Alberto Carbot

Diego Silva Forné, doctor en ciencias sociales y jurídicas por la Universidad de Cádiz y co-redactor de legislación que convirtió a Uruguay en el primer país del mundo en controlar su cultivo, empaquetado y venta legal en las farmacias –en una entrevista de mi autoría que a partir de este jueves publicará en dos partes el diario “24 Horas”, dirigido por el periodista Eduardo Salazar-, asegura que la iniciativa mexicana, presentada recientemente por Morena a través de la senadora Olga Sánchez Cordero, es muy favorable, ya que “las prohibiciones nunca han servido para nada, y generalmente han dado resultados totalmente contrarios a los previstos”.

El debate que indudablemente cambiará la visión del país sobre la regulación de la marihuana será efervescente entre los distintos sectores de la sociedad, dada la complejidad del tema y sobre todo, porque –como en el caso de la interrupción del embarazo-, aún subsisten opiniones diametralmente opuestas entre quienes defienden su regulación y libre consumo, y aquellos que estiman que sólo contribuirá a incrementar el número de adictos, agudizar los problemas sociales y aumentar el gasto en salud para atender a los consumidores afectados.

Manuel Mondragón y Kalb, extitular de la Comisión Nacional Contra las Adicciones (Conadic) -y a quien se le ha mencionado como uno de los probables integrantes del gabinete de seguridad en la próxima administración-, con cifras duras aseguró en su momento que en México el consumo de marihuana se ha incrementado y se ha convertido también en un problema “gravísimo”, sobre todo entre los menores de edad, que desde los 10 años comienzan a utilizarla.

Tan sólo durante el período 2016-2017, la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, realizada en colaboración con el Instituto Nacional de Psiquiatría, mostró que el número de consumidores de cannabis se duplicó, al pasar de 1.3 por ciento a 2.6.

El debate formal sobre la regulación el mercado de marihuana –que permitiese su uso recreativo y medicinal en nuestro país-, en los últimos años fue objeto de 5 foros y 2 encuentros promovidos por la pasada legislatura.

La polémica más reciente, al menos en el plano mediático, inició de manera fortuita en febrero de este año, cuando “a título personal” -al ser entrevistado luego de su participación por tercer año consecutivo en la Conferencia Anáhuac-NRM Comunicaciones, “Perspectivas Turísticas para México 2018”-, el aún Secretario de Turismo, Enrique De la Madrid Cordero, se refirió a la necesidad de legalizar el consumo de marihuana en Quintana Roo y Baja California Sur, para hacer frente al problema de inseguridad registrados en estos importantes destinos turísticos del país.

En su momento -en una de mis anteriores columnas de Café para todos-, expuse que el funcionario había expresado de forma pragmática que “si queremos medidas diferentes, debemos tomar medidas diferentes” y planteó que cuando menos en las zonas turísticas se debería legalizar el uso de la marihuana, ya que “nos haría un enorme daño perder esos destinos por temas de combate al narcotráfico. Yo creo –dijo-, que el hacer legal no sólo su consumo, producción y venta, contribuiría junto con otras acciones a tener destinos más seguros”.

Comenté incluso que Juan Ramón de la Fuente, exsecretario de Salud y exrector de la UNAM -y hoy propuesto como próximo embajador de México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) del nuevo gobierno-, había coordinado un estudio compilado en el libro “Marihuana y salud”, publicado por el Fondo de Cultura Económica.

En él, reconocía que fumar cannabis representa un riesgo para la salud mental, sobre todo cuando se inicia en etapas tempranas de la vida o bien si se consume cotidianamente, lo cual no es el caso de los usuarios ocasionales. La marihuana no es inocua “pero es mejor investigarla, regularla, y difundir sus bondades y riesgos, que simplemente prohibirla y creer que por ello desaparecerá de nuestra sociedad. Nada más falso” –manifestó de la Fuente.

Lo expuesto en el estudio por el futuro diplomático, se contrapone con la opinión del experto universitario y extitular de la Conadic, Fernando Cano Valle, quien sostiene que la marihuana se ha incorporado como una vía hacia las drogas duras, específicamente cocaína y anfetaminas.

