Rita Balboa*
En toda la frontera sur los focos rojos se prendieron por los hechos graves de violencia y de la presencia de grupos del crimen organizado que se han apoderado de zonas de Guatemala y de los estados mexicanos que comparten la frontera sur, en especial el estado de Chiapas.
Los pobladores de ciudades fronterizas de Guatemala como Tecun Umán y de México en municipios de Tapachula, Frontera Hidalgo y Metapa, por mencionar algunos, han sido inundado por la Pandilla “Barrio 18”, principal rival de los Mara Salvatrucha en Centroamérica, quienes ahora cobran “derecho de piso”; las pandillas centroamericanas crecen en los dos lados de la frontera sur, hoy más que nunca por el efecto Trump, que amenaza cerrar la frontera norte de México.
Crímenes, asaltos y venta de droga al por mayor vuelve a ser una constante en la frontera sur de México por la renovada presencia de las pandillas juveniles centroamericanas.
Las bandas nacidas principalmente en el Salvador están de regreso y la violencia aumento en la franja fronteriza con América Central, tanto que en el presente año los mareros –ya sea MS-13 o Barrio 18- han participado en más de treinta homicidios. El propio responsable de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos en Contra de Migrantes de Chiapas, Alejandro Vila, ha reconocido la grave situación por la presencia de los mareros.
El gobierno mexicano tiene información certera del aumento de la violencia y la presencia de las bandas venidas de El Salvador, aunque existen grupos delictivos de Guatemala, por ello ha implementado un operativo antipandillas en toda la región. Elementos de los ejércitos de Guatemala y México participan en dichos operativos.
Escribíamos en párrafos anteriores que los integrantes de las pandillas centroamericana han llegado al extremo de cobrar derechos de piso. Las tarifas impuestas por estos grupos delictivos van de los mil a los cinco mil pesos por derecho de piso a comerciantes en establecimientos, pero también a los que venden mercancías en las calles.
Preocupación de las Naciones Unidas
La propia Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha expresado a los gobiernos de Centroamérica y México su preocupación por el aumento de la violencia en la frontera sur de nuestro país y, también, por la falta de justicia para las personas migrantes y la vulnerabilidad de los defensores de los migrantes, esto según documentos hechos públicos por el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios.
En materia de acceso a la justicia, el Comité observa con mucha preocupación la alta impunidad en delitos denunciados, la falta de confianza en las autoridades públicas y el escaso presupuesto asignado para investigar adecuadamente los delitos y asegurar la reparación apropiada.
“El Comité está extremamente preocupado sobre los altos niveles de violencia basada en género, especialmente en la frontera sur y se preocupa mucho sobre las alegaciones de la participación de autoridades públicas, particularmente policías federales, estatales y municipales, la alta impunidad que suele afectar estos crímenes y los bajos niveles de denuncias.
“También expresa su preocupación sobre el impacto extremamente grave de la desaparición forzada de personas en los migrantes y mexicanos en tránsito”.
En México, advierte, los defensores de derechos humanos son objeto de violencia y amenazas del crimen organizado y de redes de tráfico de personas, incluso en connivencia con autoridades, así como de actos de hostigamiento y deslegitimación por parte de agentes migratorios, cuerpos de seguridad y empresas privadas.
El documento hace pública la preocupación por el alto número de quejas de acoso, corrupción y abuso de autoridad por agentes del orden que son cerradas por falta de pruebas, y señala que recibió información sobre casos de extorsión a familias de migrantes detenidos en estaciones del INM.
Invierte EU para evitar la migración a su territorio
Estados Unidos ha implementado, desde principio del 2017, programas de seguridad, educación y económica en los países de América Central y en los estados mexicanos fronterizos para mitigar la migración, así como la aparición de bandas delictivas en la frontera sur. El objetivo es lograr que las familias se queden en su país de origen.
