboración y ejecución de políticas públicas federales y locales. Así como el principio por persona, universalidad, interdependencia, indivisibilidad, interpretación conforme y progresividad, los cuales serán de carácter enunciativo y no limitativo.

Las reformas prevén que el Estado Mexicano garantice a la mujer la erradicación de la violencia en la comunidad, mediante la identificación de zonas de riesgo en las comunidades a través de la revisión de estadísticas sobre incidencia de agresiones contra las mujeres.

Plantean además que las órdenes de protección deberán otorgarse por los ministerios públicos y órganos jurisdiccionales, inmediatamente que conozcan la situación de riesgo, peligro o cualquier otra circunstancia en la que se encuentre una mujer víctima de violencia y las victimas indirectas.

Con la aprobación de la minuta proveniente de la Cámara de Diputados para cambiar el término “equidad” por el de “igualdad”, en la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, se establece la diferencia toral que existe entre ambos conceptos, empleados históricamente como sinónimos.

La equidad significa que cada uno recibe lo que le corresponde o lo que merece, según lo asignado socialmente; la igualdad, en cambio, implica recibir el mismo trato sin considerar diferencias, es Tener los mismos derechos ante la Ley.

Con estas reformas se da cumplimiento a los tratados internacionales y se reivindica el respeto hacia los derechos de la mujer, por una parte, el aspecto incluyente de su participación y por la otra la garantía de no ser discriminada por razones de su género.

Mujer, liderazgo y gobierno

Todos los partidos, sin excepción, tendrán que registrar ante la autoridad electoral el 50 por ciento de sus candidaturas del sexo femenino y el otro 50 por ciento del sexo masculino. Así se lo mandata las reformas que se hicieron a la Constitución a principios del 2014.

La participación política, el liderazgo femenil y la posibilidad histórica de ser gobierno tiene como objetivo el fortalecimiento de la identidad de las mujeres, de la conciencia y de la estrategia política. El poderío personal y de género de las mujeres conduce a la autonomía de cada una y la autonomía, a su vez, es fundamental para establecer el poderío con equidad.

El Decreto que contiene la reforma constitucional de 2014 es el más vasto de una reforma en su tipo, pues modifica 31 artículos de la Carta Magna. Se trata de una reforma que modifica las reglas de la competencia política y el sistema de partidos políticos, fortalece la fiscalización y el régimen de sanciones, regula la participación ciudadana, así como las facultades de la autoridad electoral nacional, mediante la modificación o creación de nuevas leyes.

Derivado del mandato constitucional el Congreso expidió tres nuevas leyes generales: de Instituciones y Procedimientos Electorales, de Partidos Políticos y en Materia de Delitos Electorales y modificó otras tres (Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos) que fueron publicadas el 23 de mayo del 2014.

Es claro que la Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las mujeres fue impulsado por la sociedad civil como una acción afirmativa resultado de la lucha de las mujeres por reducir la desigualdad y mejorar las condiciones de participación política. La propia sociedad civil fue la impulsora de las reformas del 2013.

Son acciones previamente diseñadas de Capacitación, Investigación y Difusión específicamente enfocadas para lograr liderazgo y avance político para las mujeres. Es empoderar a las mujeres.

En las recientes reformas político-electoral que se han dado en México se ha incluido de alguna manera el tema de las cuotas de género, lo cual da cuenta, (al menos a nivel formal –normas jurídicas-) de la paulatina legitimación pública de la relevancia del tema.

De la cuota de género a la paridad política de género

Luego de que en 2002 la observancia de las cuotas de género fuese obligatoria para los partidos políticos en el ámbito federal, ahora, más de una década después se plantea dar un paso más hacia la paridad entre los géneros en el ámbito electoral.

Bajo la premisa de que la paridad entre los géneros no se agota en la definición de porcentajes equitativos de representación, sino que pasa necesariamente por el reconocimiento de garantizar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en todos aquellos espacios políticos de toma de decisiones estratégicas para nuestro país.

Ello implica asumir que la paridad debe darse no sólo en las urnas, sino también en la conformación de los distintos órganos internos en los que se organiza y define el quehacer legislativo tanto de la Cámara de Diputados como la de Senadores, además de la dirección de los grupos parlamentarios, el quehacer del pleno y la dirección de las Comisiones Ordinarias.

Las nuevas legislaciones y leyes electorales dan la oportunidad inconfundible de que el sector femenil pueden ser gobierno en el 2018, podrán tener una presencia equitativa en el Congreso de la Unión, así como en los Congresos locales y las presidencias municipales.

Política mediática

A pesar de contar con un mismo nivel educativo y de realizar el mismo trabajo, por cada hora laborada, los hombres ganan en promedio 34 por ciento más que las mujeres, reveló el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred). Según el estudio “Discriminación estructural y desigualdad social”, la brecha salarial es hasta de 194 por ciento para las mujeres que laboran en actividades agrícolas, de 113 por ciento para trabajadoras manuales, y de 97 por ciento para quienes venden en pequeños comercios @ El caso “Porkys” es una muestra de las sentencias discriminatorias contra las mujeres y del desconocimiento de los jueces sobre los criterios de género en México, acusó Equis Justicia. La organización mencionó el caso en el “informe sombra” que presentó ante el Comité de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que en julio evaluará al Estado mexicano.

*Periodista y política chiapaneca.

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