México, DF, 23 de febrero 2015 (Círculo Digital).- Los registros en el portal de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) muestran que, sobre Denuncias Penales, en 14 años ha documentado 458 expedientes de irregularidades consideradas como delitos, pero sólo tiene en lista a 7 personas como “consignadas” y a 435 congeladas en proceso de “integración del Ministerio Público”.

“Con estas cifras tan lamentables, si consideramos que a los mexicanos nos cuesta casi 2 mil mdp mantener cada año a la Auditoría Superior de la Federación, y si por ejemplo en 2011 la ASF apenas logró inhabilitar, sin mayores sanciones, a cuatro servidores públicos menores, nos costó 500 millones de pesos castigar a cada uno. ¡No puede ser!”, exclamó la diputada panista Elizabeth Yáñez Robles, quien fue subsecretaria de Responsabilidad Administrativa de la Secretaría de la Función Pública (SFP) durante el sexenio de Felipe Calderón.

La legisladora explica que la Auditoría presentó en 2011 un total de 2 mil 580 expedientes de recomendaciones en su informe, de los cuales “sólo se atendieron 580, del resto nadie sabe ni nadie supo”.

Resaltó que de esos 580, “500 se desechan porque supuestamente no hay elementos para sancionar” y que de esas 80 restantes, 70 se sancionan “con delitos o faltas menores, como amonestaciones públicas o privadas de las que nadie se entera”.

Ante esto, Elizabeth Yáñez propuso que “una vez enviados los expedientes de la Auditoría Superior de la Federación a las dependencias éstos no se cierren, sino que la Tesorería de la Federación los mande a lo que será el nuevo Tribunal de Justicia Administrativa para que los verifique, y si están mal elaborados, ya sea por la Auditoría Superior de la Federación o por la Secretaría de la Función Pública, se devuelvan y se rehagan correctamente. Que se les dé seguimiento hasta que de verdad haya una sanción”.

También planteó que sea “el Tribunal el encargado de resarcir el dinero y lo reintegre a la Tesorería de la Federación”. (Con información de El Financiero)