Especial

El recientemente formado Instituto de los Pueblos Indígenas realiza un censo de las concesiones mineras en las zonas indígenas para entregar fondos a las comunidades que han sido afectadas por la explotación de minerales en el país.

Adelfo Regino, quien fue designado al frente del Instituto, señaló que esperan que la base de datos esté lista en dos semanas para conocer el monto de los fondos que se destinarán a cada comunidad del país para que lo utilicen de manera libre en favor de proyectos para las comunidades y rescate de espacios dañados. “Se está acopiando la información, estamos haciendo un diagnóstico con relación a las concesiones, a los permisos que han sido entregados en regiones, en territorios indígenas, y una vez que tengamos la información nosotros estaremos tomando las determinaciones que correspondan”, explicó Regino en entrevista.

En 2014 se estableció que las empresas mineras debían pagar un impuesto por extracción que se debe utilizar para mitigar los daños ecológicos en las comunidades. Actualmente, el 80% se va para los estados y 20 por ciento se destina a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCp).

El director general del Instituto dijo que el programa de apoyos a pueblos afectados por la minería operará en 24 estados de la República y se prevé que el Fondo se traslade de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial (Sedatu) a la Secretaría de Economía.

“Tiene que devolverse esta riqueza a las comunidades que por una u otra razón han sido afectadas (…) que se respeten los derechos de los pueblos indígenas, sobre todo sus derechos a la tierra, al territorio, a los recursos naturales, y particularmente el derecho a la consulta”.

En el país hay varios casos en donde las empresas extractoras reportan entrega de impuestos para el Fondo Minero, mientras que en las comunidades hay grandes desabastos.

En los municipios de Salaverna y Mazapil, Zacatecas, opera la Minera Frisco, de Carlos Slim, en asociación con la Gold Corp. Operan la mina más grande de oro en México y en 2017 contribuyó con alrededor de 280 millones de pesos para el Fondo Minero, pero en los poblados hace falta pavimentación, alumbrado y agua potable, de acuerdo con datos contenidos en el libro “México a cielo abierto”, de J. Jesús Lemus.

En la mina Real de Ángeles en San Felipe, Baja California, que aportó en 2017 -última cifra disponible- alrededor de 210 millones de pesos. En el poblado solo hay pavimento en el centro y en el malecón del puerto. La comunidad carece de alumbrado público y el agua potable también es escasa.

La creación del instituto

El Instituto de Pueblos Indígenas se creó mediante un decreto firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y autorizado hace una semana por unanimidad en el Congreso de la Unión y este martes 4 de diciembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) su creación.

Regino —quien ha sido asesor de pueblos y comunidades indígenas principalmente en Oaxaca, donde fue secretario de Asuntos Indígenas del gobierno estatal y secretario técnico del Consejo Consultivo de los Pueblos Indígenas y Afromexicano de Oaxaca— señaló que el Instituto trabajará bajo tres premisas fundamentales:

•       La implementación de sus derechos reconocidos a nivel nacional e internacional

•       Aprobar los procesos de desarrollo, de crecimiento, de bienestar, de los pueblos y comunidades

•       Fortalecimiento de sus culturas, lenguas e identidades.

Es un reconocimiento, es un paso muy importante en la historia de nuestro país”. (Julio Ramírez / ADN Político).