El especialista consideró que legalizarla no es un camino viable, ni razonable desde el punto de vista de la salud, ya que México carece de capacidad sanitaria para la demanda de atención y de recursos económicos para la rehabilitación, por lo que la despenalización de la marihuana le parece “irracional” porque científicamente se ha demostrado que su consumo desata cuadros psicóticos y dispara mecanismos cerebrales antisociales.

LA REGULACIÓN DE LA MARIHUANA EN URUGUAY, MUESTRA LAS VENTAJAS QUE TIENE FRENTE A LA PROHIBICIÓN

En la entrevista que sostuve con el doctor Diego Silva Forné, profesor adjunto de Derecho penal en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay, él establece que en términos directos, la experiencia sobre la regulación y control del mercado de la marihuana en su país ha sido muy positiva en cuanto a las libertades ciudadanas, y en términos generales la aprobación de la Ley Nº 19.172, promulgada el 24 de diciembre 2013, no produjo una conmoción pública. Los consumidores de cannabis lo hacen libremente en espacios públicos y nadie se siente afectado por ello –expone.

“Es decir –explica- aquellos vaticinios catastrofistas que habían pronosticado quienes estaban en contra de la iniciativa -en relación a que iba a ser un caos, que el país se iba llenar de drogadictos y que iba a haber problemas de orden público y criminalidad vinculada a este tema-, fue todo lo contrario. No ha pasado nada de eso y en ese sentido, la iniciativa ha sido muy destacable, y nos muestra las ventajas que tiene la regulación frente a la prohibición”.

En la entrevista que este jueves y viernes reseñará íntegramente el diario “24 Horas”, el experto -quien además de integrar el Comité Académico del Diplomado sobre Políticas de Drogas, Regulación y Control, que se dicta en la Universidad de la República, es asesor jurídico en el Parlamento uruguayo-, especifica que “ya el mundo tuvo una experiencia nefasta con la Ley seca –impuesta hace casi 100 años en Estados Unidos y que estuvo vigente de 1920 a 1933-, y me parece que es el ejemplo más evidente de lo que hablo.

Además, argumenta que las tres convenciones internacionales sobre estupefacientes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tampoco han cumplido ninguno de los objetivos para los cuales fueron creadas. Así también subraya que tras el inicio de la guerra contra las drogas durante la administración del presidente Richard Nixon -que luego se extendió a todo el mundo, bajo el impulso de Estados Unidos-, los efectos resultantes han sido absolutamente contrarios al propósito de las convenciones.

“Es decir, los efectos de la prohibición han sido absolutamente perniciosos y nada bueno se ha sacado de ello; ha generado violencia, corrupción y una situación terrible en muchos de los países de nuestra región, que no ocurría antes”, afirma el representante de Uruguay en la elaboración del informe Escenarios para el Problema de las Drogas en las Américas, de la Organización de Estados Americanos (OEA), y quien desde 2004 dirige la Revista de Derecho Penal.

Y al referirse a las voces que claman también por la regulación del mercado de la cocaína y heroína-, reconoce con franqueza que “el mundo no está preparado todavía para eso. Me parece que primero hay que generar una experiencia con la cannabis, que es la que ya poco a poco se está abriendo camino en el mundo, porque tiene una ventaja: que es la droga ilegal más consumida en el mundo”.

GRANOS DE CAFÉ

Si hay un galardón a la desvergüenza y el cinismo político, ese premio se lo lleva de calle el gobernador panista de Nayarit, Antonio Echevarría García, porque a la “empresa” –perdón, la entidad que mal administra-, la ha llevado a la quiebra y no deja dinero.

Nayarit hoy no sólo es aquejada por las brutales inundaciones que desde hace días golpearon despiadadamente a la zona, sino aún más por la inacción de quien precisamente debiese encabezar las tareas de reconstrucción, y gestionar recursos de todos los confines y dependencias del país.

