México, D.F., 1 de marzo de 2015 (Círculo Digital).- Debido a la reforma fiscal que entró en vigor el año pasado, 10 por ciento de las pequeñas empresas y negocios formales del país quebraron o bien optaron por trabajar en la informalidad durante el primer bimestre de 2015.

Esto se debió a que no tenían la capacidad económica para cumplir con el nuevo régimen de incorporación fiscal (RIF), derivado de la citada reforma.

Este porcentaje equivale a 20 mil empresas aproximadamente, informaron dirigentes de la Coordinadora de Organizaciones en Defensa de la Economía Social (Condes), al insistir en que debe restituirse el régimen de pequeños contribuyentes (Repecos) que sustituyó el RIF.

El Sistema de Administración Tributaria (SAT) ha asegurado que el año pasado obtuvo 3 mil millones de pesos sólo por la recaudación de los contribuyentes que se incorporaron al RIF, pero eso resulta “un absurdo o una mentira” si se considera que por las facilidades que da el gobierno federal para que se inscriban el primer año no les cobra nada porque están a tasa cero, señaló Pedro Salcedo, ex legislador del PRD y fundador de la Asociación Latinoamericana de Pequeñas y Medianas Empresas (Alampyme), integrada a la Condes.

Los dirigentes consideraron que el punto de acuerdo que emitió la Cámara de Diputados la semana pasada para que el SAT emita una prórroga a los pequeños contribuyentes y puedan presentar sus  declaraciones fiscales es sólo “un mejoral” porque en nada cambia la situación de dicho sector.

El SAT, indicaron, no ha emitido una respuesta al respecto por lo que el punto de acuerdo se convierte en un simple llamado o exhorto de los diputados. Así que los millones de pequeños empresarios y comerciantes que declaraban impuestos como Repecos se encuentran actualmente en situación de ilegalidad fiscal porque el plazo para pagar se vencía el 31 de enero.

La Condes, que lleva un año luchando porque se abrogue el RIF y protagonizando movilizaciones multitudinarias, consideró que tanto el punto de acuerdo en la Cámara de Diputados, como la decisión del SAT de posponer los requerimientos y sanciones contra los pequeños contribuyentes que no han hecho sus declaraciones de impuestos, obedece sencillamente a que ya arrancó el periodo electoral y “ahora sí, gobierno y legisladores nos reciben y hacen caso”.

Hasta 18 millones de pequeños comerciantes y empresarios, en la ilegalidad

Los comerciantes o empresarios en situación de ilegalidad suman por lo menos 2.7 millones de personas según cifras del SAT o hasta 12 o 18 millones de mexicanos de acuerdo con los cálculos hechos por las Cámaras de Diputados y Senadores, respectivamente, porque no se tienen cifras concretas al respecto, indicó Carmen Ojesto, senadora suplente de Layda Sansores.

Edgar Álvarez, dirigente de locatarios de mercados públicos e integrante de la Condes, indicó que desde finales de enero Patricia Delgado, directora del SAT, les aseguró en una reunión que la dependencia no les haría requerimientos por el momento.

Sin embargo, este ofrecimiento no ha sido oficializado por lo que la Condes exige a la Secretaría de Hacienda que lo haga por escrito mediante una “acción afirmativa” donde se detallen las condiciones y plazos de tal prórroga.

Al mismo tiempo, la organización exigió al Congreso de la Unión que discuta las 8 iniciativas para restituir el régimen de pequeños contribuyentes.

“Damos un máximo de dos semanas para que se discutan las iniciativas en a Cámara de Diputados. Ese es el plazo fatal”, puntualizó Álvarez e indicó que seguirán llevando a cabo movilizaciones para lograrlo.

Alejandro Salcedo, presidente de Alampyme,  ratificó que seguirán adelante con la campaña de voto de castigo contra aquellos políticos y partidos que votaron a favor del RIF, y dañaron a millones de microempresas que contribuyen con el 25 por ciento del producto interno bruto (PIB) de México.

Aclaró que “la lista negra” la darán a conocer hasta que cada partido tenga definidas todas sus candidaturas. (Con información de La Jornada)