Agencias, Ciudad de México.- Un extenso centro de detención operado por una empresa privada en Adelanto, un poblado del desierto de California, tiene la capacidad de albergar a casi 2,000 inmigrantes que enfrenten la posibilidad de ser deportados. Pero estos días luce casi vacío.

La instalación de Adelanto es un ejemplo extremo de cómo los pagos mínimos garantizados a los que recurre el gobierno de Estados Unidos en contratos con empresas privadas para albergar a inmigrantes detenidos pueden tener desventajas financieras. En esos contratos, el gobierno se compromete a pagar por una cierta cantidad de camas, ya sea que se usen o no.

El gobierno paga por al menos 1,455 camas al día en Adelanto, pero en lo que va del año fiscal reporta una población diaria promedio de 49 detenidos. Los defensores de los inmigrantes dicen que en las instalaciones de esa localidad hay actualmente unas dos docenas de personas porque las autoridades no pueden traer a más inmigrantes debido a un fallo de un juez federal en 2020 relacionado con la pandemia del COVID-19.

El gobierno de Estados Unidos paga con el fin de garantizar que 30,000 camas estén disponibles para inmigrantes detenidos en cuatro docenas de instalaciones en todo el país, pero en lo que va del año fiscal sólo se han ocupado aproximadamente la mitad, en promedio, de acuerdo con datos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). En los últimos dos años, los centros de detención de inmigrantes en el país han sido subutilizados debido a que las autoridades se vieron obligadas a dar más espacio a los detenidos para limitar la propagación del COVID-19, a veces por orden judicial, como en el caso de Adelanto.

“El gobierno todavía les está pagando para mantener abiertas las instalaciones”, dijo Lizbeth Abeln, directora de defensa contra la deportación de la Coalición Justicia Para Inmigrantes, en el sur de California. “Es realmente preocupante que todavía les paguen por todas las camas cada día. Está vacío”.

En unas instalaciones de Tacoma, Washington, el mínimo garantizado es de 1,181 camas, y la población diaria promedio en lo que va del año fiscal es de 369, según datos oficiales. Un centro de detención en Jena, Luisiana, tiene un mínimo de 1,170 camas, con una población diaria promedio de 452.

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El ICE reporta actualmente 23,390 detenidos, de acuerdo con datos oficiales. Por mucho tiempo, la agencia ha gastado dinero en espacios de detención no utilizados al incluir pagos mínimos garantizados en sus contratos, según un reporte de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos (GAO, por sus siglas en inglés) enfocado en los años anteriores a la pandemia. El número mínimo de camas garantizadas por las que el gobierno pagó subió 45% del año fiscal de 2017 a mayo de 2020, señaló el informe.

Se les solicitó a funcionarios en las oficinas generales del ICE que hicieran comentarios y en un principio no lo hicieron. El lunes, un portavoz de la agencia dijo en un correo electrónico que la agencia no comenta sobre litigios pendientes y que está acatando la orden judicial con relación a las instalaciones de Adelanto, que son operadas por The Geo Group, con sede en Boca Raton, Florida.

En documentos presupuestarios anuales, funcionarios dijeron que el ICE en general busca utilizar del 85% al 90% del espacio de detención, y paga con el fin de tener camas mínimas garantizadas listas para usarse en caso de que se requieran. Los funcionarios escribieron que necesitan tener flexibilidad para hacer frente a emergencias o fuertes incrementos repentinos en los cruces fronterizos. Dijeron que la seguridad es la máxima prioridad en los centros de detención, y reconocieron que la pandemia obligó a “disminuir enormemente el uso de camas”.

El costo promedio de una cama de detención era de 144 dólares diarios durante el último año fiscal, según muestran los documentos.

“El gobierno federal, probablemente como todos nosotros, no pensó que el COVID duraría tanto”, dijo Michael Kaufman, abogado principal de la Unión Americana de Libertades Civiles del Sur de California, que demandó la liberación de los detenidos en Adelanto. “Este ha sido un caso de prueba accidental que demuestra que no necesitan una capacidad de detención del tamaño que dicen”.

Los defensores de los inmigrantes dicen que la pandemia es una prueba de que Estados Unidos no necesita detener a los inmigrantes tanto como las autoridades han afirmado. Los agentes de deportación han incrementado el uso de una aplicación de seguimiento para vigilar a los inmigrantes antes de sus audiencias de deportación en lugar de encerrar a la gente, dijeron. En junio, la agencia estaba rastreando a más de 200,000 personas mediante la aplicación SmartLink, según los datos del gobierno.

The selection of this final round of investments prioritized resourcing and strengthening migrant communities often excluded from grantmaking priorities, such as Black, Indigenous, Muslim, Latinx, LGBTQIA+, womxn, youth, people with disability and undocumented people serving(2/5) pic.twitter.com/7VYHX0DRnT

— ICIJ (@IC4IJ) July 6, 2022