El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, Alberto Bazbaz Sacal, subrayó que ese ente comprobó, mediante una investigación en secrecía, el fraude de Ficrea, y lo comunicó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y a la Procuraduría General de la República (PGR).

El funcionario asistió a una reunión de trabajo en la Tercera Comisión Permanente, junto con los titulares de la CNBV, Jaime González Aguadé y de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Servicios Financieros Condusef), Mario Di Costanzo, para precisar elementos del fraude.

Bazbaz Sacal explicó que la unidad que encabeza tiene como finalidad proteger el sistema financiero de operaciones que tengan en su origen o destino recursos con alguna calidad ilícita y ante una solicitud de la CNBV, investigó operaciones reiteradas entre Ficrea y las empresas Leadman Trade y Baus & Jackman Leasing.

“Esa actividad irregular le fue informada a la Unidad de Inteligencia Financiera para que, dentro de sus facultades, pudiera observar si en los recursos pudiera haber un origen ilícito. La información y las comunicaciones entre ambas instituciones se dieron a mediados de junio”, dijo.

Señaló que la Unidad realizó un análisis con la información que le fue proporcionada por la Comisión, sin solicitar información bancaria a otras instituciones, a fin de mantener la secrecía.

Indicó que no detectaron un origen ilícito, sino un destino irregular de recursos mediante transferencias internacionales.

“Al detectar esa cantidad de transferencias realizadas por Leadman y Baus a dos países en el extranjero, investigamos si había una justificación para que el dinero proveniente de una institución financiera fuera trasferido por algún motivo de inversiones. Solicitamos la colaboración de la instancias similares a la nuestra en aquellos países”, comentó.

El funcionario de Hacienda precisó que derivado de esa información, se detectó que una parte de esas transferencias eran dirigidas a realizar operaciones inmobiliarias en el extranjero, en donde los analistas determinaron que no había justificación, por lo que se le comunicó a la CNBV y a la PGR.

“Este análisis del destino de los recursos nos permitió detectar que las operaciones irregulares tenían la motivación de quitar el patrimonio de Ficrea y trasladarlo en beneficio a otras personas no relacionadas con los ahorradores”, apuntó.

Bazbaz Sacal puntualizó que la ilicitud de esos recursos no es que provenga de una “actividad ilícita primigenia, sino que la ilicitud se da por la actividad irregular financiera”.

Subrayó que esta actividad puede colmar los elementos del delito de operaciones de lavado de dinero.

Aseveró que al presentar estos elementos a la PGR, esa institución realizó el aseguramiento de las empresas Leadman y Baus para que los activos sirvan para la reparación del daño.

En ese sentido, explicó que la Unidad colaborará en detectar a las víctimas del delito con mayor vulnerabilidad del fraude de Ficrea, para que sean prioridad en la reparación.

“Para la unidad es igual de importante identificar a las víctimas del delito, a aquéllos que tienen las condiciones más vulnerables, tenemos pensionados, adultos mayores, hay mucha gente con un ahorro mayor al seguro de 131 mil pesos”, finalizó.

El titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Jaime González Aguadé, afirmó que se han recibido tres mil 516 solicitudes de ahorradores para el pago de seguro por el fraude detectado en La Sociedad Financiera Popular Ficrea S.A de C.V.

En total, seis mil 876 personas tienen derecho al cobro del seguro, indicó el funcionario en una reunión de trabajo ante legisladores.

Precisó que “el monto de cobertura de este seguro de depósito para el sector de ahorro y crédito popular asciende a 35 mil UDIs, lo que es equivalente a 130 mil pesos, aproximadamente”.

Los defraudados que hayan solicitado la entrega del seguro de depósito no pierden sus derechos sobre el resto de sus ahorros.

“La recepción de las solicitudes para iniciar el pago del seguro de depósito inició el 22 de diciembre. A la fecha se han recibido tres mil 516 solicitudes para el pago de seguro, de las seis mil 876 personas que tienen derecho al cobro del seguro, éstas ya las revisó en una buena medida la sociedad y ya las envió al fondo de protección para su pago”, manifestó.

Gonzalez Aguadé señaló que el esquema de pago de ahorradores defraudados se llevará a cabo de acuerdo con la resolución del Fondo de Protección al Ahorro, instancia encargada de pagar a los ahorradores las obligaciones garantizadas.

Al encuentro con los legisladores también asistieron los titulares de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), Mario Di Constanzo Armenta, y de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Credito Público, Alberto Bazbaz Sacal.

El titular de la CNBV añadió que el fraude cometido por Ficrea no pone en riesgo el sistema financiero mexicano, pero si genera angustia y desesperación entre las familias afectadas.

Consideró que la CNBV actuó de forma responsable y oportuna y actualmente trabaja intensamente en encontrar mecanismos que permitan asegurar o respaldar los ahorros de los depositantes.

“Una vez que quedó claro que la liquidación era la única alternativa viable que podía adoptar el Comité de Protección al Ahorro, el gobierno de la República se encuentra realizando los actos necesarios que permitan lograr el mayor valor de recuperación posible de los ahorros de los depositantes en el menor tiempo posible”, indicó.

González Aguadé explicó que, el pasado 7 de noviembre, la Junta de Gobierno de la CNBV determinó la intervención de Ficrea.

“Con esta acción se detuvo la continuación de lo que, a través de la intervención general, se identificó como un fraude, evitando un deterioro mayor a los activos de la sociedad y que más ahorradores perdieran parte de su patrimonio”, detalló.

Precisó que, a partir de la intervención de la Comisión, fue posible identificar la forma y monto del desvío de recursos hacia las empresas relacionadas que no eran supervisadas, por aproximadamente cinco mil 900 millones de pesos.

Rechazó categórico que cuestionar a esta instancia en torno al fraude cometido por Ficrea resuelva la situación, ya que hacerlo sólo vulnera la credibilidad de las instituciones que velan por la seguridad del sistema financiero.

“Cuestionar la labor de la Comisión en lugar de señalar a quienes orquestaron el fraude no resuelve el tema de fondo y sí vulnera la credibilidad de las instituciones que velan por la seguridad del sistema financiero en su conjunto”, destacó.

Sin embargo, el funcionario aceptó que decir que todo está bien, no es correcto.

“Reconocemos que existen oportunidades de mejora en el marco normativo en el sector de ahorro y crédito popular, por lo que la comisión manifiesta su total disposición a fin de colaborar con esta soberanía y aportar elementos que permitan mejorar la legislación aplicable”, subrayó González Aguadé.