*Rita Balboa

Con gran pesar tengo que informar que ninguna de las ocho iniciativas en la Cámara de Diputados – una de ellas enviadas por el Senado de la República- para tipificar la violencia política de género lograron pasar. Las legisladoras y los legisladores lo congelaron, y así seguirán.

No se entiende por ningún motivo el por qué los legisladores miembros del Congreso de la Unión, uno de los tres grandes poderes del país, congelaron todas las iniciativas presentadas para tipificar y castigar a toda persona, institución, partido político o funcionario que hiciera uso de la violencia para afectar políticamente a una mujer. Las propuestas para castigar la violencia política contra el género femenino deben ser severas.

Me gustaría recordar el debate que se dio en el Senado de la República, en marzo pasado, para que se aprobar el dictamen que previene, atiende y sanciona la violencia política en razón de género, así como promover y proteger los derechos político-electorales de las mujeres. La cual fue enviada a la Cámara de Diputados para su aprobación y, ahí, fue archivada sin haberse discutido en comisiones.

En marzo pasado, el Senado de la República aprobó con 90 votos a favor, incorpora a las leyes generales de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de Instituciones y Procedimientos Electorales, de Partidos Políticos y en Materia de Delitos Electorales y del Sistema de Medios de Impugnación.

El decreto de la Cámara alta define a la violencia política en razón de género, como la acción u omisión que, en el ámbito político o público, limite, anule o menoscabe el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de una mujer, así como su acceso al pleno ejercicio de su cargo o función del poder público.

Plantea, según el documento aprobado, que este tipo de agresión se manifiesta a través de presión, persecución, hostigamiento, acoso, coacción, vejación, discriminación, amenazas, privación de la libertad o de la vida.

Una de tantas cosas interesante del documento es que obliga al Instituto Nacional Electoral, los Organismos Públicos Locales, los partidos políticos y las Agrupaciones Políticas a establecer mecanismos para prevenir, atender, sancionar y, en su caso, erradicar este delito.

Se prohíbe que, en la propaganda política o electoral de partidos políticos, coaliciones y candidatos, se utilicen expresiones que calumnien a las personas, las discriminen o constituyan violencia política en razón de género.

Están eran las penas para quien cometieran violencia política de género

Las penas que se proponían, hasta en una mitad, en los tipos penales señalados en las fracciones III, IV, VII y XVI del artículo 7, IV y VIII del artículo 8, y I y VI del artículo 9 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, cuando dichas conductas se cometan en perjuicio de una mujer que participe en política.

Es decir, entre otros supuestos, cuando se obstaculizaba o interfiera en el desarrollo normal de las votaciones, solicite votos por paga, promesa de dinero u otra contraprestación, altere los resultados electorales, ejerza presión o induzca a los electores a votar o abstenerse de votar por un candidato.

También buscaba asegurar la postulación efectiva de ambos géneros en la integración de los órganos de los partidos políticos, en la postulación de candidaturas y la distribución equitativa de todas las prerrogativas entre mujeres y hombres, de forma paritaria. Asimismo, garantizar la paridad de género en las candidaturas a legisladores federales, locales y en la integración de ayuntamientos, en aquellas entidades federativas, en que la legislación así lo establezca.

La senadora María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del PVEM, advirtió que “la violencia política es una de las más grandes injusticias que vivimos las mujeres” y afecta al conjunto de la misma sociedad, pues se le restringen sus derechos político-electorales al no permitir que su representante sea quien tome las decisiones y ejerza el cargo que le ha sido conferido por la ciudanía.

Para el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, senador Alejandro Encinas Rodríguez, se trata de “uno de los problemas más lamentables de nuestra vida política”, y pidió “cambios significativos” en instituciones públicas y partidos políticos para garantizar igualdad de condiciones entre hombres y mujeres en el poder público.

