México, DF., (Círculo Digital). El país vive circunstancias extraordinarias provocadas por los hechos de Iguala y Tlatlaya, y clama por una convivencia en paz y seguridad, con instituciones democráticas, aseveró el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez.

Al presentar el informe anual de las actividades de la CNDH, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, González Pérez indicó que en México se vive una situación de “reclamos sociales en favor de acciones inmediatas y efectivas de justicia, legalidad y respeto a la dignidad humana”.

“El clamor nacional es por una convivencia en paz y seguridad, con instituciones democráticas que atiendan con eficacia y espíritu de servicio las demandas de la sociedad”, expresó.

Comentó que la desaparición y muerte de 43 estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero, “se trata de un hecho que indigna y agravia a todos los mexicanos, y nos obliga a buscar la verdad de estos acontecimientos, a fin de que los responsables sean señalados, puestos ante la justicia y sancionados conforme a derecho”.

“Los hechos de Iguala son el ejemplo más significativo de lo que está mal en nuestra sociedad, sobre todo de la infiltración del crimen organizado en algunas estructuras del Estado, de la displicencia y omisiones”, subrayó.

Agregó que tras el caso Iguala y el enfrentamiento armado entre elementos del Ejército e integrantes del crimen organizado, con un saldo de 22 civiles muertos, en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, en junio pasado, no habrá manera de recuperar la “aparente normalidad del país”.

Consideró que aun antes de estos hechos, la normalidad del país era “anómala”, pues estaba asentada “en la simulación, la ausencia de información pertinente, la desidia, la indolencia y la falta de responsabilidad pública de quienes propiciaron ese estado de cosas”.

Por ello, se pronunció por revisar y entender “la complejidad del enojo colectivo y el riesgo de erosión de la legitimidad de estructuras estatales que obliga a un cambio de actitud, de estrategia y de discurso”, lo que propiciará evolucionar como sociedad y renovar el pacto social.

Como parte de su informe anual, el funcionario detalló que en relación con el tema de la Protección y Defensa de los Derechos Humanos, en 2014 las oficinas centrales y foráneas de la CNDH ofrecieron 348 mil 624 servicios de atención al público.

Externó que, como consecuencia del procesamiento de los expedientes de queja, la CNDH emitió 55 recomendaciones que se dirigieron a 67 autoridades.

Explicó que las entidades públicas más señaladas en las recomendaciones son el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que recibió ocho; la Comisión Nacional de Seguridad, también con ocho recomendaciones; el Gobierno de Oaxaca, con siete; la Procuraduría General de la República con cuatro, y el Gobierno del Distrito Federal con cuatro.

Agregó que durante 2014, la Comisión formuló una sola recomendación por violaciones graves a derechos humanos, dirigida al Gobierno Constitucional del Estado de Puebla, con motivo de los hechos ocurridos el 9 de julio de 2014 en el municipio de Ocoyucan.

Puntualizó que también se emitió una recomendación general sobre la prevención, atención y sanción de casos de violencia sexual en contra de las niñas y los niños en centros educativos.

Asimismo, en 2014 la CNDH presentó seis acciones de inconstitucionalidad, impugnando diversos ordenamientos jurídicos, tanto federales como locales, mismas que aún se encuentran en trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dijo.

Destacó que como parte de las acciones de Protección y Defensa de los Derechos Humanos, este año se brindaron seis mil 22 servicios de atención a víctimas; se realizaron 10 mil 22 gestiones a favor de personas migrantes, y se llevaron a cabo 319 trabajos de campo.

“En relación con las personas recluidas en centros penitenciarios, se tramitó ante las instancias competentes el otorgamiento de 120 beneficios de libertad anticipada. De igual forma, se gestionó la liberación anticipada de 109 personas indígenas sentenciadas, de acuerdo a los beneficios a los que por ley tenían derecho”, agregó.

Señaló que, en lo que se refiere a la Observancia de los Derechos Humanos, se llevaron a cabo dos mil 737 visitas a los lugares de concentración de migrantes; 457 a comunidades indígenas y 539 a distintos lugares de detención e internamiento, para prevenir tortura o tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes.

Finalmente, mencionó que, en futuros informes, la CNDH expondrá un reporte o estado de la situación de los derechos humanos en México, los obstáculos que enfrenta su gestión, las autoridades que son renuentes a colaborar con él o a cumplir con las recomendaciones y las reformas normativas que se tendrían que llevar a cabo para propiciar de mejor forma el respeto y defensa de los derechos humanos.

“Trabajaremos en indicadores y registros que permitan ofrecer esta información a la sociedad, para que conozca y acompañe las tareas que por la defensa y protección de los derechos humanos se emprendan”, concluyó.