En días pasados, ante los periodistas locales, el procaz empresario de 45 años -egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara, e hijo del exgobernador Antonio Echevarría Domínguez (1999-2005) y de la diputada federal Martha Elena García, excandidata a la gubernatura por el PAN (2011), dijo que las finanzas estatales están en quiebra.

Echevarría García evidenció que no habrá dinero no sólo para pagar los salarios de los trabajadores de todas las áreas, sino que difícilmente se podrán pagar aguinaldos y prestaciones y por ende, tampoco los adeudos con las empresas que prestan sus servicios a la administración estatal.

El sucesor de Roberto Sandoval Castañeda, comparó la administración pública con el sector empresarial y soltó la perla que merece ser inscrita en los anales de la desfachatez universal.

“Yo como empresario, cuando una empresa no da utilidades en dinero, se cierra; y en el gobierno la utilidad se mide en lo social. Y si el gobierno no va a poderle dar resultados en lo social a los ciudadanos, pues lo vamos a cerrar”.

Y claro, el también dueño de Grupo Álica -con gigantesca participación en decenas de poderosas empresas, creadas y fortalecidas al amparo de sus generosos y prósperos progenitores, y ahora por él mismo-, no sufrirá las consecuencias de la crisis económica, que sí afectará gravemente a los trabajadores del gobierno.

Sus empresas no tienen problema. Es concesionario de la Cervecería Modelo y la embotelladora Coca-Cola; de las agencias automotrices Chrysler, Fiat, Chevrolet, Honda y Suzuki. Es dueño del panteón privado de la capital y de la universidad privada Del Valle; del transporte urbano y de “Ne Kie” y “Las Palomas”, 2 de los principales hoteles nayaritas.

Ha acaparado las concesiones de Oxxo en el estado y con el apoyo del principal concesionario de la Coca-Cola en Colima, concibió las tiendas de conveniencia “Kiosko”, para hacerse la competencia a sí mismo y no ser acusado de monopolizador. Es igualmente uno de los apoderados de “La octano”, la principal cadena de gasolineras en la región.

También posee los concurridos bares y restaurantes “El campanario”, “Roberto’s” y “El Marlin”, el cual monopoliza el mercado de pescados y mariscos en la capital, Nuevo Vallarta y las principales poblaciones de Nayarit.

El celebérrimo gobernador -dueño igualmente de grandes extensiones en la Riviera Nayarit y de los ranchos “El Quevedeño” y de “El Ranchito de Pérez”, ubicado en la acreditada localidad Ciudad Del Valle-, en los últimos meses ha logrado expandir sus negocios. Se le considera ya el principal intermediario de la producción agrícola y frutícola de la entidad, pues al amparo del poder ha logrado acaparar la venta de insumos y maquinaria.

Por si esto fuera poco, se dio el lujo de incumplir el decreto presidencial que declaró zona de reserva ecológica al Cerro de San Juan, y en complicidad con algunas autoridades federales, acordó ejecutar obras de las empresas constructoras muy afines, que dañan el principal bosque Del Valle de Matatipac. Ya encarrilado erigió el fraccionamiento de lujo, al que irónicamente nombró “La Biosfera”.

El multimillonario cachorro del panismo -quien desde septiembre de 2017 ocupa la gubernatura, postulado por la Coalición “Juntos por ti”, que agrupó además al Partido del Trabajo, el Partido de la Revolución Socialista de Nayarit y el Partido de la Revolución Democrática-, también es dueño de “La Loma” y “San Felipe”, 2 de los hospitales privados más importantes.

Sin embargo, ante toda esta evidencia –y para estar a tono con sus propias declaraciones, en el sentido de que cuando una empresa no da utilidades se cierra-, habría que recordarle al señor “gobernador”–“administrador” o “gerente” del estado, que ante la brutal evidencia de su mal gobierno, los nayaritas que le eligieron hasta el 2023, arrepentidos de su gran equívoco, podrían exigir su inmediata salida, con una patada propinada justo en el lugar donde exactamente recomiendan los cánones despedir a los incompetentes. Dinero seguramente no le habrá de faltar…

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