Por Jorge Torres (@JTJ_1) / Monitorsur, Tuxtla.- La maquinaria de la corrupción se aceita desde arriba, desde las altas esferas de la administración. El dinero fluye a raudales y beneficia a políticos inmorales y a empresarios avariciosos. El presupuesto público se ha convertido en un botín para los consorcios empresariales y sus aliados en el poder. Contratos a modo, sobornos, créditos bancarios irregulares para simular solvencia, chantajes, complicidad. Todo vale. El botín es de miles de millones de pesos y las reglas se rompen con mucha facilidad.

Pero quien opera esa maquinaria perversa de la corrupción es la alta burocracia enquistada en la administración pública. Desde ahí se elaboran las licitaciones a modo, se diseñan los obstáculos para los empresarios incómodos y se filtra la información privilegiada para los consentidos. Esa alta burocracia es la que opera la corrupción sobre el terreno. La que permite los grandes negocios sucios y la que ha impulsado desde las oficinas del gobierno las inmensas fortunas resguardadas en bancos extranjeros de muchas de las más “distinguidas” familias del sector empresarial y político.

Esa burocracia inmoral y corrupta tiene ciclos. Durante años sirven a los intereses privados desde el gobierno acumulando información privilegiada, datos reservados sobre expedientes estratégicos y tejiendo una red de complicidades en el laberinto burocrático hasta que llegue el tiempo de su jubilación y entonces puedan sin rubor reclamar el timón de las empresas a las que sirvieron desde el sector público.

Las historias de estos caballos de Troya son vastas. Es el modus operandi de un sistema corrupto y envilecido. Las reglas democráticas instauradas en los últimos años no han sido suficientes para limitar las reglas no escritas de códigos mafiosos que se imponen en la realidad política del país todos los días.

Uno de esos casos que pueden ayudar a ejemplificar cómo funciona el sistema de complicidades en México saltó a la prensa hace un par de días. Con bombo y platillo el corporativo de Alberto Bailleres, uno de los empresarios más acaudalados del país, cuyo valor en activos se calcula en el 1% del PIB nacional, anunció la creación de la empresa Petrobal, cuyo objetivo es incursionar en la industria petrolera. El grupo empresarial de Bailleres, que controla El Palacio de Hierro e Industrias Peñoles, dio a conocer que Carlos Morales Gil será el director de su nueva creación.

Carlos Morales trabajó 30 años en Pemex y los últimos 9 fue el director del área de exploración y producción de la dependencia. Ese cargo lo colocó en el top de la alta burocracia de Petróleos Mexicanos. Desde ahí obtuvo expedientes estratégicos de yacimientos petroleros e información reservada. Desde ahí, también, construyó una amplia red de contactos dentro de la estructura de la paraestatal.

Morales Gil, de 61 años, permitió, por decir lo menos, los actos de corrupción entre funcionarios de Pemex y Oceanografía, la empresa que defraudó a Banamex por cientos de millones de dólares y cuyo impacto en sus utilidades rebasó los mil 400 millones de pesos.

Este ex funcionario permitió los negocios sucios que a través de Oceanografía hicieron los hijos políticos de Vicente Fox en su sexenio. También fue responsable de manejos irregulares en fondos millonarios de Pemex. En una serie de auditorías secretas realizadas por la Secretaría de la Función Pública entre 2010 y 2011, se revela que se desconoce el destino de más de 400 millones de pesos de un fondo de casi mil millones.

La sombra de la corrupción envolvió al ahora flamante director de Petrobal, pero un pacto con el director de Pemex, Emilio Lozoya, le permitió salir impune de la dependencia. Poco antes de su renuncia a Petróleos Mexicanos, el 7 de febrero de 2014, Morales Gil canjeó su expediente, que incluye acusaciones por haber beneficiado a Oceanografía con más de 8 mil millones de pesos en contratos, por el expediente completo de los negocios de la empresa con Pemex. Se convirtió en una especie de testigo protegido a cambio de impunidad. El pacto secreto del director de Petrobal con Emilio Lozoya permitió que se jubilara, que transitara del sector público a la iniciativa privada con total impunidad.

LCarlos Morales es el ejemplo más claro de cómo funciona el sistema de complicidades en México. De cómo los cargos públicos se han convertido en posiciones de poder utilizados para hacer negocios.

Petrobal y Carlos Morales darán mucho de qué hablar en el futuro inmediato, y es que la nueva empresa de Alberto Bailleres nace marcada por la sospecha. No sólo cuenta con la información privilegiada que le proporcionará su director, sino con la información que le dará uno de los consejeros de Pemex, Jaime Lomelín Guillén, empleado de Bailleres en Peñoles.