•  Los capitanes Agustín “N” y Juan Antonio “N”, son investigados por el homicidio calificado en agravio de la soldado Brenda Orquídea Matus Chacón.

Dos capitanes del Ejército Mexicano, fueron detenidos por la Fiscalía General de Chiapas, por el presunto homicidio de una mujer soldado, Brenda Orquídea Matuz Chacón, ocurrida el pasado 6 de abril.

El cuerpo de la mujer de 28 años de edad, fue encontrado sin vida en el embarcadero de la presa Chicoasén dos días después, el 8 de abril.

La Fiscalía informó que los dos capitanes Agustín, y Juan Antonio N., habían salido a divertirse junto con la víctima y otro soldados cuando fue vista con vida por última vez.

La víctima presentó un golpe en frontal parietal derecho, producido por un objeto duro. Se presume que el cadáver fue ocultado dentro del vehículo de uno de los inculpados, y arrojado al río posteriormente.

También de acuerdo con estudios periciales la víctima no murió por ahogamiento, puesto que el cadáver no presenta agua en pulmones y estómago.

COMUNICADO ÍNTEGRO DE LA FGE

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- La Fiscalía General del Estado informó que policías ministeriales cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de los ciudadanos Agustín “N” y Juan Antonio “N”, quienes son investigados en la Carpeta de Investigación 012-079-0405-2019 iniciada por los hechos que la ley señala como delito de homicidio calificado, en agravio de quien respondiera al nombre de Brenda Orquídea Matus Chacón, de 28 años.

Aunque la dependencia no lo menciona en el comunicado, los dos detenidos son capitanes del Ejército Mexicano.

Ese mandato de captura fue previamente estudiado y concedido por un Juez de Control con residencia en penal “El Amate”, dentro de la causa penal  136/2019, estableciendo que estaban reunidos todos los requisitos que establece la Constitución Federal para detener a estas personas y presentarlas ante la autoridad jurisdiccional para que se les formule la imputación y respondan por los hechos.

Tan pronto como fueron presentados ante el Juez de Control, de inmediato se abrió audiencia inicial, en la que la Fiscalía sustentó imputación por los hechos que la ley señala como delito de homicidio calificado, señalándolos como probables autores de la privación de la vida ocurrida el día 6 de abril del presente año, a las 03:00 horas aproximadamente, en el embarcadero de la presa Chicoasén en el municipio de Osumacinta, según lo establecen las primeras investigaciones, ya que de las entrevistas realizadas a testigos y pruebas periciales, ha quedado  en claro que la víctima fue vista por última vez con los inculpados, con quienes estuvo por espacio de 30 minutos en ese lugar, con quienes se encontraba en estado de ebriedad, dado que empezaron a ingerir bebidas alcohólicas desde el día anterior a las  15:00 horas.

Clínicamente la causa de la muerte se debió a fractura luxación de vértebras cervicales, provocada según el experto en medicina forense, por acción violenta en la cabeza; dos días después de haber sido vista con vida por última vez, es decir, el 8 del actual, a las 07:00 horas, fue encontrado el cuerpo sin vida flotando en las márgenes del embarcadero; y, sólo presentó un golpe en frontal parietal derecho, producido por objeto liso y duro, esto concatenado a que en la cajuela de un vehículo relacionado con los ahora ya detenidos, se encontraron pertenencias personales y otros indicios que establecen que el cadáver fue ocultado y después arrojado al río; el vehículo presenta un pequeño hundimiento en la cajuela el cual corresponde al golpe de la parte frontal de la víctima.

Por otra parte, de acuerdo con la necropsia de ley, el cadáver no presenta agua en pulmones y estómago, lo que permitió que flotara, siendo estos datos científicos de que la víctima no falleció por ahogamiento.

Tras formular la imputación en la audiencia y solicitar la vinculación a proceso, los imputados se acogieron al término constitucional de 144 horas, por lo que se señaló las 10:00 horas del 19 del actual para que el Juez de Control determine la situación jurídica de los inculpados y establezca en su caso una medida cautelar y el plazo de investigación que en ningún caso puede ser superior a seis meses.

Durante todo el proceso legal Agustín “N” y Juan Antonio “N” han estado legalmente asistidos de abogados y se ha respetado el debido proceso con la intención de proteger los derechos humanos de los señalados como autores, pero al mismo tiempo, con la finalidad de cuidar la legalidad de la investigación para esclarecer los hechos, que no exista impunidad, que se condene al pago de la reparación integral del daño y que los responsables sean sancionados.