Agencia / MonitorSur / Ciudad de México.- El Poder Judicial de la Federación está cerca de cumplir un año sin resolver en forma definitiva si los implicados en el crimen de los 43 normalistas de Ayotzinapa serán o no juzgados por el delito de desaparición forzada.

El 27 de diciembre de 2014 el Juez Primero de Distrito en Procesos Penales de Tamaulipas negó a la PGR la orden de aprehensión contra José Luis Abarca, María de los Ángeles Pineda Villa y más de 50 policías y presuntos narcotraficantes, por desaparición forzada de personas.

Para el juez, los indicios aportados por la PGR no resultaron eficaces para configurar esa figura penal; en cambio, consideró que el caso Iguala tiene más elementos de secuestro, delito por el que sí giró las aprehensiones.

Según conocedores del caso, el juzgado estimó que los policías y funcionarios en todo caso privaron ilegalmente de la libertad a los estudiantes y los habrían entregado a los narcotraficantes, sin que eso necesariamente implique un ocultamiento doloso de las víctimas, un requisito que exige ese delito.

La PGR de inmediato apeló el fallo y la impugnación fue turnada al Primer Tribunal Unitario Penal de Matamoros, el cual no ha resuelto si ordena las aprehensiones contra los implicados.

En enero pasado, un juez federal ordenó las aprehensiones de cinco agentes de la Policía Municipal de Iguala por el delito de desaparición forzada de personas, pero no por el caso de los 43 normalistas.

Los policías fueron detenidos y encarcelados por presuntamente estar implicados en la desaparición de 30 personas, cuyos cadáveres fueron encontrados entre octubre y diciembre de 2014 en las fosas descubiertas en Iguala y Cocula.

La PGR ya tiene identificadas a por lo menos 12 de sus víctimas, entre ellas unos mexiquenses que en agosto de 2014 viajaron de Chalco a Guerrero y de los cuales no se volvió a saber nada, hasta que en octubre siguiente fueron hallados en una fosa de Iguala.

El Código Penal Federal establece que la desaparición forzada es un delito que cometen sólo los servidores públicos y se castiga con una pena máxima de 40 años de prisión.

El apartado legal dice que este ilícito es cometido cuando el funcionario, independientemente de que haya participado en la detención legal o ilegal de una o varias personas, “propicia o mantiene dolosamente su ocultamiento bajo cualquier forma de detención”.

Los padres de los 43 normalistas han manifestado públicamente su insatisfacción porque la PGR no ha logrado llevar a juicio a los implicados por desaparición forzada.

Si bien es un delito grave, su penalidad es la misma que la prevista para castigar la delincuencia organizada y es significativamente más baja que la del secuestro, delitos que la PGR ha imputado a los implicados en el caso Iguala.

Con información de “ESTADO MAYOR”