La propia Susan Elbow, Ministra Consejera para diplomacia pública de la Embajada de Estados Unidos en México, ha destacado la importancia de los programas que apoya su país en América Central y México: “Sabemos que la gente viene a esta región por problemas de violencia y económicos, por lo que tenemos programas para desarrollar la economía, como en Honduras, por ejemplo, para que la gente pueda quedarse en su país y no haga ese camino, la mayoría de veces muy peligroso”.
“Depende mucho del gobierno de México, de que mantenga la frontera correcta y la gente no pueda cruzar ilegalmente ni quedarse o hacer el camino a Estados Unidos”.
Los abusos del Instituto Nacional de Migración
Apenas el pasado 5 de noviembre, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 51/2017 al Comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Ardelio Vargas, por violaciones a los derechos humanos de 17 adolescentes centroamericanos. Los migrantes fueron víctimas de revisiones arbitrarias llevadas a cabo por elementos de seguridad privada a su ingreso a la Estación Migratoria del INM en Puebla, así como por no ponerlos de inmediato a disposición del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia o DIF estatal.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos acreditó violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica, a la privacidad y al interés superior de la niñez de dichos adolescentes en contexto de migración, imputables al personal del INM. Según el documento, el 9 de noviembre de 2016, personal de la CNDH realizó una visita a la citada Estación Migratoria para verificar el respeto a los derechos humanos de las personas alojadas, donde entrevistó a 17 adolescentes de origen centroamericano quienes refirieron haber sufrido abusos.
Al investigar el caso, la CNDH constató que los empleados de seguridad privada realizaron las revisiones corporales señaladas por los agraviados, aun cuando no están facultados para llevarlas a cabo, ya que, conforme a los lineamientos fijados en el Manual de Operación para la Revisión Corporal, elaborado por el propio INM, dichas revisiones corporales deben realizarse por personal del mismo y sobre la vestimenta de la persona.
La CNDH concluyó que por esos hechos, el personal del INM es responsable al tener la obligación de supervisar y garantizar la protección de los derechos humanos de los extranjeros que se encuentran bajo su resguardo en las estancias o estaciones migratorias, aun cuando se cometan violaciones a sus derechos fundamentales por terceros, incluidos los elementos de la empresa de seguridad privada
El organismo recomendó al Comisionado Nacional de Migración inscribir a los adolescentes en el Registro Nacional de Víctimas, para que se les otorgue asistencia y reparación integral del daño.
También, instruir al personal adscrito en las estaciones migratorias para evitar que las niñas, niños y adolescentes migrantes sean alojados en sus instalaciones, y garantizar su traslado inmediato a los Centros de Asistencia Social de los sistemas DIF correspondientes.
Política mediática
Célida Teresa López Cárdenas acusó al secretario general del PAN en Sonora, Damián Zepeda de bloquearle la posibilidad de postularse al Senado; acusa a los dirigentes panistas del país de estar destruyendo al partido. La diputada panista local, Célida Teresa López Cárdenas, presentó su renuncia al Partido Acción Nacional y su bancada en el Congreso de Sonora, al acusar al secretario general del Comité Ejecutivo Nacional, Damián Zepeda Vidales, de violencia política con perspectiva de género por negarle la posibilidad de postularse para el Senado de la República. De acuerdo con el reporte Brecha mundial de género, del Foro Económico Mundial, en un año México retrocedió 15 lugares en cuanto a equidad entre mujeres y hombres. En 2016 se ubicó en la posición 66 de 144 países, en este año en el 81. Los principales problemas se presentan en la participación económica y oportunidad: se resalta el tema de la igualdad salarial para empleos similares, la participación en la fuerza laboral e ingresos estimados del trabajo. El Inmujeres señala que las entidades que presentan la mayor desigualdad en ingresos son Aguascalientes, Yucatán y Jalisco. El ingreso medio en las ciudades de 100 mil y más habitantes es de 9 mil 116 pesos para hombres y 6 mil 268 para mujeres.
*Periodista y política chiapaneca.
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