La senadora del Grupo Parlamentario del PRD, Angélica de la Peña Gómez, expresó que es un dictamen histórico, ya que busca prevenir, sancionar, erradicar la violencia política contra las mujeres por razones de género; y sostuvo que “esta alcanza a todos los partidos, por ello es importante reformar las leyes”.

La presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Diva Hadamira Gastélum Bajo, expresó que es un día histórico para la democracia del país, ya que se busca sancionar, prevenir y resarcir la violencia política, “que es un delito que se comete todos los días en contra de las mujeres que buscan ejercer sus derechos”.

La senadora del Grupo Parlamentario del PAN, Martha Elena García Gómez, consideró que con las normas para revertir la violencia política el Senado cumple con el respeto de los derechos de las mujeres, plasmados en el marco legal contenido en la Constitución, y con los acuerdos internacionales firmados por México, como la Convención sobre la Eliminación Sobre Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer y la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, entre otros.

Lucero Saldaña Pérez, senadora del Grupo Parlamentario del PRI, subrayó que existen 159 casos de violencia política registrados oficialmente hasta enero de 2017, que exigen la acción del Senado, pues implican “latigazos, golpes, amenazas, estereotipos, hasta el homicidio; actos que se han documentado y puesto en evidencia, para mostrar a todos aquellos que nos cuestionan qué es la violencia política de género”.

La senadora independiente, Martha Tagle Martínez, ya no es senadora, dijo en marzo pasado que la violencia política no discrimina a ninguna mujer y afecta a todas. Es un fenómeno, agregó, que impide en los hechos que las mujeres podamos ejercer libre y plenamente nuestros derechos políticos-electorales.

El senador Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del PRD, lamentó que sólo se apliquen sanciones administrativas a aquellas personas que ejerzan la violencia política; debe haber castigos ejemplares para que esas conductas no se repitan, expresó.

Ernesto Cordero Arroyo, senador del Grupo Parlamentario del PAN, reconoció el esfuerzo de las mujeres que han trabajado para reducir las diferencias en el acceso a puestos de elección y de decisiones públicas.

La senadora Yolanda de la Torre Valdez, del PRI, expresó: “las mujeres no debemos permitir ser víctimas de violencia, debemos ser capaces de denunciar las prácticas que atentan contra nuestra integridad”.

Mariana Gómez del Campo, senadora del Grupo Parlamentario del PAN, dijo que estas reformas prevén la necesidad de promover y garantizar la formación de liderazgos políticos de mujeres, crear mecanismos que garanticen la protección a sus derechos político electorales, establecidos en la Constitución y en tratados internacionales suscritos por nuestro país.

María del Pilar Ortega Martínez, también del PAN, dijo que este conjunto de reformas sobre diez iniciativas, planteadas por senadoras de distintos grupos parlamentarios, será una pieza fundamental en la lucha para lograr, cada vez más, un reconocimiento puntal a los derechos político electorales de las mujeres.

Luego de su aprobación en el Senado, el proyecto de decreto se turnó a la Cámara de Diputados. Ahí fue archivado. Hoy el proyecto está “Durmiendo el sueño de los justos”.

                                Política mediática

El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade Kuribreña, aseguró hoy que el paquete económico para el 2018 estará centrado en finanzas públicas sanas y estables, y con el compromiso de certidumbre tributaria. Tras reunirse en privado con directivos y socios de la Cámara de Industria de Transformación (Caintra), dijo que “hoy tuvimos la oportunidad de un diálogo, de un corte, para ver como sentimos que va la economía hoy”@ El representante en México del Partido Republicano, Larry Rubin, dijo hoy que ve una conclusión “exitosa” de las negociaciones del TLCAN entre México, Estados Unidos y Canadá “para el primer trimestre de 2018”. Rubin, quien participa en Nashville en el Cónclave del Partido Republicano que termina este viernes, luego de tres días, señaló a Notimex que una vez que las negociaciones “concluyan exitosamente para las tres naciones”, el acuerdo se lleve al Senado para su ratificación.

*Periodista y política chiapaneca.

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